La Fiscalía boliviana emite una orden de detención contra Evo Morales

Evo Morales

La Fiscalía boliviana ha emitido este miércoles una orden de detención del expresidente Evo Morales, a quien el autoproclamado Gobierno de Jeanine Áñez ha acusado de supuestos delitos de sedición y terrorismo.

El ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, ha compartido en Twitter una fotografía del documento en el que se ordena aprehender a Morales, refugiado en Argentina, y trasladarlo ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para "prestar su declaración informativa".

La orden no podrá sin embargo ser ejecutada, debido a que la confirmación del estatus de "refugiado" por parte del Gobierno de Argentina, país en el que se encuentra Morales desde la semana pasada procedente de México, imposibilita, según fuentes del ejecutivo consultadas por EFE, "cualquier posibilidad de extradición". Morales aseguró el pasado martes en una rueda de prensa en ese país que fue víctima de un "golpe de Estado" y que no teme ser detenido.

El Gobierno interino de Bolivia presentó el pasado noviembre una denuncia contra Morales por delitos de terrorismo y sedición, al acusarle de incitar a la violencia contra el Ejecutivo autoproclamado de Áñez desde su asilo en México. Dicha denuncia se sustenta en pruebas como un vídeo en que se escucha una voz atribuida a Morales, cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes.

La voz, procedente de una llamada supuestamente realizada desde México, incitaba a un dirigente cocalero en Bolivia, contra quien también hay una orden de aprehensión, a mantener bloqueadas las ciudades para impedir el ingreso de alimentos.

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre denunciando un golpe de Estado para derrocarlo, tras publicarse esa misma jornada un informe previo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que advertía "graves irregulares" en las elecciones del 20 de octubre en las que fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo. El informe final de la OEA estableció una "manipulación dolosa" en las elecciones, ahora anuladas por una ley de urgencia que prevé nuevos comicios a comienzos de 2020, aún sin fecha.

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