Marine Le Pen ha sido condenada por corrupción, ¿y ahora qué?

Marine Le Pen ha anunciado que se presentará como candidata a las elecciones presidenciales francesas del año que viene después de que una sentencia judicial sobre su recurso contra una condena por malversación de fondos públicos le haya permitido presentarse.

Sin embargo, el camino que tiene por delante dista mucho de ser sencillo.

A continuación se analiza la sentencia, los antecedentes del caso, la reacción de Le Pen y lo que podría suceder a continuación en la carrera por suceder a Emmanuel Macron como presidente de Francia.

¿Qué decidió el tribunal?

El tribunal de apelación ha confirmado la sentencia dictada en marzo de 2025 por un tribunal de primera instancia, que declaraba a Le Pen culpable de malversación de fondos de la UE. No obstante, redujo la duración de ambas partes de la pena original: la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la pena de prisión, parcialmente suspendida.

El tribunal de apelación impuso a la tres veces candidata a la presidencia —que ha transformado su partido de extrema derecha, el Agrupación Nacional (RN), pasando de ser un grupo marginal extremo a convertirse en el partido con mayor representación en el Parlamento francés— una inhabilitación de 45 meses para ejercer cargos públicos, de los cuales 30 meses fueron suspendidos.

Tras declararla culpable de malversación de fondos públicos europeos en su calidad de eurodiputada y entonces presidenta de RN, el tribunal dictaminó además que Le Pen, de 57 años, deberá cumplir una pena de tres años de prisión, de los cuales dos suspendidos y el tercero bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica.

En marzo de 2025, el tribunal de primera instancia había condenado a Le Pen a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, con efecto inmediato, y a una pena de cuatro años de prisión, de los cuales dos serían condicionales, lo que, en la práctica, supuso la suspensión de su cuarta candidatura a la presidencia de Francia hasta que se resolviera el recurso de apelación.

¿De qué trata el caso?

Junto con 23 antiguos eurodiputados, asistentes y contables, así como el partido Agrupación Nacional, Le Pen fue acusada de dirigir un sistema que utilizaba fondos destinados a la contratación de asistentes del Parlamento Europeo para pagar al personal que trabajaba para el partido en Francia.

Se sospechaba que los acusados habían malversado 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016, en un primer momento bajo la dirección de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine, y, a partir de 2011, bajo el de ella misma. Entre los empleados declarados como asistentes parlamentarios figuraban un secretario personal y un guardaespaldas.

“Marine Le Pen se impuso con autoridad y determinación dentro del marco establecido por su padre”, dictaminó el tribunal de primera instancia, desempeñando un “papel fundamental” en la “optimización” de un sistema diseñado para “ahorrar dinero [al partido] gracias al Parlamento Europeo”.

Le Pen afirmó que su partido era víctima de una “caza de brujas” y, junto con otras diez personas, interpuso un recurso de apelación, negando durante su segundo juicio que su partido contara con ningún tipo de sistema destinado a malversar fondos de la UE, y afirmando que había actuado con “total buena fe”.

Destacadas figuras nacionalistas, como Viktor Orbán en Hungría y Matteo Salvini en Italia, denunciaron la sentencia del tribunal de primera instancia como una “violación de las normas democráticas”, mientras que Donald Trump la calificó de “asunto muy importante”, comparándola con sus propias batallas legales en Estados Unidos.

¿Qué supone la última sentencia para Le Pen?

El tribunal de apelación declaró tras su fallo que su objetivo había sido “evaluar la sanción a la luz de cualquier vulneración del derecho a presentarse a las elecciones”, argumentando que “la libertad de elección de los votantes —un requisito previo para la expresión del voto democrático— debe tenerse en cuenta”.

Eso es exactamente lo que hizo: al reducir, en la práctica, su inhabilitación para ejercer cargos públicos a 15 meses (45 meses en total, con 30 meses de suspensión), garantizó que, en principio, pudiera presentarse a las elecciones presidenciales, ya que los 15 meses comenzaron con la sentencia del tribunal de primera instancia en marzo del año pasado.

Sin embargo, al ordenarle llevar un dispositivo electrónico durante un año, se le hace muy difícil, tanto desde el punto de vista político como práctico. Sin embargo, las condiciones exactas del arresto domiciliario y la vigilancia electrónica deberán ser decididas por otro juez en las próximas semanas.

En principio, una orden de “arresto domiciliario con vigilancia electrónica” implica salir de casa únicamente durante un horario fijo y previamente acordado para dirigirse a destinos fijos y previamente acordados. Se pueden solicitar excepciones puntuales, pero no hay ninguna garantía de que se concedan.

¿Qué significa esto para las elecciones?

Le Pen había afirmado en repetidas ocasiones que no se presentaría a las elecciones presidenciales si se le obligaba a llevar una tobillera electrónica, alegando que le resultaría imposible hacer campaña de forma eficaz con sus movimientos restringidos.

Anteriormente, también había descartado recurrir al máximo tribunal de Francia, el Tribunal de Casación —que ha señalado que, si se le pidiera que evaluara el caso, dictaría sentencia antes de las elecciones—, alegando que la incertidumbre pondría en peligro las posibilidades de su partido.

Sin embargo, Le Pen anunció el martes por la noche que, efectivamente, iba a llevar su caso ante la máxima autoridad judicial francesa, afirmando que quiere “agotar todas las vías legales” a su alcance para defender su “inocencia” y argumentando que “el pueblo decidirá”.

Llevar su caso ante el tribunal de última instancia significa que la orden del tribunal de apelación de llevar una tobillera electrónica no se aplicará hasta que se dicte una sentencia definitiva. “Esta noche soy candidata a las elecciones presidenciales”.

RN ya había empezado a prepararse para la posibilidad de que su protegido de 30 años, Jordan Bardella, fuera su candidato en su lugar, pero la decisión de Le Pen aplaza esa posibilidad, al menos hasta que el Tribunal de Casación dicte su sentencia.

Las encuestas indican que cualquiera de los dos candidatos de RN, Le Pen o Bardella, ganaría con holgura la primera vuelta, prevista para el 18 de abril. Las previsiones para la segunda vuelta están divididas y algunas encuestas apuntan a que un candidato de centro, el ex primer ministro Édouard Philippe, podría salir victorioso.