Gabriel Oliver, presidente de la Audiencia Provincial de Balears: “Queremos normalizar el uso del catalán en la Justicia”

Discreto, reflexivo y de tono sereno, Gabriel Oliver Koppen (Palma, 1968) tomó, el pasado 17 de septiembre, posesión de su cargo como presidente de la Audiencia Provincial de Balears tras más de tres décadas de carrera judicial y una reconocida especialización en derecho civil balear, campo en el que ha contribuido a preservar la singularidad jurídica del archipiélago. Su trayectoria profesional ha estado vinculada especialmente a Balears, territorio del que es originaria su familia y en el que reside desde su infancia. El órgano que ahora preside es el destino en el que ha permanecido durante más tiempo. 

En 2022 participó en la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), un documento destinado a unificar criterios y facilitar el trabajo de jueces y abogados en los tribunales, que ahora aspira a aplicar en su nueva etapa al frente de la Audiencia.

En una entrevista concedida a elDiario.es, Oliver, consciente de la sobrecarga que soportan los órganos judiciales -uno de cada seis ciudadanos en las islas espera una resolución, según datos del TSJIB-, confía en que la implantación de los juzgados de instancia y la digitalización del sistema contribuyan a aliviar los retrasos. Asimismo, defiende la necesidad de incorporar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, no como sustituto del criterio humano “en los casos concretos que afectan a ciudadanos en particular”. El magistrado subraya la importancia de normalizar el uso del catalán en la Justicia y reivindica la plena vigencia del derecho civil balear en materias como las sucesiones y el régimen económico matrimonial.

Sobre la actuación de los jueces en las causas de mayor eco mediático, señala que, “lógicamente, las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica legítima”, aunque apela a “la independencia y la imparcialidad” que los magistrados “intentamos defender cada día con nuestra actuación”.

En 2022 participó en el grupo que elaboró la Guía de Buenas Prácticas del TSJIB. ¿Cuáles son esos ejemplos? ¿Hay algo de esa guía que piense aplicar desde su nuevo cargo?

La Guía se elaboró en colaboración con abogados, procuradores y otros profesionales y la finalidad era unificar los criterios de actuación en los tribunales por la razón de que una cosa es lo que dice la ley y luego están las prácticas diarias del tribunal. Buscábamos facilitar a los profesionales el poder trabajar y que los juzgados pudiesen hacerlo a través de unas normas orientativas. La guía contiene un elenco de recomendaciones sobre, por ejemplo, la extensión de los escritos, el tipo de letra, la forma de presentación de las pruebas en los juicios y este tipo de cuestiones diarias, además de otras que se pueden llevar a cabo en los juicios para facilitar la labor de los jueces. En las vistas, cada tribunal tiene instauradas unas prácticas distintas.

En su discurso de toma de posesión mencionó la excesiva carga de trabajo que sostienen los tribunales, un hecho que provoca, además, que uno de cada seis ciudadanos en Balears se encuentre a la espera de una resolución judicial, tal como dio a conocer el pasado mes de mayo el presidente del TSJIB, Carlos Gómez. ¿Qué medidas concretas considera más urgentes para reducir los retrasos judiciales? 

Es difícil hablar de medidas concretas porque la realidad es que el retraso en la tramitación y la falta de medios personales y materiales es un tema recurrente en la administración de Justicia. Y es cierto que hemos llegado a un momento en el que este retraso es acusado en materia civil por el cúmulo de asuntos que van llegando, con recursos de apelación que hacen que las secciones civiles estén tensionadas. Y en materia penal, por la dificultad de señalamiento de los juicios y por la complejidad de los casos debido al número de partes. Esto ocupa tiempo en los tribunales. Y no solo la Audiencia, sino también los Juzgados, están saturados de trabajo. Entonces es un poco difícil. Yo llevo un mes como presidente de la Audiencia Provincial y lo que estoy haciendo es tomar conciencia de cuál es la situación para ver qué es lo que se puede hacer.

El retraso en la tramitación y la falta de medios personales y materiales es un tema recurrente en la administración de Justicia. Ha llegado un momento en que este retraso es acusado en materia civil por el cúmulo de asuntos que van llegando. Llevo un mes como presidente de la Audiencia Provincial y estoy tomando conciencia de la situación para ver qué se puede hacer

¿Sería viable ampliar plantilla judicial en Balears? 

A lo que estamos ahora asistiendo es al nacimiento de los tribunales de instancia, que en Balears han comenzado a arrancar en Manacor y a partir de enero comenzarán en Palma, en Eivissa y en Menorca. Y también afectará a la Audiencia Provincial. Quizás esa sea la oportunidad, dado que se desliga la creación de una plaza judicial al hecho de crear Juzgados, es decir, asignar un número de funcionarios a la tramitación de los asuntos que lleva un juez. Quizás esto permita ser más optimistas en la creación de plazas judiciales.

¿Cómo influye el aumento poblacional en las islas en esta carga de trabajo? ¿Se han realizado previsiones para adaptarse a esos cambios demográficos?

No hay un estudio concreto sobre ello, pero sí es una cuestión que creo que es relevante. El aumento de la población en Balears es importante y eso tiene un reflejo en el incremento de los asuntos que llegan a los Juzgados.

No hay un estudio concreto sobre cómo influye el incremento demográfico en nuestra carga de trabajo, pero sí es una cuestión relevante. El aumento de la población en Balears es importante y eso tiene un reflejo en el incremento de los asuntos que llegan a los Juzgados

¿Qué papel cree que pueden jugar la digitalización, la eficiencia procesal y la organización judicial para aliviar estos déficits? ¿Hay proyectos concretos en marcha?

La digitalización ya es un hecho en los procesos civiles, donde los Juzgados están plenamente digitalizados, y creo que es una realidad a la que la Justicia no puede ser ajena. Sin embargo, en materia penal es algo más compleja la ordenación, sobre todo en instrucción, aunque creo que funciona de una forma razonablemente bien y los operadores jurídicos hemos tenido que ir habituándonos. Los abogados, por ejemplo, ya no presentan sus escritos en papel. En los Juzgados, la tramitación ya es plenamente digital.

En mayo de 2024 organizó, junto al presidente del TSJIB, la jornada 'Inteligencia artificial y decisión judicial', en la se abordó el impacto de la IA en la función jurisdiccional. ¿Cuáles son los desafíos que afronta la Justicia en este sentido?

El desafío es que la Justicia no puede ser ajena a esta realidad. La inteligencia artificial ya está siendo utilizada por los despachos de abogados y la Justicia también debe incorporarse a esta modernización. La cuestión es que todavía estamos en el inicio de ver cómo puede afectar a nuestro trabajo y cómo podemos aprovechar este instrumento, que ciertamente tendrá un reflejo en la tramitación, agilización y resolución de los procedimientos. Existen algunas experiencias piloto en España, pero en Balears todavía no.

¿De qué forma podrá la Justicia aprovechar los recursos de la IA?

Yo creo que la inteligencia artificial servirá, sobre todo, para ayudar en la gestión documental, pues nos ayudará quizás a resumir los textos y a encontrar de forma más fácil la legislación y la jurisprudencia. Esto puede ser útil. Sí que existe en estos momentos la tramitación del procedimiento monitorio por vía electrónica y eso agiliza y automatiza los trámites.

¿Llegará la IA a sustituir a determinados operadores jurídicos?

Pienso que no. La inteligencia artificial la tenemos que ver como un asistente, sin eliminar el elemento personal, que es muy importante sobre todo en la Justicia, en la que resolvemos casos concretos que afectan a ciudadanos en particular.

En materia de derechos lingüísticos, ¿qué mejoras considera necesarias para que se garantice el uso del catalán en juzgados y tribunales en Baleares, no solo como derecho formal sino efectivo?

Una de las propuestas que hay, y creo que muy seria, es conseguir que la tramitación pueda realizarse en los Juzgados tanto en castellano como en catalán, y para eso es necesario un esfuerzo y que las aplicaciones que se utilizan para tramitar puedan permitir que los documentos estén redactados en ambos idiomas. Sería un elemento importante para poder normalizar el uso del catalán en la Justicia. La realidad es que no lo está y eso se ve en el día a día.

Una de las propuestas que hay, y creo que muy seria, es conseguir que la tramitación pueda realizarse en los Juzgados tanto en castellano como en catalán. Sería un elemento importante para poder normalizar el uso del catalán en la Justicia. La realidad es que no lo está y eso se ve en el día a día

Usted está especializado en derecho civil balear, ordenamiento jurídico propio que regula, entre otras, cuestiones como los pactos sucesorios y las figuras tradicionales de transmisión patrimonial. ¿Cree que estas instituciones siguen teniendo sentido en la realidad económica actual?

Yo creo que tiene un pleno sentido ya que en Balears, por ejemplo, regula algo tan importante como el régimen económico del matrimonio o las sucesiones. De hecho, tiene plena aplicación en estas últimas. Respecto al régimen económico matrimonial hay menos supuestos.

¿Cree que podría ampliarse a otros ámbitos?

Esta es una decisión que tendrán que adoptar las personas que a las que les corresponde. En otras Comunidades el derecho civil propio ha tenido una visión más expansiva y aquí se están haciendo esfuerzos para regularlo y adaptarlo a la realidad actual.

Volviendo a la carga de trabajo que acumulan los órganos judiciales en Balears, ¿está previsto que se revisen los procedimientos o tiempos para asegurar una respuesta más rápida y efectiva a las víctimas de violencia machista o abusos sexuales?

Lo que es cierto es que todos estos procedimientos tan importantes también se están viendo afectados por la situación de retraso en los señalamientos. Y es cierto que tendremos que analizar y buscar alguna solución para evitar estos largos retrasos en procesos que afectan a temas tan sensibles como estos.

Todos estos procedimientos tan importantes [de violencia machista y abusos sexuales] también se están viendo afectados por la situación de retraso en los señalamientos. Tendremos que analizar y buscar alguna solución para evitar estos largos retrasos en procesos que afectan a temas tan sensibles como estos

Respecto a la huelga de jueces y fiscales contra la reforma del Gobierno en el acceso a ambas carreras por el acceso a la carrera judicial y fiscal, ¿cree que debe modificarse el modelo de exámenes?

El acceso a la carrera judicial está basado en un sistema de un examen puramente memorístico. No es algo descartable que pueda revisarse este modelo para adaptarlo a lo que es una nueva realidad, en la que quizá, con los medios de los que disponemos, la memoria no tiene tanta importancia en la formación que reciben los alumnos de las facultades de Derecho. Ahora bien, también pienso que es un material muy sensible que tiene que ser objeto de un estudio pormenorizado.

Dependiendo del sentido de sus resoluciones, los partidos políticos acusan a los tribunales, a veces incluso abiertamente, de estar mediatizados. ¿Lo considera un ejercicio de democracia, en tanto demuestra el respeto a la libertad de expresión, o, por el contrario, cree que supone un ataque a la democracia y a la actuación de los jueces?

Si bien yo siempre defiendo el carácter institucional de los cargos, creo que lógicamente las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica legítima. Y esto no hay que discutirlo, está claro. En Balears, según la memoria del año 2024, se resolvieron casi 200.000 asuntos. No sé cuántos de ellos son relevantes. Pero pienso que lo que no puede ponerse en duda es la independencia y la imparcialidad de los jueces que intentamos defender cada día con nuestra actuación.

Si bien yo siempre defiendo el carácter institucional de los cargos, creo que lógicamente las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica legítima. Y esto no hay que discutirlo, está claro. Pero pienso que lo que no se pone en duda es la independencia y la imparcialidad de los jueces que intentamos defender cada día con nuestra actuación

¿En Baleares está garantizada la independencia judicial frente a presiones externas políticas o mediáticas?

[Ríe] Pienso que sí.

Hace varios años la avalancha de casos de corrupción era continua en las islas, ¿qué ha cambiado?

Yo no estoy muy en disposición de dar una contestación muy clara a esta pregunta. Lo cierto es que ahora existen menos casos de corrupción en los Juzgados. Hay temporadas cíclicas, tanto en materia civil como en materia penal. Hubo una época en que hubo una acumulación de casos de corrupción y ahora hay otro tipo de temáticas. Quizá la experiencia de la etapa de los casos de corrupción ha ayudado a mejorar la situación en ese ámbito.

¿Debe ser condenado el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), por romper la fotografía de tres víctimas del franquismo?

Comprenderá que esta pregunta no la puedo responder. Es un caso cuyo juicio está pendiente de señalamiento y mi única función como presidente de la Audiencia será ponerme a disposición de la Sección para que disponga de los medios necesarios para celebrar ese juicio.

En una entrevista concedida a elDiario.es, el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, consideró que Balears, con su respuesta judicial a los numerosos casos de corrupción destapados, ha sabido poner de manifiesto que la Justicia “trata igual a las personas independientemente de su condición”. ¿Opina igual?

Yo lo creo así.