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La ultraderecha italiana convierte en un símbolo de su lucha ideológica a un joyero que asesinó a dos atracadores

La primera ministra italiana Giorgia Meloni, y el vice primer ministro italiano Matteo Salvini.

Joan Mas Autonell

Roma —
25 de julio de 2026 22:46 h

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A la espera de los comicios de 2027, la ultraderecha italiana tiene un nuevo símbolo que encarna su discurso de línea dura en materia de seguridad. Es Mario Roggero, joyero de 72 años de la región de Piamonte, condenado a casi 15 años de prisión por disparar y matar a dos ladrones que huían tras atracar su negocio en 2021. El caso adquirió mucho peso mediático y desató críticas por parte del Gobierno de Giorgia Meloni contra el poder judicial, con el cual está enfrentada. La mandataria tachó la sentencia de “desproporcionada”, después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena y el joyero entrara en prisión este mes de julio. La coalición que lidera Meloni pide ahora el indulto, abriendo un debate sobre los límites de la legítima defensa, en el que incluso ha intervenido Elon Musk.

“¡Esto es una locura! El juez y fiscal en este caso son los que merecen esta sentencia”, dijo el 19 de julio a través de X el magnate norteamericano, en otra injerencia en asuntos internos de Italia que muestra el gran impacto del caso, más allá del país transalpino. Dentro del país, los sectores ultraderechistas han abanderado la causa del joyero, en una creciente competición con tintes electorales, de cara a las generales del próximo año.

Dos de las fuerzas más activas en esta batalla ideológica son Fratelli d'Italia (el partido de Meloni) y la Lega (de su viceprimer ministro, Matteo Salvini). Pero a ambas formaciones de extrema derecha les ha salido un competidor aún más ultra, el militar Roberto Vannacci, que con su nuevo partido Futuro Nazionale podría tener más votos que la Lega, según los sondeos.

De hecho, su irrupción con ideas supremacistas recrudece el discurso del conjunto de la ultraderecha, que usa la historia del joyero como propaganda, tal y como apuntan analistas y denuncia la oposición de centroizquierda, que ha acusado al Gobierno de transformar un asunto legal “en una contienda propagandística sobre la seguridad”.

Condenado a casi 15 años de prisión

El pasado 15 de julio, el Tribunal de Casación (equivalente al Supremo) confirmó la condena a 14 años y nueve meses de prisión para Roggero, ahora encarcelado en Bollate, cerca de Milán. Tras un largo periplo, el tribunal rechazó el recurso de la defensa del joyero, que alegaba que este actuó en legítima defensa el 28 de abril de 2021, cuando sufrió un atraco en su joyería de la localidad piamontesa de Grinzane Cavour, en el norte de Italia.

El único tema que le queda a la derecha para ganar consenso electoral es la seguridad, por eso el caso de Roggero se hizo tan importante para ella

Roberto Cornelli Profesor de Criminología y Política Pública en la Universidad de los Estudios de Milán

Los atracadores entraron en su tienda con pistolas y cuchillos que después resultaron ser falsos. Amenazaron a Roggero, su esposa y su hija y vaciaron la caja fuerte antes de huir. Ya en la calle, cuando se subieron al coche, el comerciante les persiguió y disparó, matando a dos de ellos e hiriendo a otro, lo que llevó a la Justicia a rechazar su alegación de que actuó en defensa propia; también consideró que su reacción no respondió a un peligro inminente y, por consiguiente, le condenó por doble homicidio e intento de homicidio.

“Me han querido condenar a cadena perpetua”, decía el joyero en un vídeo en su cuenta de Instagram el 17 de julio, poco antes de entrar en prisión, en un post con 785.000 'me gusta'. Según Roggero, su sentencia es una condena de por vida, porque acabará de cumplir su pena con 86 años. “He hecho una vida entera de sacrificios, dedicándome a mi familia y empleo. Me remangué desde joven y puse en marcha este negocio”, contaba en otro post desde su joyería, apelando a su honradez y a la cultura del esfuerzo, con un discurso que conecta con las posturas de la derecha. Además, Roggero nunca mostró arrepentimiento por sus acciones y eso le convierte en una figura que puede reivindicar tanto la ultraderecha gubernamental como la que no está en el poder.

Campaña en torno a la seguridad

“El único tema que le queda a la derecha para ganar consenso electoral es la seguridad, por eso el caso de Roggero se hizo tan importante para ella”, dice a elDiario.es Roberto Cornelli, profesor de Criminología y Política Pública en la Universidad de los Estudios de Milán. En su opinión, tras el fracaso de los principales proyectos políticos que el Gobierno se marcó en la actual legislatura (2022-2027), como la reforma judicial, Fratelli d’Italia y Lega aprovechan ahora el caso “para desviar la atención”. Los pasados años transmitieron la idea de que la inseguridad se propagó en Italia, con un discurso de línea dura en orden público o la aprobación de leyes que criminalizan la disidencia y agravan penas.

Cornelli alerta de los ataques crecientes contra el poder judicial, cuando las decisiones tomadas por los jueces se perciben como contrarias a los intereses derechistas. Sucedió en el caso del joyero y en otros anteriores, por ejemplo, cuando la Justicia italiana invalidó el plan del Ejecutivo de Meloni de enviar a migrantes a centros de detención en Albania. “Cada vez que hay una resolución judicial en dirección opuesta a lo que quiere la derecha, se convierte inmediatamente en un motivo para atacar al poder judicial y crear polémica mediática”, afirma el docente, quien advierte sobre las continuas ofensivas del Gobierno para erosionar y “seguir socavando” el sistema judicial.

El mensaje que se transmite a la población es que cada persona, al menos en ciertas situaciones, puede reaccionar según su criterio ante circunstancias que considere peligrosas y actuar como juez de sí mismo

Mariano Croce Experto en Filosofía del Derecho y docente en la Universidad de La Sapienza de Roma

El caso de Roggero ha copado titulares este mes, lo que se ve reflejado en el amplio alcance de su perfil en redes sociales, donde acumula 379.000 seguidores en Instagram y TikTok, más que muchos políticos de primera línea como Antonio Tajani, ministro de Exteriores y líder de Forza Italia (partido del difunto Silvio Berlusconi), que también pide indultar al joyero. En Italia, solo el presidente de la República puede indultar a un condenado. La semana pasada, el presidente Sergio Mattarella convocó al ministro de Justicia, Carlo Nordio, para recordarle que la concesión de la gracia está sólo en su poder, después de que trascendiera que el Ejecutivo inició procedimientos para valorar vías de indulto a Roggero, algo que pidió la misma Meloni.

“No se puede condenar a ocho años a pedófilos o a menos de diez años para casos de violación en grupo para después castigar a morir en la cárcel a este joyero. Hay un problema de proporcionalidad en las penas”, declaró la primera ministra, que mostró comprensión por la reacción del joyero tras sufrir un primer atraco en 2015. “¿Quién puede juzgar el dolor, el trauma, el estrés y el miedo de este hombre?”, preguntó Meloni. “Si se sufre una agresión, nuestro cerebro y nuestro físico entran en 'modalidad de combate”, agregó la primera ministra. Tras la condena al joyero, Meloni recordó que ha impulsado una propuesta de ley que evitaría el pago de indemnizaciones a familiares de ladrones muertos en casos como el de Roggero –quien tuvo que desembolsar hasta 780.000 euros para los parientes de las víctimas, a modo de indemnización provisional–.

Reforma

Ante esta situación, Matteo Salvini, conocido por sus posturas racistas, tomó un papel aún más activo en el asunto. Visitó dos veces al joyero en prisión y aseguró que le gustaría que sea candidato de su partido en las elecciones del próximo año para que adquiera de esa forma inmunidad parlamentaria. También ha planteado un proyecto de ley para ampliar lo que se puede hacer en nombre de la legítima defensa, anulando el castigo penal para quien actúe frente a un asalto armado a una vivienda o negocio y socavando bases jurídicas clave para valorar esa acción, como la proporcionalidad.

“Se propone una reforma con base en la idea de que cualquier tipo de defensa es legítima. La meta es quitar al juez el poder de valorar la necesidad o proporcionalidad de la acción de defensa y de considerar si esa acción es lícita”, explica Cornelli. “Esto implica dar licencia para matar a quien cometa un delito contra la propiedad, dando la opción de que se haga justicia por medios propios persiguiendo o matando a un ladrón, como pasó con Roggero”, agrega. Según el analista, hay otro elemento presente históricamente en la ultraderecha italiana, que “quiere eliminar las restricciones sobre la posesión de armas”, inspirada en Estados Unidos, donde “la cultura que da licencia para matar a quien entre en propiedad privada está muy establecida”.

Para muchos, esta idea se extendió en los pasados años, con la difusión del trumpismo entre la ultraderecha europea. “El mensaje que se transmite a la población es que cada persona, al menos en ciertas situaciones, puede reaccionar según su criterio ante circunstancias que considere peligrosas y actuar como juez de sí mismo”, dice a elDiario.es Mariano Croce, experto en Filosofía del Derecho y docente en la Universidad de La Sapienza de Roma.

“En su afán de obtener réditos electorales, la derecha italiana busca legitimar una creciente violencia privada que agrava los problemas de seguridad en vez de resolverlos, sobrepasando límites impuestos por la Constitución”, critica el académico. De esta forma, la derecha “capitaliza emociones generalizadas, como el miedo al crimen y la sensación de abandono estatal”, y pretende retratar el sistema judicial “como distante, hostil y arbitrario”.

Para Cornelli, esta perspectiva derechista se basa en una manipulación de la realidad, “partiendo de la premisa de que el Estado no es capaz de defender a sus ciudadanos”. Destaca que “es erróneo”, ya que “en Italia se redujeron los homicidios y la violencia en las últimas décadas, justo porque se afirmó el principio de que uno no hace justicia para sí mismo, sino que el Estado interviene y castiga a quien comete un delito”.

Todo indica que el caso del joyero seguirá presente en el debate político hasta las elecciones generales, previstas para octubre de 2027, pero que podrían adelantarse unos meses. La familia de Roggero clama por el indulto o porque se le conceda el arresto domiciliario, a la espera de que el jefe de Estado se pronuncie, en una historia que fue mucho más allá de un atraco con homicidio y forma ya parte de una cruzada ideológica que marcará la campaña electoral.

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