PP y Vox blindan los puertos deportivos de Balears con permisos más largos de explotación: “Les están dando barra libre”

El Parlament balear ha dado luz verde este martes a la reforma de la ley autonómica de puertos impulsada por PP y Vox tras un debate marcado por las acusaciones de una mayor privatización del litoral, la ampliación de las concesiones a empresas privadas y la controversia por la vinculación familiar del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, con el puerto deportivo de Addaia, en Menorca.

En concreto, la nueva norma amplía de 35 a 50 años el plazo máximo de las concesiones portuarias, además de introducir nuevos usos comerciales y recreativos, cambios en la gestión de embarcaciones abandonadas y modificaciones en el funcionamiento de los puertos autonómicos. Tanto populares como extrema derecha han aseverado durante el debate que la reforma permitirá armonizar la legislación balear con la estatal y la del resto de comunidades autónomas, además de reivindicar la ampliación de concesiones y la flexibilización administrativa como herramientas para atraer inversiones, aportar “seguridad jurídica” y reforzar la competitividad del sector náutico balear.

El dictamen aprobado defiende expresamente el papel económico y social de los clubes náuticos, los puertos deportivos y las marinas privadas en Balears y subraya la necesidad de garantizar un “equilibrio” entre los distintos modelos de gestión portuaria. El texto sostiene que estas instalaciones constituyen “un pilar esencial del modelo turístico y económico” de las islas al generar el 1,9% del PIB balear y reivindica tanto la función social y deportiva de estas entidades en el impulso del turismo náutico, la creación de empleo y la atracción de inversiones.

En este sentido, los grupos de izquierdas denuncian que la nueva ley mezcla deliberadamente los intereses de los clubes náuticos sin ánimo de lucro con los de las marinas privadas y fondos empresariales. Mientras los primeros suelen funcionar como entidades sin ánimo de lucro vinculadas al deporte base, las escuelas de vela y la actividad social marítima, las marinas y numerosos puertos deportivos operan bajo un modelo de gestión empresarial y lógica mercantil centrado, principalmente, en la explotación de amarres, servicios de restauración y comercio, alquileres y turismo náutico de alto poder adquisitivo. La oposición sostiene que, al ampliar los plazos de explotación sobre dominio público portuario hasta los 50 años, las concesionarias privadas verán revalorizados sus activos y dispondrán de un horizonte de negocio mucho más largo y rentable para atraer inversión privada.

Durante el debate, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha ironizado sobre el discurso liberal de la derecha que PP y Vox defiendan la libre competencia mientras impulsan una ampliación de concesiones que, a su juicio, limita la posibilidad de nuevos concursos públicos. En su intervención, el diputado ecosoberanista ha criticado que la reforma favorece a quienes ya gestionan marinas y puertos deportivos y ha advertido de que, sin mecanismos de discriminación positiva para los clubes náuticos, el modelo acabará beneficiando a operadores privados con mayor capacidad económica.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, ha asegurado que los socialistas sí apoyaban ampliar hasta 50 años las concesiones de los clubes náuticos, pero ha acusado a PP y Vox de negarse a separar ese régimen del aplicable a las marinas privadas. No en vano, los socialistas, como él mismo ha defendido, habían planteado una fórmula para beneficiar exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro y de utilidad pública, pero la propuesta ha sido rechazada por la mayoría.

“Plusvalías multimillonarias”

Pons ha subrayado que la reforma supone otorgar “plusvalías multimillonarias” a empresas privadas al alargar quince años más la explotación de espacios portuarios y ha criticado que se hipotequen decisiones que, a su juicio, deberían tomar futuros gobiernos dentro de una década, cuando venzan muchas de las concesiones actuales. “El problema es que han mezclado clubes náuticos y marinas dentro de un mismo artículo”, ha recriminado el socialista, que ha llegado a advertir de que algunas marinas podrían acabar en manos de fondos de inversión antes de expirar sus actuales concesiones.

El diputado también ha introducido durante su intervención la controversia que rodea al conseller Juan Manuel Lafuente al señalar que la reforma se ha visto “contaminada” por “los intereses de la familia del conseller en torno a una marina en concreto”. La polémica estalló a mediados del pasado año a raíz del conseller del Mar con el puerto deportivo de Addaia, cuya concesión podría beneficiarse de la ampliación de plazos prevista en la ley. Aunque la Comisión de Ética Pública concluyó recientemente que no existe un conflicto de intereses “real o efectivo”, el propio dictamen reconoció una “apariencia de conflicto” y recomendó al conseller abstenerse en futuras situaciones similares.

Desde Més per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha acusado al Govern de desaprovechar la oportunidad de impulsar “una reforma profunda, moderna y equilibrada” y ha denunciado que la ley responde únicamente a “una mirada económica y concesionaria”. La ecosoberanista ha criticado especialmente la ampliación de concesiones, la flexibilización de usos comerciales y la reducción de controles ambientales y urbanísticos. “Barra libre urbanística por tierra, mar y aire”, ha resumido durante su intervención.

Ramon ha alertado, además, de que el modelo impulsado por PP y Vox favorece la “mercantilización” de los puertos y expulsa a la ciudadanía de la mar mediante el encarecimiento de amarres y la proliferación de grandes embarcaciones y yates. “Más barcos para guiris y menos para la gente de aquí”, ha afirmado. En esta línea, ha reprochado al Govern haber rechazado todas sus enmiendas dirigidas a reforzar las garantías ambientales, limitar usos comerciales, reservar amarres sociales, introducir medidas contra la masificación marítima o aumentar la participación ciudadana en la gestión portuaria.

En una línea similar, Josep Castells ha calificado la reforma directamente de “fiasco” y ha aseverado que los principales perjudicados acabarán siendo precisamente los clubes náuticos que PP y Vox aseguran proteger. En este sentido, ha advertido de que la ausencia de una discriminación positiva a favor de entidades sociales y deportivas conducirá a una “inercia imparable hacia la privatización de los puertos”, ya que los clubes náuticos tendrán cada vez más dificultades para competir con empresas privadas y fondos de inversión.

Desde Unides Podem, José María García ha rechazado la reforma al considerar que consolida la privatización de espacios públicos costeros en beneficio de concesionarias privadas y actuales gestores portuarios. El diputado ha defendido que la ley busca garantizar “la continuidad en la gestión” de clubes náuticos y marinas deportivas con concesiones prácticamente “a perpetuidad” en lugar de abrir la puerta a nuevos proyectos o reforzar la gestión pública. Asimismo, ha recriminado que la norma “elimina prácticamente cualquier rastro de la administración” en los espacios portuarios de gestión privada y ha criticado la ampliación de usos comerciales y de restauración en los puertos. También ha advertido de que concesiones de hasta 50 años pueden hacer que la ciudadanía termine olvidando que esos espacios forman parte del dominio público marítimo-terrestre.

El PP defiende que no habrá ningún “cheque en blanco”

Frente a las críticas, el diputado del PP Sebastià Mesquida ha defendido que la reforma no supondrá ningún “cheque en blanco” para las concesionarias y ha negado que las prórrogas vayan a ser automáticas. El diputado popular encargado de defender la norma ha sostenido que la ley introduce criterios objetivos y requisitos específicos para los clubes náuticos y ha asegurado que el objetivo es blindar su actividad social y deportiva.

Los populares también han defendido que la ampliación de concesiones permitirá atraer inversiones y adaptar la normativa balear a la legislación estatal y autonómica vigente. “No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que los demás”, han afirmado durante el debate parlamentario.

Desde la bancada de Vox, la diputada María Jesús Verdú ha defendido que la reforma era necesaria para adaptar la normativa balear a la legislación estatal y al resto de comunidades autónomas, al considerar que las islas habían quedado “rezagadas” en materia portuaria. La parlamentaria ha sostenido que la ley permitirá “mejorar la gestión portuaria”, reforzar la seguridad jurídica y garantizar estabilidad a un sector “estratégico” para Balears. En esta línea, también ha cargado contra el modelo basado exclusivamente en concursos públicos al afirmar que había provocado “escalada de precios”, pérdida de proyectos locales y entrada de empresas externas o fondos sin arraigo en las islas. Según ha defendido, la nueva ley servirá para proteger el tejido náutico balear, incentivar inversiones y reducir burocracia frente a una izquierda que, a su juicio, quiere “controlarlo todo”.

Además de ampliar el plazo máximo de las concesiones sobre dominio público portuario, la nueva ley reconoce como infraestructuras esenciales determinados elementos del sistema portuario, como los campos de boyas, las marinas secas y la red de rampas públicas de acceso al mar. La norma incorpora además medidas de simplificación administrativa, entre ellas la actualización del registro electrónico de usuarios de amarres y la agilización de procedimientos relativos a obras portuarias y retirada de embarcaciones abandonadas. En materia de usos portuarios, el texto fija límites máximos para las superficies destinadas a actividades comerciales y de restauración dentro de los puertos autonómicos y modifica el régimen de tasas portuarias para limitar las revisiones de cánones y cuotas concesionales, especialmente en el caso de entidades deportivas sin ánimo de lucro. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).