El acuerdo vigente para el uso del catalán, el euskera y el gallego en la UE ha costado 60.000 euros en siete años

España mantiene viva en la UE la petición de que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a introducir el tema en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales que se celebra en Luxemburgo este martes después de que hace un mes sus colegas le pidieran más tiempo e información para tomar una decisión. El compromiso de impulsar la oficialidad de esos idiomas es una de las exigencias de Junts para la investidura de Pedro Sánchez. El Gobierno en funciones hizo un guiño al asegurar que priorizaría el catalán en el “despliegue” y, para convencer al resto de socios europeos, aseguró que correría con los gastos de pasar de 24 a 27 lenguas oficiales. Por el momento, el acuerdo para usar las lenguas cooficiales en las instituciones ha supuesto sólo 60.000 euros para la administración central en siete años.

El impulso de las tres lenguas en la UE no es nuevo. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó un acuerdo administrativo para que pudieran utilizarse en algunas situaciones. Así, prevé que haya interpretación pasiva (aquella en la que el intérprete comprende la lengua y la traslada a otra lengua) en las reuniones ministeriales del Consejo de la UE y en las plenarias del Comité de las Regiones si previamente se realiza una solicitud “con antelación suficiente”. En el caso del Consejo, las interpretaciones a las lenguas cooficiales no ha repercutido en ningún coste a la administración española dado que están “están siendo realizadas por los propios servicios de interpretación de la UE”, según explica el director general de Integración y Coordinación de Asuntos generales de la UE, Salvador Rueda Rabanal, en una respuesta canalizada a elDiario.es a través del Portal de Transparencia.

“El único coste directo, y que da lugar a facturas que son cubiertas por los presupuestos del Estado español, son las interpretaciones pasivas a las lenguas cooficiales distintas del castellano realizadas en las reuniones plenarias del Comité de las Regiones”, señala la resolución. Entre 2016 y 2022, el gasto ha ascendido a 59.429 euros. Cada año oscila los 10.000 euros –el mínimo, 8.964 euros, en 2019, y el máximo, 10.995 euros, en 2017–, a excepción de 2020 en el que no hubo ningún coste debido a la pandemia.

El acuerdo suscrito también permite que los ciudadanos se dirijan en catalán, euskera y gallego al resto de instituciones (Comisión Europea, el Comité· Económico y Social, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y reciban la respuesta en la misma lengua. “Dichas traducciones no generan un coste directo para la administración central, ya que las solicitudes de traducción son remitidas a cada uno de los organismos designados en las comunidades autónomas donde existe una lengua co-oficial distinta del castellano, y son estos organismos los encargados de realizar las traducciones con sus propios medíos”, señala el ministerio en su resolución. 

En el caso de Catalunya, es el Departamento de Acción Exterior y Unión Europea el que asume dichas las traducciones (catalán-castellano y viceversa). “Las traducciones, son realizadas por los servicios lingüísticos internos del Departamento. No tienen, en consecuencia, un coste directo adicional para la administración”, señalan desde la Generalitat, que lamentan que el número de traducciones en base a los acuerdos vigentes es “extremadamente reducido”, una situación que atribuyen a que el “circuito” que deben pasar –dado que la comunicación tiene que pasar por la Representación Permanente de España ante la UE antes de ir a las instituciones de la UE porque sólo admiten textos en castellano y vuelta– “no es viable desde un punto de vista práctico”, informa Arturo Puente.

Más allá de esos datos y, a pesar de haber ofrecido a los 27 correr con los gastos, en el departamento que dirige Albares sostienen que no tienen una estimación de cuánto supondría para las arcas públicas asumir la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE y se remiten a la Comisión Europea.

“Los costes dependen de muchos factores individuales diferentes e implican la contratación de personal, pero también los procedimientos de contratación externa, así como los recursos lingüísticos, como bases de datos terminológicas, conjuntos de datos que alimentan las herramientas de traducción asistida por ordenador y la traducción automática”, explica un portavoz del gobierno comunitario.

El argumento de la “singularidad” española frente a otras lenguas minoritarias

Bruselas estima que el coste total de la traducción y la interpretación en todas las instituciones europeas (la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones) asciende a mil millones de euros al año –un 1% del presupuesto total de la UE, que cifra en unos dos euros por ciudadano–. Esos trabajos sirven para traducir los documentos más relevantes (fundamentalmente los legislativos) y tener servicios de interpretación simultánea en las reuniones oficiales para los 24 idiomas oficiales de la UE (todos ellos con reconocimiento oficial con carácter estatal en alguno de los Estados miembros). 

Albares se enfrenta a las dudas expresadas por los socios europeos respecto a la inclusión de esas lenguas en el catálogo de oficiales de la UE, que tienen que ver principalmente con las cuestiones financieras y legales. En el continente hay unas 80 lenguas minoritarias y el temor de alguno de los estados miembros es que la inclusión del catalán, el euskera y el gallego abra la espita para más reclamaciones. El principal argumento de Albares para intentar convencer a sus colegas –se requiere la unanimidad– es la “especificidad que constituye el caso español a diferencia de otros estados de la UE donde también existen lenguas regionales”. A lo que se refiere es a su reconocimiento constitucional y a la reciente inclusión de su oficialidad en el Congreso de los Diputados, además de la utilización en los correspondientes parlamentos autonómicos, según fuentes del ministerio.

“Esta reforma se circunscribe exclusivamente a España”, ha dicho Albares a su llegada a Luxemburgo, donde ha recordado, además, que esas lenguas tienen un “amplísimo uso” y se ha referido específicamente a los diez millones de hablantes de catalán: “Lo cual las hace muy relevantes con un número de hablantes muy superior a la mayoría de idiomas que estan representados en la mesa del Consejo”.  

Nadie en la UE considera, no obstante, que vaya a haber por ahora grandes progresos respecto a la admisibilidad de las tres lenguas en el catálogo de oficiales, pero en el Gobierno en funciones celebran que el asunto siga vivo.