Paralizados los desahucios en los trasteros alquilados ilegalmente por el policía local de Palma

Stop Desahucios Mallorca ha conseguido frenar este lunes los dos desahucios previstos en los trasteros de la calle Joan Miró de Palma. Los desvanes eran utilizados ilegalmente como viviendas por un policía local sancionado por el Govern con una multa de dos millones de euros por alquilar estas 68 infraviviendas. Según explicó la organización, los afectados son personas mayores con problemas de salud, una de ellas recién operada y aún en convalecencia, mientras que la otra necesita medicación fuerte y no dispone de ingresos debido a su estado de salud. Una de las personas percibe el ingreso mínimo vital como única fuente de recursos.

Ambos procedimientos de desalojo estarían motivados por el impago de las rentas que el agente cobraba en mano, a pesar de que tiene vigente una orden de alejamiento del edificio. De hecho, una de las afectadas se enteró este mismo lunes de la fecha del lanzamiento a través de la secretaria de su abogado de oficio, según relató Joan Segura, portavoz de Stop Desahucios.

Segura denunció que durante el juicio, esta persona se sintió muy presionada y llegó a firmar un acuerdo para abandonar su vivienda, aunque ante la falta de alternativas habitacionales ha permanecido en el inmueble hasta hoy, cuando finalmente se ha suspendido el desahucio. En el segundo caso, la comisión judicial habría intentado hacer firmar a la afectada una notificación de lanzamiento para el 17 de julio, pero la firma no se produjo al no haber asistido el procurador a la cita judicial.

Fin de los cortes de suministros

Desde Stop Desahucios exigen ahora la suspensión definitiva de los desalojos y piden que el Govern o el Ajuntament de Palma expropien los inmuebles como forma de pago de las sanciones impuestas al policía local, en un proceso similar al seguido en el caso de las Torres del Temple. Segura defendió que si se hizo con Fernando Palazuelo, también se puede actuar de la misma manera en este caso.

La organización también ha denunciado que los residentes en estos trasteros llevan una semana sin agua y con una potencia de electricidad muy limitada. Según vienen advirtiendo desde hace un año, se estarían produciendo cortes de luz y agua de forma recurrente, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de las personas que viven en estas condiciones.

El agente, propietario de estos espacios, fue detenido y sancionado con una multa de dos millones de euros por haber convertido 68 trasteros en infraviviendas. Otra motivación sancionable fue el alquiler de forma ilegal a personas en situación de extrema necesidad.