Los archivos perdidos del Valle de los Caídos: un informe reconstruye el caos de los traslados de cuerpos a Cuelgamuros

El 11 de marzo de 1959, un reducido cortejo funerario abandona Mallorca y pone rumbo a Barcelona. En su interior viajan los restos de Matías Salvà y Pau Serra, el marinero gallego fallecido en el hundimiento del crucero Baleares José Luis Aguiar Muiños, y dos militares residentes en la isla, Juan Donate Franco y su hijo, Juan Ignacio Donate Cangas. El día 23, una furgoneta de los servicios funerarias emprenderá desde la capital catalana el último tramo del viaje hacia Madrid. Ninguna fotografía ha inmortalizado aquel convoy, del que apenas queda rastro más allá del telegrama oficial que el gobernador civil ha remitido días antes para comunicar que tenía “cinco urnas preparadas” para su traslado. Se trata, en realidad, de la única expedición que partirá desde Balears hacia el mayor mausoleo levantado por la dictadura franquista: el del Valle de los Caídos.

Décadas después, una investigación llevada a cabo por el investigador David Tormo Benavent, doctor en Historia Contemporánea por la Universitat de Barcelona (UB), ha identificado a un total de 106 personas nacidas o vinculadas al archipiélago que acabaron enterradas en Cuelgamuros -denominación actual del panteón- tras ser exhumadas de cementerios repartidos por buena parte de la geografía española, desde los escenarios de la batalla del Ebro hasta Brunete, Teruel, Zaragoza, Griñón, Castellón, Santander o Madrid. El estudio es uno de los 15 trabajos de gran alcance que el Govern balear encargó la pasada legislatura sobre aspectos clave de la represión franquista en las islas y que la semana pasada vieron por primera vez la luz.

Como constató la Comisión de Expertos sobre el Valle de los Caídos, creada por el Gobierno en 2011, al menos 33.833 restos mortales procedentes de toda España fueron conducidos a la gran necrópolis de la dictadura, cerca de un tercio de ellos sin identificar y sin conocimiento de sus familias. La investigación de Tormo reabre una de las grandes incógnitas de aquel gigantesco operativo: ¿qué ocurrió con los centenares de traslados que el régimen llegó a autorizar pero nunca ejecutó, mientras decenas de cuerpos fueron enviados al Valle sin que conste el consentimiento de sus familias?

La investigación reabre una de las grandes incógnitas de aquel gigantesco operativo: ¿qué ocurrió con los centenares de traslados que el régimen llegó a autorizar pero nunca ejecutó, mientras decenas de cuerpos fueron enviados al Valle sin que conste el consentimiento de sus familias?

Las cifras de Balears

El informe documenta esa paradoja con cifras inéditas relativas a Balears: solo 53 de las 231 autorizaciones familiares localizadas llegaron a materializarse, mientras otros 53 traslados se realizaron sin autorización documentada. En total, 106 personas nacidas o residentes en las islas fueron inhumadas en Cuelgamuros. El cien por cien de todas ellas son hombres: a día de hoy no se ha documentado la presencia de ninguna mujer balear en el Valle de los Caídos. Todos formaban parte de unidades del ejército rebelde. Las 178 autorizaciones restantes nunca llegaron a ejecutarse, sin que la documentación conservada permita explicar por qué.

La investigación ciñe al archipiélago lo que Tormo y la historiadora Queralt Solé ya expusieron en su estudio de referencia, Llenar el Valle. Propuesta para una cronología de los traslados (1959-1983), publicado en 2024 por la revista Hispania Nova. En él desmontan la idea de que todos los traslados respondieran al consentimiento familiar y acreditan que el proceso para llenar Cuelgamuros estuvo lejos de responder a un plan perfectamente diseñado: el régimen modificó las instrucciones sobre la marcha, alteró los criterios para autorizar los traslados e incluso dejó de aplicar sus propias normas cuando el objetivo de llenar el mausoleo corría peligro. Los gobernadores civiles recibieron la orden de localizar miles de cadáveres en apenas unas semanas, pero el calendario fracasó desde el principio: los informes llegaron con meses de retraso, las previsiones de cuerpos a trasladar cambiaban constantemente y las instrucciones se modificaban sobre la marcha.

Los gobernadores civiles recibieron la orden de localizar miles de cadáveres en apenas unas semanas, pero el calendario fracasó desde el principio: los informes llegaron con meses de retraso, las previsiones de cuerpos a trasladar cambiaban constantemente y las instrucciones se modificaban sobre la marcha

La documentación revela expedientes incompletos, modificaciones de criterio, traslados suspendidos sin explicación y decisiones administrativas contradictorias en distintas provincias, dibujando un proceso mucho más improvisado y caótico de lo que la propaganda franquista pretendió transmitir. El conjunto monumental fue construido entre 1940 y 1958, en pleno franquismo, como un homenaje a los “héroes y mártires de la Cruzada” que “legaron una España mejor”, es decir, a quienes lucharon y murieron por Franco durante la Guerra Civil, como expone la orden firmada por el dictador en 1940. Erigido en las vertientes de la Sierra de Guadarrama, el Ministerio de la Gobernación decidió llenar el Valle de Cuelgamuros y ordenó a todos los gobernadores civiles elaborar con urgencia un inventario de fosas y cementerios mientras convertía el culto a los “caídos” en uno de los pilares de su legitimación política. Solo años después, por razones de política internacional, el régimen modificó parcialmente el discurso para justificar la incorporación de restos del bando republicano.

Tras la construcción del Valle de los Caídos, el Ministerio de la Gobernación ordenó a todos los gobernadores civiles elaborar con urgencia un inventario de fosas y cementerios mientras convertía el culto a los "caídos" en uno de los pilares de su legitimación política. Solo años después, por razones de política internacional, el régimen modificó parcialmente el discurso para justificar la incorporación de restos del bando republicano

Vacío documental

El estudio balear de Tormo parte de una dificultad decisiva: la documentación relacionada con los traslados que se gestionaron desde Balears no se conserva entre los fondos del Gobierno Civil de Mallorca, custodiados en el Arxiu del Regne de Mallorca. La imposibilidad de disponer de los documentos que recibió y generó el órgano responsable de coordinar las exhumaciones y traslados llevó al autor a cruzar la documentación del Ministerio de la Gobernación, el Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos y el registro de inhumaciones de Cuelgamuros. Es precisamente esa ausencia documental la que sitúa el estudio ante una de las grandes paradojas de Cuelgamuros: el franquismo fue capaz de levantar el mayor mausoleo de la dictadura y organizar el traslado de decenas de miles de cadáveres desde toda España, pero hoy resulta imposible reconstruir con certeza cómo decidió quién debía acabar allí, por qué numerosos traslados autorizados nunca llegaron a ejecutarse o qué ocurrió con parte de los expedientes que debían dejar constancia de todo el proceso.

El franquismo fue capaz de levantar el mayor mausoleo de la dictadura y organizar el traslado de decenas de miles de cadáveres desde toda España, pero hoy resulta imposible reconstruir con certeza cómo decidió quién debía acabar allí o por qué numerosos traslados autorizados nunca llegaron a ejecutarse

El origen de todo el proceso se sitúa en mayo de 1958, cuando el Ministerio de la Gobernación ordenó a todos los gobiernos civiles elaborar un inventario de los restos susceptibles de ser trasladados al Valle de los Caídos. En Balears, la tarea resultó mucho más compleja de lo previsto. Como revela la documentación de Tormo, el proyecto sufrió un vuelco en apenas tres meses: si en octubre de 1958 el gobernador civil de Balears, Plácido Álvarez-Buylla y López-Villamíl, había remitido un listado con más de doscientas autorizaciones familiares -233 personas, en concreto-, en enero de 1959 la relación de restos susceptibles de ser trasladados desde Balears se había reducido a una veintena de cuerpos. Los expedientes ya ni siquiera identificaban a los fallecidos por su nombre, sino únicamente mediante categorías administrativas. El estudio reconoce que hoy resulta imposible explicar por qué se produjo esa drástica reducción.

No solo eso. El historiador llama la atención sobre la tardanza con la que el Gobierno Civil remitió la documentación a Madrid, excusándose por el retraso alegando las “dificultades encontradas en el acopio de datos”. Más de veinte años después del final de la guerra, las autoridades franquistas ni siquiera habían elaborado ningún censo de fosas ni de enterramientos relacionados con el conflicto bélico: los ayuntamientos tuvieron que reconstruir sobre la marcha una información que nunca había sido sistematizada.

Más de veinte años después del final de la guerra, las autoridades franquistas ni siquiera habían elaborado ningún censo de fosas ni de enterramientos relacionados con el conflicto bélico: los ayuntamientos tuvieron que reconstruir sobre la marcha una información que nunca había sido sistematizada

La mayoría de aquellos hombres habían muerto lejos de las islas, lo que obligó además al régimen a poner en marcha una compleja red burocrática entre gobiernos civiles para localizar los cuerpos dispersos por toda España. Cada autorización familiar debía remitirse a la provincia donde se creía que estaba enterrado el fallecido para iniciar las exhumaciones y los posteriores traslados al mausoleo franquista. Sin embargo, el plan nunca llegó a ejecutarse como estaba previsto. El propio estudio constata que la inmensa mayoría de las autorizaciones quedaron finalmente sin efecto. Incluso los 23 cuerpos enterrados en Balears para los que las familias habían solicitado expresamente el traslado permanecieron donde estaban. Entre las hipótesis que maneja Tormo se encuentra la que apunta a que algunas familias habrían retirado posteriormente su consentimiento o a que la información remitida por los ayuntamientos fuera demasiado imprecisa para localizar los restos.

Más de veinte años después del final de la guerra, las autoridades franquistas ni siquiera habían elaborado ningún censo de fosas ni de enterramientos relacionados con el conflicto bélico: los ayuntamientos tuvieron que reconstruir sobre la marcha una información que nunca había sido sistematizada

Los baleares inhumados en Cuelgamuros

Con todo, la investigación pone por primera vez nombre y apellidos a las 106 personas vinculadas a Balears cuyos restos sí acabaron siendo trasladados a Cuelgamuros. Entre los casos documentados figuran Juan Donate Franco, coronel de Intendencia de la Armada fallecido por causas naturales en Barcelona el 13 de marzo de 1939, apenas finalizada la guerra, y la de su hijo, Juan Ignacio Donate Cangas, alférez provisional y militante de Falange muerto dos meses antes en el frente. Ambos fueron trasladados desde Palma al Valle de los Caídos el 23 de marzo de 1959 y enterrados en urnas individuales contiguas, uno de los pocos casos documentados de un padre y un hijo que acabaron reposando juntos en Cuelgamuros.

El listado también incluye perfiles singulares, como el del capitán mallorquín Gaspar Forteza Forteza, destinado en Tarragona y ejecutado el 9 de noviembre de 1936 tras ser condenado a muerte por un Tribunal Popular por su participación en la sublevación militar. Décadas después, el franquismo trasladó sus restos al Valle con autorización familiar. Otro caso llamativo es el de José Luis Aguiar Muiños, un marinero gallego fallecido en el hundimiento del crucero Baleares durante la batalla naval del cabo de Palos. Aunque había nacido en Ourense, fue enterrado en Palma y desde allí trasladado a Cuelgamuros en 1959, convirtiéndose en el único no balear incorporado al listado de víctimas vinculadas a las islas.

El cruce de fuentes indica que, en relación a su condición, en 84 de los casos se trataba de militares, mientras que, respecto a los otros 22, el investigador indica que la ausencia de indicios de que fuesen civiles invita a considerar que también eran militares. Asimismo, el informe señala que entre las unidades a las que pertenecían los identificados destaca el Regimiento de Infantería Palma n.º 36, con sede en Palma. Tras éste, la segunda unidad con mayor presencia de soldados nacidos o residentes en las islas es la Legión, donde servían 13 de los identificados como militares, seguida del Regimiento de Infantería San Marcial n.º 22, con sede a Burgos, en la que combatían 11 de los militares.

Errores y vacíos

El análisis también saca a la luz las contradicciones y errores que rodearon el traslado de los baleares. El caso más llamativo es el de Miquel Nadal Vives, cuyo nombre figura dos veces en el registro oficial del Valle de los Caídos, asignado incluso a dos urnas distintas debido a una duplicidad administrativa en la documentación. A ello se suman numerosos combatientes que durante décadas dieron nombre a calles, escuelas o monumentos franquistas en Mallorca -como Jaime Martínez Vaquer, Juan Canals Alemany o Vicenç Llobera Sancho- y cuya presencia en el callejero desapareció con la aplicación de las leyes de memoria democrática, reflejo de cómo la dictadura convirtió a determinados caídos en símbolos públicos de su relato oficial.

Detrás de varios de esos nombres, sin embargo, persisten incógnitas que el estudio no logra despejar. Cuatro de esos mallorquines -Mas Oliver, Cardell Julià, Barceló Vaquer y Moll Serra- figuraban inicialmente como enterrados en Sigüenza (Guadalajara). Sin embargo, cuando finalmente fueron registrados para su ingreso en Cuelgamuros, aparecían administrativamente vinculados a Campos, Llucmajor y Porreres. La desaparición del expediente del Gobierno Civil de Balears impide reconstruir cómo se produjo ese cambio y qué itinerario siguieron los restos antes de llegar a la necrópolis, uno de los numerosos vacíos documentales que aún rodean los traslados al mayor mausoleo levantado por la dictadura franquista.

Las anomalías detectadas en Balears no constituyen un caso aislado. En su estudio Llenar el Valle. Propuesta para una cronología de los traslados (1959-1983), David Tormo y Queralt Solé documentan que solo en la provincia de Tarragona hubo 163 restos cuyo traslado fue tramitado administrativamente pero nunca llegó a ejecutarse: 47 correspondían a Paüls, dos a la Fatarella y 114 a Santa Bàrbara. Finalmente, desde esta última localidad solo nueve cuerpos fueron trasladados a Cuelgamuros.

Los investigadores explican que el propio franquismo fue modificando las reglas del operativo conforme avanzaban los trabajos para llenar Cuelgamuros. En un primer momento, el régimen exigía el consentimiento expreso de las familias para trasladar restos identificados. Sin embargo, al comprobar las enormes dificultades para localizar a los familiares más de veinte años después del final de la Guerra Civil, a partir de 1960 fue relajando ese requisito y dejó cada vez más decisiones en manos de ayuntamientos, gobiernos civiles y autoridades militares, lo que ayudaría a contextualizar la existencia de numerosos expedientes de personas finalmente inhumadas para las que no consta autorización familiar documentada.

Los “sacrificados” que ocultaban la represión

En su estudio sobre Balears, Tormo hace hincapié, asimismo, en cómo el franquismo reinterpretó a las víctimas mediante su propio lenguaje político. En la documentación oficial, las personas represaliadas por los sublevados pasaban a ser calificadas como “sacrificados por la patria”, incorporándolas simbólicamente al culto franquista a los caídos. En Palma, el Gobierno Civil comunicó la existencia de 92 “sacrificados” enterrados en el cementerio municipal, una cifra que contrasta de forma abrumadora con las investigaciones históricas actuales, que sitúan en al menos 1.300 las víctimas de la represión franquista en Mallorca -1.544 según el primer censo publicado al respecto en 2019-. La investigación de Tormo apunta que numerosos alcaldes y responsables locales optaron por omitir deliberadamente información sobre esas fosas, reduciendo drásticamente la dimensión oficial de la violencia ejercida por los vencedores.

Además de estas fosas del camposanto palmesano, la documentación de las autoridades franquistas mencionaban la llamada Cripta Militar de Marina, donde había 31 cuerpos individualizados; mientras que en la Sepultura de Aviación había cuatro: uno de ellos, el de Ramón Franco Bahamonde, hermano menor del que a la postre se convertiría en dictador de España durante cerca de cuarenta años, fallecido durante una misión de bombardeo cuando el hidroavión que pilotaba se precipitó en barrena frente a las costas de la bahía de Pollença, en Mallorca. Finalmente, se hacía referencia al Arma de Artillería, en cuyos nichos reposaba el cuerpo de un total de 27 soldados.

Asimismo, documenta cómo varios ayuntamientos baleares comunicaron oficialmente al régimen que, tras consultar a los familiares, estos rechazaban el traslado de los restos a Cuelgamuros. Palma, Ciutadella y Es Castell remitieron respuestas en ese sentido al Gobierno Civil, lo que demostraría que no todas las familias aceptaron que sus parientes fueran enterrados en el gran monumento franquista. A ello se suma otro elemento: en numerosos expedientes individuales, el autor consigna una misma observación: “No consta que se dispusiera de autorización para el traslado”.

El investigador incide en que el proceso de llenar Cuelgamuros estuvo lejos de la imagen de eficacia y orden que proyectó la dictadura. Expedientes desaparecidos, autorizaciones que nunca llegaron a ejecutarse, traslados realizados sin consentimiento documentado, errores administrativos y un registro oficial que minimizó la dimensión de la represión franquista conforman un mosaico lleno de lagunas. Más que resolver definitivamente el enigma de los traslados, el estudio evidencia hasta qué punto la construcción del mayor mausoleo del franquismo estuvo marcada por la improvisación, las contradicciones y el uso político de los muertos para consolidar el relato oficial de la dictadura franquista.