PP y Vox pactan prorrogar las concesiones náuticas en Balears con un conseller de Prohens como posible beneficiario

El pleno del Parlament balear ha aprobado, con los votos de PP y Vox, tomar en consideración la reforma de la Ley autonómica de Puertos con el objetivo de ampliar de 30 a 50 años las concesiones de los clubes náuticos de las islas así como simplificar trámites administrativos. Se trata de una modificación legal que, sin embargo, habría sido diseñada, según la oposición, a medida de los intereses de determinados actores privados, entre ellos los del propio conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente. No en vano, la iniciativa ha sido articulada a través de una Proposición de Ley registrada directamente en la Cámara por ambos socios de investidura, sin tan siquiera haber sido debatida la reforma previamente por el Consell de Govern.

Durante el debate de la propuesta, el PSIB-PSOE ha puesto sobre la mesa el conflicto de intereses que plantearía la modificación, al señalar que Lafuente mantiene vínculos con uno de los puertos de Balears que se beneficiará de la reforma, el de Addaia (Menorca), cuya gestión se encuentra desde 1979 en manos de Addaya, empresa perteneciente a la familia del conseller, tal como consta en los registros empresariales consultados por elDiario.es. El conseller ostenta, además, el 67,32% de participaciones -valoradas en 377.428 euros- de Rella i Solc SL, sociedad patrimonial familiar para la que, como expuso en la declaración que presentó ante la Cámara balear, no realiza actividad empresarial y de la que no recibe remuneración. Se da la circunstancia de que Rella i Solc es la propietaria de la sede en la que se ubica el domicilio social de Addaya.

En este sentido, el portavoz adjunto del grupo socialista, Marc Pons, le ha inquirido directamente si tiene “intereses directos” en la norma, poniendo en entredicho, además, el hecho de que la modificación no haya pasado antes por el Consell de Govern, lo que habría aportado mayores garantías de transparencia y control institucional. El trámite en el órgano colegiado del Ejecutivo autonómico obliga a un debate interno entre consellers, a la emisión de informes técnicos y jurídicos y a una mayor trazabilidad en la toma de decisiones. La oposición denuncia que, al impulsarse la reforma a través de un pacto parlamentario entre PP y Vox, se ha evitado ese filtro y alimenta las sospechas de que la iniciativa podría responder a intereses particulares más que al interés general.

Lafuente, sin embargo, ha negado de forma tajante las manifestaciones acerca de un supuesto trato de favor: “Se trata de una iniciativa de los grupos presentada a propuesta de las asociaciones y de las entidades. Por tanto, interés personal, absolutamente ninguno”, ha espetado el conseller nada más subir a la tribuna. El titular de Mar y Ciclo del Agua ha apelado al interés general de la reforma de la ley de Puertos y ha mostrado su “total disposición” a dar explicaciones sobre ello “ante todos los grupos, todos los diputados y donde haga” acerca de su situación patrimonial, que, ha incidido, “en todo caso es fruto de una situación de herencia”.

Lafuente: “No tengo poder de decisión sobre ninguna empresa”

“Mi situación patrimonial respecto a lo que pueda tener relación con el sector se reduce a una cosa muy sencilla: a que mi padre tenía participaciones en una sociedad desde hace 30 años. Ni he comprado ni he vendido acciones de la empresa. Tampoco hay aceptación de herencia. No he participado en ningún consejo de administración ni tengo poder de decisión sobre ninguna empresa”, ha aseverado el conseller, quien ha vuelto a expresar su disposición a dar “todos los datos que ustedes quieran sobre esta materia”.

Lafuente ha continuado recriminando que “en política no todo vale” y ha apelado a que continúe la tramitación del proyecto de ley, a que “se aporten las enmiendas que se consideren oportunas” y a que el Parlament “decida por el interés general modificar una ley que es importante para mantener ese equilibrio necesario entre los puestos de gestión directa por parte de la administración pública, los que son tramitados por los clubes náuticos y la gestión que hacen de forma indirecta las marinas”. “Esa es la voluntad del Govern y de la Conselleria”, ha recalcado Lafuente, quien ha considerado “desafortunada” su “mención personal”.

Mientras el PP, más allá de esta controversia, defiende que la modificación alinea la legislación balear con la estatal y protege a los pequeños clubes náuticos y Vox celebra el “fin de la arbitrariedad y el intervencionismo”, tanto PSIB como Més y Unidas Podemos alertan de que la prórroga de las concesiones hasta los 50 años limita la capacidad de los futuros gobiernos para decidir sobre el uso del dominio público marítimo.

En concreto, Balears cuenta con 24 clubes náuticos que, en total, suman unos 12.000 socios y más de 8.500 amarres. En su propuesta, PP y Vox los definen como entidades sin ánimo de lucro que desarrollan una “intensa labor social y deportiva”, con impacto directo en la formación de deportistas de élite, la organización de regatas internacionales y el fomento de valores vinculados al mar y la sostenibilidad, además de contar con un gran arraigo social.

Sin embargo, en declaraciones a elDiario.es, el presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de Balears (ACNB), Antoni Estades, señaló en este reportaje que el Club Náutico de Ibiza es el único espacio (dentro del puerto de Eivissa) que actualmente hace náutica social y deportiva. El resto, asegura, son concesiones empresariales que “pagan auténticas millonadas para hacer negocio”. El caso de Eivissa sirve para ejemplificar lo que está ocurriendo también con otros clubes náuticos del archipiélago balear, como el Club Náutico de Palma, el Club Marítimo de Maó (Menorca) o el Club de Vela Port d’Andratx (Mallorca). Un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB) señala, en un estudio de 2021, que estos clubes generan un volumen de negocio anual de 627 millones de euros, equivalente al 1,9% del PIB del archipiélago.

La oposición: “La propuesta consagra un modelo de opacidad”

“En 2080 yo tendré 107 años, mi hija tendrá 76. Habrán pasado 14 gobiernos. ¿Nosotros tenemos que decidir y garantizar derechos a empresas privadas coartando la limitación de la propia administración pública a la hora de tomar determinadas decisiones?”, se ha preguntado Pons durante el debate de la iniciativa, deslizando que desde el punto de vista del discurso de la derecha liberal “tampoco tiene lógica”.

Por su parte, Més per Menorca ha votado también en contra de la iniciativa argumentando, por boca de su portavoz, Josep Castells, que la ampliación de las concesiones, por definición, “tiene que hacerse por necesidad y por interés de la ciudadanía”. Por el contrario, para el ecosoberanista, la propuesta “consagra un modelo de opacidad” en el modelo de concesiones.

En esta línea, la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ya ha avanzando que durante la tramitación tratarán de reducir los plazos de las concesiones, que es una de las cuestiones que “más chirrían”. “La posibilidad de prolongar concesiones hasta 75 años es en la práctica que un bien público sea gestionado durante tres generaciones”, ha indicado. Respecto a las acusaciones al conseller Lafuente, ha señalado que los ecosoberanistas “estarán atentos” a las informaciones que se produzcan.

Finalmente, el diputado de Unidas Podemos José María García también ha considerado “errónea” la prolongación de las concesiones. “La memoria colectiva acaba olvidando que esa zona de gestión es realmente de dominio público”, ha sentenciado.