Rueda vuelve a llamar al orden al PP de Santiago, sumido en el caos
El pasado mes de enero el secretario general del PPdeG y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se veía obligado a llamar públicamente a la orden al PP de Santiago. La imputación en la operación Pokémon del alcalde, Ángel Currás, había hecho reventar los líos internos que tensionaban el grupo de gobierno capitalino de Galicia desde la dimisión del anterior regidor, Gerardo Conde Roa, quien había tenido que dejar el cargo por su presunto fraude fiscal. Días después quien apercibía a los conservadores compostelanos era el propio Alberto Núñez Feijóo.
Pasó el congreso del PP, la entonces concejal y diputada Paula Prado -enfrentada a Currás- ascendió a portavoz del partido y dejó el Ayuntamiento. Cuando parecía que la calma podía, de alguna manera, regresar al consistorio, la detención del edil de Seguridad en el caso Manga -derivado de la Pokémon- sumió de nuevo al Ayuntamiento en el desconcierto y acaba de forzar a Rueda a, por enésima vez, reclamar orden y concierto.
Con el edil de seguridad recientemente dimitido -está en libertad bajo fianza- y con el que había sido jefe de gabinete de Conde Roa, Ángel Espadas, directamente en la cárcel -y suspendido de militancia en el PP- el alcalde se afana en pedirle “disculpas” a la ciudadanía desde el pasado viernes, tal y como le había indicado Feijóo, mientras asegura no conocer irregularidad alguna y prepara una reorganización de las áreas de gobierno. En este contexto, Rueda evidencia, como ya había hecho su jefe de filas, que lo que pasa en Santiago “no es normal”, por lo que Currás y demás concejales deben dar “las explicaciones necesarias”, pero además dedicarse a gobernar, “siempre con objetividad y rectitud” y “preocupándose de los problemas de los ciudadanos, que para eso están puestos ahí”.
El PSdeG sospecha que Feijóo prepara “una troika”
“El señor Rueda tiene la característica de pensar que la ciudadanía es menor de edad y sólo está informada por los medios de la derecha”, le contestaba a Rueda desde el Parlamento el portavoz del PSdeG, Abel Losada, a cuyo juicio “comparar lo que está ocurriendo en Santiago con las imputaciones del alcalde de Lugo, muchas de ellas ya archivadas, es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía”. “Lo que tiene que contestar al señor Rueda -subraya Losada- es que va a hacer el PP al gobierno capitalino de Galicia” ya que “no parece que vaya a gobernar”, sino a protagonizar “toda esta lamentable ceremonia”.
Desde la dirección gallega del PSdeG se reclaman responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Santiago y decisiones inmediatas por parte de Feijóo. Y desde el grupo socialista local, su portavoz, Francisco Reyes, asegura manejar información sobre la que podría ser la salida que prepara el líder popular y presidente de la Xunta para el caos compostelano. Según Reyes, “una fuente fidedigna” le confirma que Feijóo valora enviar a Compostela una especie de “troika de la Xunta” para “tutelar” el gobierno de la ciudad. Se trataría, dice, de incorporar “por lo menos dos concejales no electos” al gabinete de Currás, “personas del PP y muy probablemente altos funcionarios de la Xunta” que se hicieran cargo de la situación.
Pero para Reyes esta inédita operación no solucionaría el caso y, como ya había hecho el BNG local y también otras formaciones ajenas al pleno municipal, como AGE o Compromiso por Galicia, la única solución pasa por disolver la corporación, nombrar una gestora y, acto seguido, ir a unas nuevas elecciones, posibilidad para la que existe “una solución jurídica” en la Ley de Régimen Local, afirma.
Para que esto sucediera, dice, Feijóo tendría que “forzar la dimisión de todos los concejales” del PP y evitar que los siguientes miembros de la lista asumieran sus puestos. Así, explica, la corporación quedaría “con menos de la mitad de los concejales electos”, supuesto en el que la ley permite anticipar los comicios. Esta, dice, sería la manera de ponerle fin la esta “grave situación” que, afirma, difiere mucho del clima político que reinaba en la ciudad durante los gobiernos del PSdeG, ya fuera en solitario o con el Bloque: “en veinticinco años no pasó nada de esto y el PP, en 18 meses, enbarró el nombre de Compostela”, reprocha.
Los escándalos y las reyertas le marcan el ritmo al gobierno de Santiago
“Generar ilusión”. Es el lema que aún hoy, casi dos años después de las elecciones municipales, luce en todo el alto de la web del PP de Santiago. Los populares presentaban a aquellas elecciones una lista que no era exactamente la misma que había proyectado Conde Roa. En los planes iniciales el número tres no era para Reyes Leis, actual edil de Turismo, sino para Ángel Espadas, hombre de confianza del candidato a la Alcaldía y uno de los azotes del bipartito desde la oposición con asuntos como el control del botellón. Pero un irónico episodio dio lugar a que el azote del consumo de alcohol en la calle fuera interceptado por la policía al volante de su coche en un semáforo, dormido y con 0,79 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Aquel suceso de 2011 se presenta hoy como una especie de umbral de todo lo que estaba por venir.
La noche en la que Espadas -actualmente encarcelado por su presunta implicación en la operación Manga- fue detenido con “habla pastosa, fuerte olor a alcohol” y “deambulación vacilante” -segundo reflejaba el atestado policial- se originó el primer corrimiento en la lista municipal del PP, que aún no era oficial. El siguiente y más célebre cambio se produjo apenas nueve meses después de que Conde Roa lograra su sueño de hacerse con el bastón de mando de Compostela -no había tomado posesión hasta julio a causa de las reclamaciones de socialistas y nacionalistas por los resultados en varias mesas electorales-. El 16 de abril de 2012 el conservador ponía fin a 290 días de mandato a causa de los 291.000 euros de IVA que, según había sacado a la luz el diario El País y él mismo admitió después, les cobró a los clientes de su constructora pero, en vez de ingresarlos en las arcas públicas, los dedicó a pagar deudas de su empresa. “Santiago no merece un alcalde que esté en la situación en la que estoy”, resumió ante los periodistas.
En unos días en los que todas las quinielas situaban en la cadera de la Alcaldía a Paula Prado, número dos de la lista, la pugna interna del PP local situaba finalmente a Ángel Currás como sustituto y, tras la marcha de Conde Roa, la lista corría y le daba entrada en la corporación a Rebeca Domínguez, edil de 27 años que pasó a asumir las competencias de Educación y Normalización Lingüística y que, pese a ser la responsable de la promoción del gallego en el consistorio, se presentó ante la prensa sólo en castellano. Pero la que inicialmente parecía destinada a ser una concejal de perfil más técnico que político saltó a los titulares a mediados de diciembre, cuando la jueza Pilar de Lara la citaba a declarar cómo imputada en el caso Pokémon por presuntas irregularidades en las contrataciones vinculadas a una guardería de la ciudad, gestión que le había dejado hecha su antecesor en el cargo, esto es, el alcalde Currás.
Apenas dos semanas después era el propio Currás el llamado por De Lara en la misma condición de imputado y luego ya arreciaba la tormenta interna en el PP compostelano. Entre filtraciones de supuestas presiones de Currás a Domínguez para firmar un informe que, supuestamente, la implicaría en la contratación investigada, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda se veían obligados a reclamar paz en el partido, hasta el punto de que el propio presidente de la Xunta advertía de que nadie en la formación tendría su apoyo si fomentaba la división: “Es posible opinar y discrepar, pero no se puede anticipar o anteponer las diferencias entre miembros de un gobierno a los intereses generales”. Las palabras de Feijóo llegaban pocos días después de que nombrara a Paula Prado como portavoz autonómica del partido, operación que actuó como resorte definitivo para su salida del ayuntamiento. Segundo cambio.
El cambio de Prado por Luis Meijide, decimoquinto en la lista de 2011, parecía el definitivo hasta la detención del concejal de Seguridad, Albino Vázquez, en el marco de la operación Manga, derivada de la Pokémon. Vázquez quedó en “libertad provisional bajo fianza de 15.000 euros” y con “deber de comparecer todos los lunes”, según informó al Juzgado de Instrucción número de 1 de Lugo. Esa situación legal lo llevó a dimitir como concejal y como diputado provincial, además de darse de baja en el PP. Su sustituto será José María Hernández, quien ocupó un puesto en la lista, el decimosexto, que ni en los pronósticos más optimistas para el PP era considerado de salida. Este es el último movimiento, pero nadie se atreve a pronosticar si será el último. Las próximas elecciones municipales están previstas para la primavera de 2015.
