El Salvador frena el cumplimiento de un fallo de la CorteIDH por la masacre de El Mozote

El ex procurador de Derechos Humanos de El Salvador David Morales denunció públicamente este miércoles que el Ejecutivo de Nayib Bukele mantiene en “estado de parálisis” el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de 2012 por la masacre de El Mozote.

El director de Derechos Humanos de la organización Cristosal y ombudsman entre 2013 y 2016 señaló que el Gobierno de Bukele, quien asumió el poder el 1 de junio pasado, “no ha reanudado la coordinación” con las víctimas establecida por la pasada Administración para cumplir la sentencia.

Bukele recibió el 18 de junio a varios sobrevivientes de la referida masacre en la sede del Gobierno y se comprometió en seguir cumpliendo con las medidas de reparación dictadas en la sentencia de 2012.

“Estamos a varias semanas de esta reunión y no se ha producido una coordinación efectiva, por lo cual, el cumplimiento de la sentencia por parte del órgano Ejecutivo sigue en un estado de parálisis”, señaló Morales en una conferencia de prensa.

Añadió que un registro oficial de las víctimas de la matanza, cuya elaboración fue ordenada por la CorteIDH y que permite a los sobrevivientes acceder a medidas de reparación material, “no está funcionando”.

Destacó que la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, formado principalmente por sobrevivientes, “ha enviado una comunicación escrita al ministro de Gobernación (Mario Durán) para que dé respuestas”.

Explicó que esta situación “está preocupando mucho a la población, que espera que continúe el programa de reparación que estaba funcionando hasta mayo de 2019”, cuando dejó el Gobierno el izquierdista Salvador Sánchez Cerén.

Por otra parte, apuntó que la única medida que se ha “reactivado” tras el cambio de Administración es el comienzo de entrega de becas a “jóvenes descendientes de sobrevivientes”.

Estas declaraciones fueron dadas en durante una conferencia en la que la organización de derechos humanos Tutela Legal “María Julia Hernández” y Cristosal anunciaron la realización de nuevas diligencias judiciales contra los militares vinculados con la matanza.

Se espera que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (noreste) notifique este jueves tres nuevos cargos a 16 mandos militares por desaparición, desplazamiento forzado y tortura.

Estas personas son procesadas desde marzo de 2017 por los delitos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.

Se prevé que también se incluya en el proceso al coronel Gabriel Contreras, ex jefe de operaciones de la Fuerza Armada, por su supuesta participación en el “diseño” de la operación en la que se dio la masacre en 1981.

El proceso, en el que la masacre fue declarada un crimen de lesa humanidad se encuentra en la etapa de instrucción y han comparecido más de 30 testigos.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.