La mole de hormigón y cristal que estropea un paseo marítimo: una historia de litigios, pelotazos y venganzas

Una mole de hormigón y cristal aguarda a todo aquel que desde el aeropuerto de Palma se dirige al centro de la ciudad. Obra del arquitecto Josep Ferragut, lo que en la década de los sesenta podía vislumbrarse como un moderno edificio de oficinas, sinónimo de vanguardia y funcionalidad, ha acabado por convertirse en un mamotreto abandonado y prácticamente molesto para todos los equipos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento de la capital balear. El edificio de Gesa, que para muchos desluce a su pesar las vistas del casco antiguo de la ciudad, se degrada desde hace más de una década y acumula un sinfín de litigios judiciales. Ahora, el Consistorio palmesano, en manos del PP, quiere adquirirlo por 25 millones de euros con el objetivo de convertirlo “en un gran espacio multicultural de referencia nacional e internacional”.

En los últimos años, el edificio de Gesa se ha visto envuelto por la polémica debido a su abandono, deterioro y a los intereses que operan en la zona. Ya Ferragut, comprometido con la conservación del patrimonio artístico y natural de Mallorca y firme opositor de quienes se afanaban en construir en Mallorca con la mirada puesta en el interés urbanístico y el turismo de masas, vio en el frente marítimo de Palma un emplazamiento privilegiado para erigir la nueva sede de la compañía Gesa. Inaugurada en 1977 en unos terrenos en los que la empresa tenía antiguas instalaciones, próximos al conjunto amurallado de la ciudad y frente a uno de los principales accesos a la urbe, el arquitecto quiso dar vida a una edificación emblemática que simbolizase los avances y las nuevas tecnologías de la compañía eléctrica. Líneas formales, transparencias y nítidas fachadas de vidrio engalanaron un edificio que durante más de veinte años sirvió de sede de Gesa.

Casi treinta años después, la empresa abandonaba las oficinas de la histórica torre, que desde ese momento emprendió el camino irremisible de la degradación. Y es que el 12 de enero de 2005 Núñez y Navarro había comprado a Gesa -actual Endesa-, por 85 millones de euros, los solares del Paseo Marítimo en los que se ubica la edificación para levantar 200 pisos de lujo, lo que conllevaba, a cambio, la demolición del inmueble.

El 12 de enero de 2005, Núñez y Navarro compró a Gesa, por 85 millones de euros, los solares del Paseo Marítimo en los que se ubica la edificación para levantar 200 pisos de lujo, lo que conllevaba, a cambio, la demolición del inmueble

Una circunstancia que se producía apenas un año y medio después de que, en 2003, el Ayuntamiento, con la popular Catalina Cirer como alcaldesa y Javier Rodrigo de Santos como concejal de Urbanismo, aprobase la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma, que incluía una completa remodelación de la fachada marítima con el derrumbe de las viviendas militares de Es Baluard del Príncep, la construcción de un Palacio de Congresos y dos hoteles anexos, además de un aparcamiento subterráneo y un centro comercial. En medio de severas acusaciones de que la operación se traduciría en un auténtico 'pelotazo' urbanístico, la reconversión de la zona le venía como anillo al dedo a Núñez y Navarro para la proyección de sus opulentas viviendas.

Núñez y Navarro choca con la protección del edificio

Sin embargo, para cuando la constructora catalana quiso poner en marcha su proyecto, se encontró con que la mole había sido declarada por el Consell Insular de Mallorca como Bien Catalogado con los votos a favor de PSOE, Unió Mallorquina (UM), Esquerra Unida/Els Verds y los ecosoberanistas del PSM y la voz en contra del PP. Con ello impedían su demolición, que era lo que el Ayuntamiento de Palma, en manos de los conservadores, para desarrollar el proyecto global de remodelación de la Fachada Marítima de la capital balear.

Eran los tiempos en los que la histórica dirigente de UM Maria Antònia Munar gobernaba la institución supramunicipal en virtud del pacto de legislatura suscrito con el PP de Jaume Matas. Pese al acuerdo entre regionalistas y conservadores, la protección del edificio de Gesa ponía fin al fuerte enfrentamiento institucional desatado entre Ayuntamiento y Consell y a una de los mayores desavenencias producidas entre ambos socios de gobierno.

Pese al acuerdo de legislatura firmado en 2003 entre PP y UM, la protección del edificio de Gesa puso fin a una de los mayores desavenencias desatadas entre ambos socios de gobierno a cuenta del destino del inmueble

La protección torció así los planes de Núñez y Navarro, que se enfrascó en una batalla jurídica contra Endesa para lograr la anulación del contrato de compraventa. No sólo eso. Apenas un tiempo después del fiasco de sus planes edificatorios, la constructora, a través de su filial Josel S.L.U., interponía una querella contra la cúpula insular de UM por la adjudicación, por la mitad de su valor en el mercado, de los terrenos palmesanos de Can Domenge a la constructora Sacresa. Ésta se había hecho con los solares por treinta millones de euros. Núñez y Navarro había ofrecido sesenta.

De esta operación se declaró “completamente ajena” Munar, quien, pese a ello, acabaría condenada a tres años de cárcel -rebajados por el Supremo a dos años y medio- y al pago de seis millones de euros por cobrar parte de un soborno de cuatro millones de euros que, según consideró probado la Justicia, pagó Sacresa a varios ex altos cargos de UM a cambio de resultar beneficiada de Can Domenge.

“Venganza” de la promotora

Muchos vieron en esta denuncia una “venganza” por la catalogación del edificio de Gesa. Recriminan que la promotora ni siquiera se había querellado en el momento en que su oferta fue descartada en la licitación de Can Domenge. Sin embargo, las dudas acerca de si Núñez y Navarro habría llevado este asunto a los tribunales si el inmueble ubicado en primera línea de mar no hubiese sido preservado nunca han sido resueltas.

Con la socialista Aina Calvo al frente de la alcaldía del Ayuntamiento de Palma, el Consistorio aprobó dotar la zona de espacios libres y comunitarios y ofreció a la constructora, como compensación, otros terrenos ubicados en segunda línea de la misma zona y con el doble de edificabilidad que los solares por los que inicialmente había apostado Núñez y Navarro. La promotora rechazó el canje y se enfrascó en una pugna que le llevó a presentar decenas de reclamaciones judiciales contra la corporación municipal y Endesa. Finalmente, el 17 de julio de 2014, el Tribunal Supremo condenaba a la eléctrica a devolver los 85,2 millones de euros que años antes había recibido por la venta del icónico edificio.

Tras la protección del edificio, Núñez y Navarro denunció a la antigua cúpula de UM por la adjudicación irregular de los solares de Can Domenge en lo que muchos consideraron una 'venganza'. Las dudas sobre si lo fue o no nunca han sido resueltas

Pese a los argumentos esgrimidos por la eléctrica en el sentido de que la demolición del inmueble no fue pactada como “obligación esencial”, el Alto Tribunal respondía que el objeto de la compra por parte de Núñez y Navarro residía en el aprovechamiento urbanístico proyectado sobre la finca de tal modo que “se partía, necesariamente, del derribo o demolición del edificio”.

Recuperación del edificio

Desde entonces, tanto PP como PSOE y los ecosoberanistas se han alternado en la alcaldía del Ayuntamiento y entre sus propuestas programáticas nunca falta qué hacer con el inmueble, que continúa deteriorándose ante la falta de mantenimiento y que, debido a su catalogación, no puede destinarse a uso residencial ni hotelero.

Si en 2007, con la llegada del PSOE al poder, la mole acristalada pasó a ser de propiedad municipal, en 2017 la Justicia revocaba la modificación urbanística de la fachada marítima planteada por los socialistas y condenaba al Consistorio a devolver a Endesa el edificio y tres solares anexos. A cambio, las fincas situadas en segunda línea que la corporación municipal había ofrecido entonces a Núñez y Navarro como canje por los de la primera línea volvían a ser de titularidad pública.

Ahora, el PP, de nuevo en el equipo de gobierno con el respaldo de Vox, quiere recuperar la antigua sede de Gesa para reconvertirla en un centro cultural. La intención del Ayuntamiento pasa por adquirirlo por 25 millones de euros: diez millones de euros procedentes de los fondos Next Generation y otros quince de las arcas públicas del Consistorio relativas a las “compensaciones que se mantienen pendientes con Endesa”. En el caso de la subvención de los fondos europeos, ésta debería solicitarse antes del 31 de diciembre de 2024.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, cree que el proyecto impulsará las posibilidades de la ciudad con vistas a obtener, en el año 2032, la declaración de capital europea de la cultura. El objetivo del gobierno conservador es “enriquecer la oferta cultural de la que dispone Palma, haciendo posible una mejor promoción de la ciudad como destino de interés histórico y cultural”, como apunta Martínez. Respecto a los litigios pendientes por parte de Endesa contra el Ayuntamiento, el primer edil popular estima que sobrepasan los 50 millones de euros, una cantidad que, con los intereses, que podría superar los 60 millones de euros.

El PP quiere reconvertir el inmueble en un centro cultural que impulse las posibilidades de Palma con vistas a obtener, en el año 2032, la declaración de capital europea de la cultura

Con todo, el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo local y la compañía energética para la compra del inmueble haría posible, según Martínez, la retirada de estas reclamaciones millonarias.

El Ejecutivo conservador señala que los servicios que formarán parte de la infraestructura incluirán la creación de un equipamiento cultural que ocupará cinco o seis plantas mientras que, por otro lado, se habilitarán dependencias como el Archivo General de Palma -que se integrará en este espacio-, un auditorio, una biblioteca, diferentes establecimientos de restauración que se ubicarán en el último piso, dos o tres plantas de carácter multifuncional, un museo de escultura al aire libre y otros usos ligados a la promoción de la innovación en el terreno de las artes.

Un “parque temático para turistas”

Desde la oposición, sin embargo, temen que la operación “hipoteque” durante años a la ciudadanía de Palma y que el inmueble se convierta en “una atracción turística”. No en vano, Rosario Sánchez, portavoz del PSOE en el Consistorio, considera que la propuesta ahonda en la idea de convertir la ciudad “en un parque temático para turistas”. “Es una pérdida de oportunidad utilizar estos fondos Next Generation en cuestiones relacionadas con la mejora de la resiliencia de nuestro territorio”, sostiene. La socialista incide en que este dinero podría haberse destinado a proyectos dirigidos a mejorar la movilidad sostenible, a regenerar zonas de turismo maduro, a la gestión de residuos o a la eficiencia energética. En definitiva, a la regeneración de un territorio “muy presionado por el turismo” y a propuestas que “mejoren la vida de los residentes”.

Por su parte, desde Més per Palma barruntan que la edificación se convertirá en un “gran museo franquicia”, “faraónico” y “contradictorio” que se proyectará como una “atracción turística” y que irá “en la línea de los pelotazos urbanísticos que impulsaban los gobiernos del PP durante los años anteriores a la crisis económica de 2008”. “Palma ya es una ciudad totalmente turistizada, donde la masificación perjudica la calidad de vida y el acceso a la vivienda de la población”, señala la ecosoberanista Neus Truyol, quien, por el contrario, considera necesario potenciar otros sectores económicos: “Tiene que haber una industria cultural, pero no dirigida a los turistas, sino a los residentes”.

La oposición considera que el nuevo proyecto 'hipotecará' durante años a la ciudadanía de Palma e irá 'en la línea de los pelotazos urbanísticos que impulsaban los gobiernos del PP durante los años anteriores a la crisis económica de 2008

Finalmente, Unidas Podemos considera que el proyecto es “pura marca PP”. “El PP quiere una Palma volcada en el turismo: un gran centro comercial gestionado por multinacionales y grandes capitales que siga gentrificando el centro de la ciudad y expulsando a sus residentes”, lamenta Lucía Muñoz, portavoz de la formación morada, en declaraciones a elDiario.es. Muñoz recrimina que, mientras se apuesta por este proyecto, el Ejecutivo conservador “renuncia a 13 millones de euros de fondos europeos para ampliar las peatonalizaciones, la red de bicicletas y los carriles bici”. “Apuesta por afrontar una inversión millonaria que endeudará la ciudad durante generaciones y que apenas repercutirá en la mejora de las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de Palma”, asevera.