Un mes de protestas en Chile: “El legado de la dictadura fue una clase política incapaz de satisfacer nuestras demandas”
A la sombra de los árboles del Parque Almagro, en Santiago, cientos de chilenos se sientan a conversar y pensar sobre el pasado, el presente y el futuro de su país. Una muestra más de las decenas de miles de personas que en todo Chile se están reuniendo de forma espontánea en encuentros municipales paralelos a las huelgas y manifestaciones que desde hace un mes se suceden en el país.
Este viernes de madrugada, el Gobierno de Sebastián Piñera y la oposición acordaron una hoja de ruta para elaborar una nueva Constitución. En abril de 2020, se celebrará una consulta que preguntará a la ciudadanía si quiere una nueva Carta Magna y, en caso afirmativo, qué tipo de órgano debería redactarla. El acuerdo trata de paliar la crisis social que atraviesa el país desde hace cuatro semanas, con manifestaciones masivas y pacíficas junto a fuertes disturbios.
“Estas últimas semanas han sido agotadoras física y emocionalmente”, dice Florencia Olivares, de 27 años. “Protestamos todos los días, asfixiados por los gases lacrimógenos y sin saber cómo va a terminar esto, pero ver a la gente reunirse para debatir sobre un futuro mejor me hace sentir esperanza”.
En un mes en el que el presidente Piñera ha oscilado entre intentos de acercamiento y amenazas de nuevas medidas de represión, muchos chilenos se han cansado de esperar que las soluciones vengan del Gobierno y están abordando ellos mismos las raíces de la crisis.
Conocidos popularmente como 'cabildos', estos encuentros autogestionados se están celebrando en todo Chile y hasta en lugares tan lejanos como el Reino Unido, Australia y Canadá. En la reunión del Parque Almagro, las conversaciones bajan de tono y se transforman en silbidos y abucheos cuando un vehículo de la Policía pasa por la zona cubierto de pinturas y abolladuras de anteriores enfrentamientos con los manifestantes.
Según los organizadores, este encuentro tiene como objetivo que se siga hablando del problema medioambiental pese a la cancelación de la cumbre sobre cambio climático COP25 que debía celebrarse en diciembre en Santiago y fue trasladada a Madrid debido al malestar social. Además de la COP25, el Gobierno chileno también se ha visto obligado a anular la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) programada para esta semana.
Al menos 23 personas han muerto en cuatro semanas de protestas, según el último balance oficial. De acuerdo con las últimas cifras del Instituto de Derechos Humanos de Chile, un total de 6.046 personas han sido arrestadas y hay 2.209 heridas. Muchas de ellas estás hospitalizadas por heridas provocadas con armas de fuego. El Instituto también informó sobre 319 denuncias judiciales contra la policía y el ejército por homicidio, tortura y violencia sexual.
Los 450 cabildos convocados a lo largo del país han reunido a más de 15.000 personas, según los datos de Unidad Social, una coalición formada por 115 sindicatos y otras organizaciones civiles, que ha colaborado proporcionando directrices a estas asambleas y registrando el resultado de sus deliberaciones.
En casi todos los grupos sociales, profesiones y disciplinas académicas, se han organizado cabildos con el objetivo de reformar áreas específicas. Un evento organizado en Santiago por el Colo-Colo, uno de los equipos de fútbol más importantes de Chile, juntó a 1.500 personas en su estadio Monumental.
“Cualquiera puede organizar un cabildo, independientemente de su política, fe o grupo social”, dice Camilo Mansilla, uno de los organizadores de Unidad Social. “El legado de la dictadura [de Augusto Pinochet] y de los Gobiernos que vinieron después fue una clase política incapaz de satisfacer nuestras demandas; así que nos estamos organizando para recuperar la soberanía sobre nuestras comunidades y nuestro territorio”.
Aunque las conclusiones de las reuniones no son vinculantes, un equipo de Unidad Social está analizando las propuestas de cada cabildo. Hasta el momento, la demanda más extendida ha sido la celebración de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. La actual fue diseñada por los asesores de confianza del dictador Augusto Pinochet y ratificada en un dudoso referéndum de 1980.
Si bien ha sido reformada en varias ocasiones, la Constitución sigue haciendo hincapié en la propiedad privada sin mencionar la protección medioambiental ni garantizar el derecho al agua o a la vivienda. Todo un símbolo para los manifestantes que quieren atajar de raíz la esencia del modelo neoliberal.
En una encuesta reciente, el 78% de los consultados dijo ser partidario de una nueva constitución y hay políticos en todo el espectro apoyando una reforma, que necesitaría una aprobación de dos tercios en el Congreso y en el Senado.
Muchos manifestantes creen que la sociedad civil necesita participar directamente en el proceso constituyente. “Necesitamos cambiar la Constitución y el pueblo quiere tener un papel activo, pero no podemos hacerlo sin una Asamblea Constituyente”, dice Olivares. “Si queremos ver un cambio real, es ahora o nunca”.
Traducido por Francisco de Zárate.
