Las protestas fuerzan a la Xunta a corregir el error que dejó sin empleo a 34 investigadores de alto nivel

La presión de los 34 investigadores e investigadoras de alto nivel que habían sido perjudicados por el retraso de la Xunta en la publicación de una convocatoria ha dado resultado. El Gobierno gallego ha anunciado en la mañana de este lunes que prorrogará sus contratos hasta el 15 de octubre, buscando evitar el vacío generado por el error anterior, que dejó sin empleo a estos investigadores e investigadoras postdoutorales adscritas a las tres universidades gallegas.

El secretario general de Universidades, José Alberto Díez de Castro, espera que los nuevos contratos estén ya firmados esta misma semana. Además, anunció que en las próximas convocatorias los procesos de evaluación se adelantarán para evitar situaciones como la generada en esta ocasión. El Gobierno gallego ofrece soluciones, además, para las personas que se encontraban en situación de baja por maternidad o paternidad, comprometiéndose a financiar las extensiones de sus contratos “hasta que termine el período de la siguiente promoción”, para que de este modo “puedan presentarse en el año 2020 en iguales condiciones que el resto”.

El pasado viernes las tres universidades gallegas habían presentado una solicitud formal para que el Gobierno gallego encontrara una fórmula para financiar los contratos de estos 34 investigadores e investigadoras hasta que concluyese la evaluación de su trayectoria en la Modalidad A de este programa de captación y retención de talento.

Los investigadores e investigadoras afectadas, que en los últimos días denunciaron la situación creada por un error burocrático de la Consejería de Educación, celebraron el anuncio de la Xunta de Galicia, que recoge la mayor parte de las exigencias y sugerencias que habían realizado en los últimos días, de forma directa y a travñes de los medios de comunicación. Sin embargo, quieren esperar a que el anuncio realizado este lunes se haga efectivo en un documento oficial y en la propia firma de los contratos. Además, se preguntan “si era tan sencillo de resolver, ¿por qué no se hizo antes?”. En la reunión que habían mantenido el pasado lunes, los representantes de la Consejería negaron a aplicar esta solución, propuesta por el colectivo afectado.

El personal investigador señala que el Gobierno gallego se ha visto forzado a tomar esta decisión a consecuencia de la presión ejercida a través de los medios de comunicación y critica que hayan tenido que llegar a hacer eso para que la Xunta adoptara una solución que entienden “lógica” y que ayuda a evitar que el talento científico se marche de Galicia. Finalmente, recuerdan también la incertidumbre creada en ellos por la falta de previsión del Gobierno gallego y se preguntan de qué forma se va a compensar, o de qué manera se solucionarán casos particulares como los de aquellos que ya habían solicitado la prestación por desempleo.

Un problema generado por la falta de previsión de la Xunta

El programa I2C de la Xunta es una de las iniciativas de referencia para la captación y retención de talento científico en Galicia. Con un presupuesto de 8,5 millones de euros, ofrece la posibilidad de que las universidades gallegas contraten personal investigador de alto nivel, en su etapa postdoctoral, después de que hayan pasado durante dos años por centros de investigación de prestigio en otros países. Después de tres años (Modalidad A), los investigadores e investigadoras tienen la posibilidad de renovar su vinculación con las universidades gallegas durante otros dos años (Modalidad B), un proceso para lo cual la Xunta debe publicar una convocatoria competitiva.

La nueva convocatoria de este programa apareció publicada en el DOG del 13 de junio y prevé la firma de 21 nuevos contratos de la Modalidad B el 1 de diciembre de 2019. Esto suponía que en el mejor de los casos este personal investigador iba a quedarse cinco meses en el paro. Esta situación perjudicaba además a sus departamentos, centros de investigación y facultades, y a los proyectos en los que estuvieran trabajando en estos momentos. Tampoco podían dar clase durante el primer cuatrimestre del próximo curso en los grados y master a los que estuvieran adscritos. Los y las investigadoras afectadas habían señalado que “esta situación no es nueva, ya que se repite año tras año” pero que esta vez la Xunta había batido “su propio récord de lentitud en la evaluación de solicitudes”, dejando pasar al menos 171 días entre la publicación de la convocatoria en el DOG y la firma de los contratos de la Modalidad B.