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Feijóo insiste en que sea el Gobierno central quien organice el curso escolar a pesar de tener competencias exclusivas

Alberto Núñez Feijóo durante la Conferencia de Presidentes de este viernes.

María Pampín

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El presidente de la Xunta insiste en que sea el Gobierno central quien organice las medidas sanitarias para el curso escolar en Galicia. En la conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo volvió a reclamar un protocolo único para todo el Estado que iguale las actuaciones de los gobiernos en el ámbito de la Educación, a pesar de que es una competencia de las comunidades, recuperada para los presidentes una vez finalizado el estado de alarma. El jefe del Ejecutivo gallego considera que no puede haber 17 respuestas diferentes en Educación en un contexto en el que cada comunidad gestiona de manera autónoma los brotes dentro de su territorio.

Con un protocolo elaborado por la Consellería de Educación que ha sido contestado de forma unánime por la comunidad escolar y que ha provocado las primeras convocatorias de huelga para el inicio del curso, Feijóo ha contrapuesto la actividad de una Xunta “que no estuvo parada” e hizo una propuesta “en mayo o junio” con la de un Gobierno central que ha llamado “tarde” a las comunidades para concretar un protocolo. El presidente gallego también afirmó que Galicia fue la “primera comunidad” en adaptar su protocolo a lo aprobado hace una semana por las comunidades: “Vamos a cumplir con las distancias con carácter general, vamos a reforzar el número de profesores y vamos a hacer pruebas serológicas” al personal de los centros. Es decir, ampliación de la distancia de seguridad dentro de las aulas a 1,5 metros que la Xunta había establecido en un metro de centro de una silla a centro de la siguiente y el desdoblamiento de aulas. El nuevo protocolo de la Xunta lo contempla para Secundaria y Bachillerato, pero Educación aún no ha informado de cuántos nuevos grupos se crearán o cuánto personal docente más contratará. Para Infantil y Primaria, la consellería informa que se crearán 158 unidades más y se incorporarán a 240 nuevos profesores. Sin embargo, el sindicato mayoritario en Educación, la CIG, considera que esas contrataciones solo servirán para cumplir con la ratio habitual de 25 alumnos por aula.

Feijóo, que se mostró preocupado por la información que deben recibir ya las familias sobre el inicio del curso, avanzó que la próxima semana, en la que se inicia el curso para Infantil y Primaria, la Xunta mantendrá reuniones con claustros de profesores y familias, al tiempo que el Gobierno galleg publica una campaña en medios de comunicación para “explicar el contenido y el alcance del curso”.

El presidente de la Xunta también pidió en la conferencia de presidentes criterios de actuación homogéneos para todo el Estado en caso de brotes en centros escolares, una guía que el Ministerio de Sanidad trasladó a las comunidades la pasada semana con recomendaciones genéricas. Feijóo insistió en saber cuál debe ser el criterio para suspender las clases, en el aula o en la escuela, cómo actuar con los casos de contactos estrechos o cómo se informa a los padres.

En esta línea, el jefe del Ejecutivo gallego reclamó que sea asimismo el Gobierno central el que, dentro de sus competencias en materia laboral y de la Seguridad Social, defina en qué casos se pueden crear “ayudas, permisos o licencias” para los padres o madres con un menor en cuarentena y que no puedan teletrabajar. “Entiendo que no es un tema para improvisar”, afirmó.

Feijóo también llevó a la reunión el sistema de reparto de los fondos que el Estado va a transferir a las comunidades para paliar los gastos extra en Educación. El presidente de la Xunta lamentó que el único criterio utilizado sea el de población hasta los 24 años y que no se tengan en cuenta otros factores como la dispersión poblacional. En este sentido, el jefe del Ejecutivo gallego aseguró que el gasto de Galicia en transporte escolar representa el 21% del de todo el Estado. Mientras, el BNG reclama a la Xunta que aporte un fondo extra para cubrir el incremento de gasto en los comedores como la creación de más turnos o la intensificación de la limpieza, así como de las actividades de conciliación.

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