Violencia de género en Italia: el doble de mujeres asesinadas que en España

Tal vez existe un caso que puede explicar el abismo que separa a Italia y España con respecto a la violencia de género. Juana Rivas acaba de recibir la medida de gracia por excelencia por parte del Estado español, que decidió la semana pasada concederle el indulto parcial que reducía su pena y anulaba su inhabilitación sobre la patria potestad de sus hijos. En Italia no han progresado ninguna de las múltiples denuncias de maltrato hacia el padre, Francesco Arcuri, mientras que en España fue condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar.

Desde que la granadina fue condenada por sustracción de menores en 2016, los hijos viven con el padre. Ahora se acaba de revisar la custodia. La magistratura italiana permite algo que en España está prohibido desde este mes de septiembre: que un padre vinculado a un proceso civil por maltrato conviva o vea a sus hijos. “Esto es un caso de violencia vicaria, pero en Italia no se reconoce este tipo de problema porque culturalmente aún existe un retraso que impide hacer un razonamiento pegado a la realidad”, dice la abogada de Juana Rivas, Ada Marseglia.

La ley española

Los datos muestran realidades diferentes en Italia y en España. Desde 2003, los casos contados como feminicidio en Italia son el doble que en España, 9,4 y 4,6 respectivamente por cada 100.000 mujeres. Esto significa 2.853 mujeres asesinadas en Italia y 1.114 en España en el mismo período.

La política socialista y feminista Amparo Rubiales asegura que, a diferencia de Italia, España ha sido líder en combatir la violencia de género. “Cuando se crea el Ministerio de Igualdad por primera vez con Bibiana Aído, ella llevó a una reunión en la Unión Europea la necesidad de que hubiese un recuento de mujeres asesinadas por violencia de género y se negaban porque los datos eran escalofriantes. Ya desde aquel momento, con aquella petición, España marcó su postura”, dice.

La batalla española contra la violencia de género tiene una fecha marcada en la historia. En 1997, Ana Orantes denunció en televisión que su marido la maltrataba. Fue asesinada unos pocos días después. En Italia entonces la violencia sexual pasó de ser delito contra la moral pública a delito contra la persona.

El feminicidio de Ana Orantes en España abrió como nunca antes un debate público con diversas medidas políticas que culminan en la ley sobre violencia de género del 2004, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. “No se pudieron negar, la realidad se imponía a la política”, dice Rubiales, muy cercana al equipo que sacó la ley adelante. 

La ley española se distingue de otras europeas porque afronta el problema desde una perspectiva no solo legal, sino también estructural, y crea tribunales específicos. La idea de base es que la discriminación de género es un problema cultural que debe atacarse desde la raíz, a través de la sensibilización ciudadana. Rubiales dice: “El pacto verdaderamente revolucionario ahora será contra el machismo, de donde todo parte es de ahí”.

Ahora se encuentra en fase parlamentaria avanzada la ley que regula el consenso e introduce el delito de acoso callejero, que algunos activistas ligan con el efecto de la presión de la opinión pública. Ana Bella, activista y víctima durante más de diez años de violencia de género, dice: “En España muchas veces la sociedad ha ido por delante de la ley y la ha ayudado, la ha impulsado. Y también al revés, muchas veces la sociedad tiene aún mucho que aprender para cumplir las leyes”. 

La ley italiana

En Italia, el Código Rojo, aprobado en el 2019 introduce nuevos delitos, como los ataques que dejan secuelas físicas permanentes y el matrimonio forzado, y endurece otros, como el maltrato contra familiares y convivientes. A pesar de que no actúa sobre la prevención, obliga a los jueces a escuchar a las víctimas en el plazo de tres días, intentando ofrecer asistencia en el periodo más breve posible.

El problema, según la jueza Paola Di Nicola, no tiene que ver con las leyes, sino con el grado de preparación de la justicia italiana. “Nosotros tenemos una de las legislaciones más avanzadas de toda Europa y del mundo. Es seria y útil tutelando a las víctimas, pero esta normativa viene aplicada erróneamente es un problema de formación”, afirma Di Nicola. 

En 2019, un informe de una comisión del Senado que estudiaba la eficacia del sistema judicial italiano en materia de violencia de género decía que, a excepción de las grandes ciudades, los jueces no están especializados y el 95% de los tribunales civiles no están formados desde un punto de vista jurídico y cultural para identificar la violencia de género en las causas por separación. Italia fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de Estambul, pero esta es nombrada, como marco de referencia, solo en el 3,26% de las sentencias. 

Las víctimas

La andaluza Ana Bella cuenta que fue consciente de que debía denunciar a su marido en 2001, once años después de empezar a ser maltratada. Después de aquellos años tortuosos, donde veía continuamente noticias sobre asesinatos machistas y nunca se identificaba como una de ellas, decidió denunciar.

Los cuatro años posteriores, asegura que su maltratador la perseguía a pesar de la orden de alejamiento, que violó en múltiples ocasiones. La manía persecutoria terminó tiempo después; Ana supo que la había “dejado en paz” solo porque otra mujer -que también sufría maltrato- había ocupado su lugar. Bella se convirtió en un icono en España para muchas mujeres, tiene una fundación que lleva su nombre y que trabaja a favor de la sensibilización y ayuda a las víctimas de violencia de género. “Ahora mismo en España se puede denunciar en cinco lugares diferentes: la Guardia Civil, la Policía nacional, la Policía local, los juzgados de guardia y los juzgados de la mujer”, explica.

Los instrumentos que las mujeres españolas tienen a su disposición y la preparación y especialización de los jueces las impulsa a denunciar más las situaciones de abuso. Aún así ambos porcentajes son muy bajos. En España lo hace 26%, en Italia solo el 15%. El dato concreto de las denuncias en 2020 también es muy llamativo: 150.000 en España y 42.000 en Italia. Aún así, en ambos países denuncian muy pocas mujeres sobre el total de las que sufren algún tipo de violencia.  

Massimo Santucci tiene 52 años y es hijo de una víctima por violencia de género en Italia. Su madre se refugió en Suiza en los años 80 para protegerse de los abusos del padre, pero no pudo encontrarse con su hijo durante tres años: en Italia estaba acusada de abandono del núcleo familiar. Cuando se consiguió demostrar la violencia Santucci pudo reencontrarse con su madre, pero el padre nunca fue perseguido ni juzgado.

Hoy gestiona la Asociación italiana de apoyo a las víctimas de violencia de género. A su lado está Gigliola Bono, que perdió a su hija, de 19 años, en 1989, asesinada por su pareja. El asesino fue condenado a casi 11 años de cárcel, pero gracias a una rebaja de la pena, salió de prisión seis años después. Desde hace 30 años, Bono lucha por conseguir una indemnización y ha denunciado al Estado italiano. Se queja de que la consideración de las víctimas de violencia de género en Italia es secundaria por ejemplo respecto a las víctimas de la mafia.