La Xunta prevé colocar a sus directivos en los comités que asesoran sobre el derecho a la muerte digna
Los comités de ética asistencial están regulados en Galicia desde hace más de tres lustros. Un decreto dictado por el Gobierno de Manuel Fraga en el año 2000 los situó como los órganos “al servicio de los profesionales y usuarios” de la sanidad pública para “analizar y asesorar en la resolución de conflictos éticos” que pudieran surgir en la labor asistencial del Servizo Galego de Saúde. La labor cotidiana de estos comités -actualmente funcionan ocho- estuvo alejado de los focos públicos hasta el otoño del pasado año, cuando salió a la luz el caso de Andrea, la niña con una enfermedad degenerativa y terminal cuya familia reclamaba para ella una muerte digna con el apoyo del comité de ética asistencial de Santiago, pero con la oposición de los directivos del área sanitaria. Ahora la Xunta prepara una nueva reglamentación que abre la puerta a la presencia de directivos como estos entre los miembros de los comités de bioética.
Una disposición incluida en la ley de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales, en vigor desde 2015 tras la aprobación en el Parlamento de una iniciativa del PSdeG, obliga a la Xunta a modificar la regulación del año 2000 para adaptarla a la nueva ley, permitiendo así la intervención de los comités en “soluciones clínicas controvertidas” sobre las personas que se encuentran en el último tramo de su vida. Sanidade trabaja ya en el anteproyecto del nuevo decreto e incluye, entre las modificaciones previstas, la supresión de una de las cautelas introducidas en la norma de hace década y media, la que estipulaba que “no podrá formar parte” de estos comités “el personal directivo” de los hospitales.
En el anteproyecto sobre el que ahora trabaja la Xunta el cual, según ha podido saber eldiario.es, ya le está siendo remitido al personal implicado, se deja la puerta abierta a los directivos en el que será el artículo 4.2. En él se establece que será necesaria “una composición abierta y multidisciplinar” de los comités, por lo que se integrarán en ellos “tanto el personal sanitario como el personal de gestión y servicios” de los centros sanitarios. “Asimismo -añade- podrán participar personas sin ningún vínculo laboral” con el área sanitaria de que se trate “y personal directivo de la misma”, con la única limitación de que los directivos no podrán ocupar la presidencia, la vicepresidencia o la secretaría.
De este modo, el personal directivo podrá ser miembro activo, con voz y voto, de unos órganos por los que tendrá que ser asesorado y que, al menos hasta ahora, han llegado a defender posiciones antagónicas a las del propio Sergas, tal y como sucedió con la reclamación de una muerte digna para Andrea pero también en otros casos. Así, por ejemplo, fuentes sanitarias consultadas por este diario resaltan la importancia de la independencia de los comités a la hora de, por ejemplo, recomendar el uso de fármacos que aún se encuentren en fase experimental. Aunque sus informes no sean vinculantes, subrayan, la posición del comité de ética asistencial resulta determinante, por ejemplo, cuando el posible conflicto llega a los tribunales de Justicia, como sucedió con el caso de Andrea. La Xunta, advierten las mismas fuentes, “no quiere otro caso Andrea”, con discrepancias sobre el derecho a la muerte digna que trasciendan a la esfera pública.
La versión de la Xunta sobre este cambio es muy distinta. Consultada al respeto por este diario, una portavoz oficial de la Consellería de Sanidade destaca que el decreto se limita a “abrir la posibilidad” de que los directivos del Sergas formen parte del comité, sin que sea obligatorio y, además, participando “como un miembro más”, sin mando específico. La incorporación de los directivos, argumenta el Gobierno gallego, “aportaría experiencia y conocimiento” a la labor de estos organismos de bioética y permitiría, además, que “la información circule mejor dentro de la organización sanitaria”, agregan.
Otros cambios e inquietud en el personal
La nueva redacción de la norma combina el mantenimiento de algunos de los rasgos de la anterior -a participación en los comités sigue siendo voluntaria y no remunerada y sus dictámenes, no vinculantes- con cambios en su organización y funcionamiento. Así, pasarán de tener un mínimo de siete miembros -tres representantes médicos, uno de la enfermería, otro de otra titulación sanitaria y dos personas más “ajenas a las profesiones sanitarias, siendo una de ellas licenciada en derecho”- a estar formadas por entre diez y treinta personas de las que, al menos, tres sean tituladas en medicina y cirugía, otras tres en enfermería y otra, en Trabajo Social, además de una representación de otra profesión sanitaria y de una persona titulada en Derecho.
Según la nueva redacción, los miembros de los comités “serán nombrados por la persona titular de la Dirección General de Asistencia Sanitaria” del Sergas -hasta ahora no se especificaba- y los nombramientos se producirán para un período de cuatro años. El decreto del 2000 fijaba los mandatos para un plazo de tres años, tras los cuales era obligada la renovación de, al menos, “un tercio de los miembros, de modo que la renovación afecte sólo a los miembros más antiguos”.
La propuesta del Sergas introduce, además, cambios significativos en lo referido a los hospitales privados concertados. Hasta ahora, los hospitales concertados con población del Sergas asignada -el vigués Povisa- tenían el deber de tener su propio comité de ética asistencial y los demás, podían disponer o no de comité. Según el nuevo decreto, Povisa pasará a depender del comité de ética asistencial del área de Vigo y, por lo tanto, el centro privado “tendrá establecida su representación” en ese organismo público “en proporción a la población” que tengan asignada.
Todos estos cambios, y muy especialmente la puerta abierta al personal directivo del Sergas, están generando inquietud entre el personal sanitario, comenzando por parte de quienes forman los actuales comités -que quedarán disueltos cuando la nueva norma entre en vigor-. Así, las fuentes consultadas por este diario adelantan que se están produciendo reuniones en los hospitales para valorar la norma en la que trabaja la Xunta, incluso sin descartar tomar posición al respecto de manera pública. Mientras, Sanidad ya trabaja en una convocatoria conjunta de todos los comités para el próximo día 10.
