Cuando para votar hay que pagar 40 euros

A Iván Villarmea y Belén Puñal las elecciones generales del pasado 20 de diciembre los pillaron trabajando en una universidad en Ecuador, un país que en los últimos años ha acogido a muchos investigadores de todo el Estado. Después de realizar el trámite del ruego en el consulado español, procedieron a votar por correo, remitiendo la documentación y el sufragio a través de un envío certificado, como exige la ley, con un coste de 45 dólares por persona (unos 40 euros).

La normativa electoral garantiza que el ejercicio del voto por correspondencia es gratuito, independientemente de que se haga desde España o desde el extranjero. El Real Decreto 605/1999 explica en su artículo 11 los “procedimientos para posibilitar la gratuidad del voto por correo de los electores residentes ausentes”. Aquellas personas que voten desde países con los que España no tenga acuerdos específicos que garanticen el envío gratuito (sólo 16 lo permiten, entre los que no está Ecuador, pero tampoco el Reino Unido o los Estados Unidos), deben cumplimentar un impreso “destinado a posibilitar el reintegro al elector de los gastos de franqueo satisfechos por la remisión de su voto por correo”. El Decreto señala (artículo 11.8) que “Correos remitirá (...) el importe del franqueo, redondeado, en su caso, por exceso (...) y le notificará al elector por correo certificado el procedimiento y la cuantía del envío”.

Hasta aquí la letra de la ley. El pasado jueves 2 de junio Belén e Iván recibieron en Ecuador dos cartas en las que Correos les notificaba que podían cobrar un giro postal de 3,4 dólares en compensación por el envío electoral que habían realizado en diciembre. La carta, con fecha de 5 de mayo, indicaba que el giro era únicamente válido hasta el 31 de mayo (ya no podían cobrarlo). Y, lo que es más grave, la cantidad ofrecida era irrisoria y sólo cubría una pequeña parte del gasto realizado. El mensaje de Correos recordaba, a pesar de todo, que “la normativa electoral general les garantiza a todos los ciudadanos a gratuidad del voto por correo, independientemente del lugar de residencia”.

“La situación nos parece muy grave, porque el Estado está retirándole el derecho al voto a aquellos electores residentes en el extranjero que no estén dispuestos a pagar de su bolsillo las cantidades que cuesta enviar el voto desde el exterior. El sistema que ofrecen de reembolso no funciona (porque los localizadores de los giros postales están llegando más tarde del tiempo en que los giros están disponibles) y, además, la cantidad ofrecida no cubre ni la décima parte del coste real de estos envíos, por lo que en la práctica el ciudadano paga por votar”, denuncian.

Este martes Iván Villarmea presentó un escrito de protesta ante el Ministerio del Interior en el que explica la situación e incorpora documentación que justificar su queja (la factura de 45 dólares del envío certificado, y la comunicación del giro postal de 3,4 dólares). En el escrito solicita “que pongan a mi disposición (y a la de todas las personas que se encuentren en esta situación) un nuevo giro postal por el importe real y completo del envío de nuestro voto desde el extranjero (es decir, en mi caso, 45 dólares) que podamos solicitar en cualquier oficina de correos, dándonos un plazo de tiempo suficientemente amplio (por ejemplo, hasta finales del mes de julio) para que podamos realizar su solicitud”.

Además del malestar que les crea la situación vivida, el incumplimiento de la ley y, sobre todo, la constatación de que se vieron obligados a realizar un desembolso económico importante para poder ejercer un derecho fundamental, se muestran preocupados por la posibilidad de que todo esto se repita en la presente convocatoria electoral. No tanto en el caso de Iván, que se encuentra en estos momentos en Zaragoza, desde donde votará por correo de forma convencional, sino sobre todo en el de Belén, que sigue viviendo en Ecuador.

Un problema añadido a los obstáculos del voto rogado

Lo que les ha sucedido a Belén e Iván es un problema que, afortunadamente, no encontraron otras personas residentes temporalmente en el exterior, pues España mantiene con algunos países convenios que permiten realizar el envío del voto por correspondencia de forma gratuita. Sin embargo, cuando estos convenios no existen, la situación que han vivido estos dos gallegos parece repetirse con frecuencia, a la vista de las varias denuncias que se están produciendo. Independientemente de esto, las personas que están en el exterior y que no han podido inscribirse en el censo CERA (que facilita el proceso) tienen que atravesar una verdadera carrera de obstáculos para ejercer su derecho al sufragio, que comienza por la inscripción en el consulado y con el ruego del voto, trámites para los que hay un plazo muy corto y que deben ser realizados en la oficina consular, en ocasiones ubicada muy lejos y con horarios que no facilitan el proceso. Fue también el caso de Belén e Iván.

“Las dificultades en nuestro caso fueron las habituales para el proceso de voto rogado: desplazarnos de Milagro a Guayaquil en bus y taxi (unos 50 kilómetros), empleando para eso la mitad de un día de trabajo. Hacer cola en el exterior del consulado para entrar, hacer cola en el interior del consulado para que nos atiendan, ser informados de los trámites necesarios para inscribirme en el censo ERTA (que incluían, en mi caso, entregar una foto que yo no tenía entonces, por lo que tuve que salir del consulado y volver a entrar) y después esperar ansiosos a la llegada de las papeletas durante un mes”, explica Iván, que concluye que “el proceso fue farragoso y tuvimos que echarle tiempo y voluntad para conseguir nuestro objetivo: votar”.

En cuanto a las posibles soluciones que podrían facilitar el ejercicio del voto para las personas que viven en el exterior, Iván valora algunas de las opciones puestas sobre la mesa en los últimos meses, como el sufragio directo en urna, aunque señala que “el voto en urna tendría el problema de que sólo favorecería la participación de aquellas personas que vivieran en lugares con grandes concentraciones de españoles, por lo que los ciudadanos que vivan más alejados seguirían dependiendo del voto por correo”. “Eso sí, estoy de acuerdo en que el voto en urna es preferible al voto rogado, porque ya de ir al consulado, al menos vas en el día indicado para votar”, añade. También la posibilidad de implantar el voto electrónico, del que -dice- se podrían “explorar sus posibilidades, en un programa piloto”, para “intentar ofrecer al mayor número de electores ausentes la posibilidad de ejercer su derecho al voto sin tantos obstáculos”.