El delito de votar: por qué una mujer de Texas se enfrenta a cinco años de prisión
Cuando esta semana Crystal Mason comparezca frente a un tribunal federal en Fort Worth, Texas, sus abogados le han advertido que esté preparada para lo peor. Haz la mochila, habla con tus hijos y estate lista para ir a prisión.
A medida que se acerca la audiencia judicial del 30 de agosto, Mason se encuentra incapaz de seguir el consejo de sus abogados. “¡No, no estoy preparada! ¡No puedo ir a prisión! ¡No puedo dejar a mis hijos”, dice.
Mason, una mujer de 43 años con tres hijos, ha sido condenada a pasar cinco años en una prisión de Texas y posiblemente algún tiempo adicional en una cárcel federal. Todo porque cometió el delito de votar.
El 8 de noviembre de 2016, mientras el mundo contenía la respiración esperando los resultados del duelo de Donald Trump y Hillary Clinton, Mason entró a un centro de votación de Fort Worth a cumplir con su deber cívico como ciudadana estadounidense. Para su sorpresa, su nombre no estaba registrado en el censo electoral, así que votó de forma provisional hasta que se revisara la información.
En letra pequeña, el papel decía: “Comprendo que votar en una elección sin estar registrado en el censo es un delito de segundo grado”. Mason no leyó esas palabras, sino que se concentró en completar correctamente sus datos personales.
Tampoco sabía que, según las estrictas leyes electorales de Texas, ella no estaba en el censo electoral. Como fue condenada previamente por fraude fiscal, algo por lo que pasó cinco años en prisión y por lo que ahora está en libertad condicional, es una de los 500.000 texanos excluidos del proceso electoral.
Tres meses después de la victoria de Trump, Mason fue llevada ante un tribunal de Fort Worth, la esposaron y pasó la noche en la cárcel. Se pasó la noche entera rezando. “Dios, ¿cómo llegué aquí?”, lloraba.
Aquel fue sólo el principio de su descenso al infierno. Mientras pasa por lo que podría ser su última semana en libertad en mucho tiempo, la historia de Mason dice mucho sobre la forma en que Texas y otros estados controlados por el Partido Republicano están utilizando las urnas como un arma de intimidación diseñada para reducir la participación de gente que podría votar a sus oponentes políticos.
En marzo, Mason recibió su sentencia de cinco años de prisión por haber votado ilegalmente y ahora está apelando basándose en que la ley de Texas que prohíbe que los exconvictos voten está redactada de forma vaga y confusa. Además, se enfrenta a la posibilidad de que en la vista de esta semana le envíen de vuelta a una cárcel federal por haber violado las condiciones de la libertad condicional.
“No tiene ningún sentido”, comenta a the Guardian en un encuentro en Friendship-West, la iglesia baptista a la que asiste en la ciudad de Dallas, a pocos días de la vista. “¿Por qué habría querido votar si hubiera sabido que no podía? ¿Cuál habría sido mi intención? ¿Qué podía ganar al arriesgarme a perder a mis hijos, perder a mi madre, potencialmente perder mi casa? Podría perderlo todo, y todo por votar”. Un voto que, por ser provisional, ni siquiera fue contabilizado.
Existe una cruel ironía en la difícil situación que enfrenta Crystal Mason. Si bien es cierto que Fort Worth tiene un problema democrático enorme –llamarlo crisis no sería exagerado–, su condena sugiere lo contrario.
Una democracia que marchita
La crisis no es que la gente esté votando ilegalmente, sino que casi nadie vota. Con una población de casi 900.000 personas, Fort Worth es la decimoquinta mayor ciudad del país, con una boyante vida cultural y un floreciente sector comercial. Aun así, no logra convencer a su población para que vote.
En 2016, investigadores de la Universidad Estatal de Portland compararon la participación en elecciones de la alcaldía en 50 ciudades de Estados Unidos y revelaron que Fort Worth está abajo del todo en la lista junto con su vecino del lado oriental, Dallas. Ambas ciudades tiene una participación electoral de sólo el 6%.
Las cifras son aun más alarmantes en los votantes jóvenes: la participación de personas de entre 18 y 34 años en la ciudad ronda el 1,5%.
Estas cifras quitan el sueño a la alcaldesa de la ciudad, Betsy Price. “Me molesta mucho que no podamos conseguir una participación más alta”, afirma en el ayuntamiento. “Una de mis mayores preocupaciones es que la gente joven no vota, y aun así las decisiones que tomamos hoy tendrán un impacto en sus vidas durante décadas”.
Mientras se acercan las elecciones de mitad de legislatura en noviembre, Estados Unidos se enfrenta a la dura realidad de que su democracia, si la definimos en función del nivel de participación de sus votantes, se está marchitando.
Las elecciones de mitad de legislatura de 2014 vieron cómo la participación en todo el país caía al 36%, la más baja en 70 años. Texas fue el Estado con la participación más baja de Estados Unidos, con un 28,5%, detrás de Indiana con el 28%.
Con tan bajos niveles de participación, se esperaría que los políticos intentaran con igual urgencia aumentar la concurrencia a las urnas. Pero tanto a nivel nacional como estatal en Texas, la respuesta de los republicanos ha sido la opuesta: han llevado adelante una serie de esfuerzos para reducir la participación.
El engaño del fraude generalizado
Días después de entrar a la Casa Blanca, Donald Trump alegó sin pruebas que en las elecciones presidenciales de 2016 hubo tres millones de votos fraudulentos, una cifra muy conveniente que encajaba precisamente con el margen de votos en que le superó Hillary Clinton.
Tras aquel acto de alarmismo infundado, Trump autorizó la creación de una “comisión presidencial para la integridad electoral”, liderada por el gurú de la reducción de la participación, el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach. En unos meses, la comisión se había metido en múltiples conflictos legales, no logró presentar datos convincentes sobre fraude electoral y finalmente fue disuelta.
En Texas, la legislatura estatal controlada por el Partido Republicano ha estado en la primera fila de una serie de esfuerzos para restringir los controles al acceso a las urnas. Ha presentado estrictas leyes de identificación de votantes que, según concluyeron varios fallos de tribunales federales, resultaron ser discriminatorias contra los votantes negros e hispanos (la ley luego fue ratificada por un tribunal de apelaciones).
Igual que Trump con su “integridad electoral”, los republicanos de Texas han intentado justificar sus restricciones al acceso a las urnas señalando un supuesto fraude generalizado. Sin embargo, un fallo del tribunal de apelaciones del quinto circuito de Estados Unidos concluyó que en más de una década sólo han existido dos condenas por fraude electoral en Texas.
Esto nos trae de vuelta a Crystal Mason y la sentencia de cinco años a la que se enfrenta por presentar un voto provisional.
Mason no es la única votante de Fort Worth en peligro de ir a prisión a causa de las estrictas leyes contra un imaginado fraude electoral generalizado. En febrero de 2017, Rosa Ortega, una mujer de 37 años, madre soltera de cuatro niños, fue hallada culpable de votar dos veces ilegalmente. Cuando se mudó a Fort Worth, Ortega se registró en el censo electoral, pensando equivocadamente que al ser inmigrante hispana con residencia legal en Estados Unidos tenía derecho al voto.
Tras un juicio de tres días, fue hallada culpable de votar sin ser ciudadana estadounidense y la condenaron a ocho años de cárcel, tras los cuales será casi seguro deportada. “Este caso demuestra que en Texas nos tomamos muy en serio el mantener seguras nuestras elecciones”, dijo sobre el fallo Ken Paxton, fiscal general republicano del estado.
“Quería dar un buen ejemplo a sus hijos”
The Guardian buscó a Ortega pero no la pudo encontrar. Se cree que huyó del país antes de ingresar en prisión. Su abogado defensor durante el juicio, Clark Birdsall, asegura que el veredicto le dejó pasmado: “Mi cliente votó porque pensó que tenía derecho a hacerlo. Quería dar un buen ejemplo a sus hijos, mostrarles que votar es una parte importante de la vida estadounidense”.
Birdsall señaló que en contraste con las fuertes condenas a Ortega y Mason –dos mujeres, una hispana y una afroamericana, que insisten en que votaron equivocadamente–, en abril un juez blanco del condado de Tarrant que incluye a Fort Worth se declaró culpable de falsificar multitud de firmas para lograr ser reelegido. El delito de Russ Casey fue consciente según, su propia confesión, y aun así sólo lo condenaron a libertad condicional.
La abogada de Crystal Mason, Alison Grinter, expresa un grado similar de incredulidad sobre lo que le ha sucedido a su cliente. Grinter señala que, en su opinión, la agresiva persecución de Mason que llevó a cabo Sharen Wilson, la fiscal de distrito republicana para el condado de Tarrant, podía ser considerada intimidación electoral. “La población negra en Fort Worth oye sobre este caso y entiende que no es bienvenida en las urnas”, afirma. Una portavoz de Wilson se negó a hacer declaraciones sobre el caso.
La opinión de Grinter sobre la situación de Crystal Mason como votante negra enfrentándose a una larga condena a prisión se ve respaldada por una investigación académica que remarca el cambio demográfico en la ciudad. A medida que Fort Worth ha ido creciendo, ha atraído a cada vez más población afroamericana e hispana y la mayoría de los votantes registrados ahora pertenecen a minorías que suelen favorecer al Partido Demócrata: el 34% son hispanos, el 19% afroamericanos, el 4% asiáticos y el 42% blancos.
Pero a diferencia de otras grandes ciudades de Texas como Dallas, Houston y San Antonio, que se han vuelto demócratas en los últimos años, los líderes políticos de Fort Worth siguen siendo mayormente republicanos y blancos.
“Las minorías de Fort Worth no están representadas en relación a la cantidad de habitantes que son”, indica Emily Farris, profesora de Ciencia Política de la Universidad Cristiana de Texas. “A medida que crece la población negra y latina, los gobernantes se preocupan más sobre cómo harán para mantenerse en el poder”.
El impacto de las tácticas para reducir la participación electoral se ve claramente en barrios afroamericanos de Fort Worth como Stop Six, una zona al este de la ciudad que tomó su nombre de la sexta parada del tranvía de principios del siglo XX. Un grupo de residentes afroamericanos del barrio dice conocer el caso.
Jesse Davis, que tiene el nombre del barrio tatuado en el pecho, cuenta que lo que le sucedió a Mason le ha hecho reflexionar. “Me hace pensar. Yo no conozco las leyes electorales, no sé las condiciones que existen para votar. Entonces quizás me equivoque al votar y acabe en prisión”.
El martirio de Crystal Mason es que además ella nunca había tenido la intención de votar, sino que fue su madre quien la convenció. “Ella quería ser buena madre. Siempre ha sido así: ‘si puedes votar, hazlo, tienes que hacer que se escuche tu voz’”.
Tras su condena hace cinco meses, Mason perdió un buen empleo en un banco de Fort Worth. El jefe le dijo que tenía que echarla por temor a que su caso les trajera “publicidad negativa”.
Uno de los inquietantes efectos secundarios de la condena es que los hijos de Mason ahora dicen que nunca irán a votar. “Es muy desalentador”, dice ella. “Es necesario que mis hijos voten, pero ahora dicen que no lo harán porque no se pueden fiar de la letra pequeña”.
Traducido por Lucía Balducci
