El Govern de Prohens redobla su ofensiva judicial para evitar la acogida de menores migrantes en Balears

El Govern balear recurrirá, en un intento más por evitar la derivación de menores extranjeros no acompañados al archipiélago, las recientes resoluciones adoptadas por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que prevén el traslado y la reubicación de estos menores en el archipiélago balear. La propia presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens (PP) , manifestó que su gabinete “recurrirá a todas vías” a su alcance para que Balears queden excluidas del reparto bajo el alegato de que sus centros de acogida están “sobreocupados al 1.000%”, un extremo que ya ha rechazado el Gobierno central.

El Consell de Govern ha autorizado este viernes a la abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer dos recursos contenciosos-administrativos ante los Juzgados de Canarias al considerar que las medidas firmadas por Pestana “carecen de motivación” e “incumplen el procedimiento” seguido, además de aducir, de nuevo, que el sistema de tutela balear se encuentra “saturado”, tal como ha apuntado el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa.

El Govern también impugnará ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la negativa del Gobierno central de declarar en Balears la emergencia migratoria, una figura con la que el se habilita a las comunidades autónomas que se declaren saturadas a reubicar a los menores en otras regiones. Para cursar este mecanismo, las autonomías deben triplicar su capacidad ordinaria de acogida, algo que no sucede en el caso de Balears: para obtenerla debería superar los 1.218 niños y adolescentes migrantes acogidos, un 45% más de los que atiende en la actualidad. 

En su intervención ante los medios, Costa ha advertido de que las “derivaciones forzadas” podrían “poner en riesgo tanto a los menores como a la sostenibilidad del sistema de protección de Balears.

En relación con los recursos relativos a los traslados desde Canarias, el Govern recurrirá la resolución del 27 de octubre de 2025 emitida por el delegado del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, que disponía el traslado de un menor para que los servicios de protección de Balears asumieran su tutela y custodia. El Ejecutivo de Prohens considera que la resolución “no motiva de forma adecuada” la desestimación de las alegaciones que el Govern presentó durante el periodo de audiencia, incluyendo la falta de acuerdo de la Conferencia Sectorial, la provisionalidad de la situación de desamparo, la vulneración de garantías procedimentales y la omisión de documentación relevante sobre el procedimiento de repatriación del menor.

La otra de las resoluciones, emitida el 17 de octubre de 2025 por parte de Pestana, establecía el traslado del menor a Balears “sin justificación adecuada”, ha manifestado Costa, lo que, a su juicio, “vulnera” los criterios establecidos por el Real Decreto 743/2025 sobre la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados, así como el principio constitucional de solidaridad interterritorial.

“Con estas acciones, el Govern de las Illes Balears reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los menores, la transparencia en la aplicación de las normativas estatales y la defensa de los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma en materia de protección de la infancia migrante”, ha aseverado Costa.

A preguntas de los medios, el portavoz del Govern también se ha referido a las declaraciones de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, que abogó por una mayor cooperación de los efectivos de Frontex en los países de origen como una forma de controlar los flujos migratorios. Calvo consideró “importantísima” la predisposición de Argelia a colaborar, y auguró “resultados esperanzadores en los próximos meses”.

En este sentido, Costa ha celebrado que Calvo hablara de Argelia -“ya nos va bien, porque es lo que hemos pedido por activa y por pasiva”, ha aseverado-, al tiempo que ha considerado su presencia en Balears como una “desautorización” al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez. “La han enviado a echarle un cable”, ha ironizado.