14 días desde el estado de alarma: lo que tardó el hermano de Ayuso en hacer negocios gracias a la Comunidad

El 14 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía en una declaración institucional para confirmar que el Consejo de Ministros había aprobado el real decreto por el que España entraba en estado de alarma. Los contagios por coronavirus habían aumentado exponencialmente la última semana y sus efectos se notaban en los hospitales de todo el país, que ya se encontraban en situación de colapso –especialmente en Madrid, que acumulaba la mitad de los casos–. Los fallecidos se contaban ya por decenas. Desde la entrada en vigor dos días después de la medida histórica que confinaría en sus casas a todo el país hasta que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adjudicó un contrato a dedo por 1,5 millones de euros en mascarillas a la empresa Priviet Sportive –desvelado por elDiario.es– del que se benefició el hermano de la presidenta regional, pasaron solamente 14 días. Ocho si se tiene en cuenta la primera fecha que figura en el contrato y que fue rectificada mes y medio después por el Gobierno regional.

Es el tiempo que Tomás Díaz Ayuso tardó en hacer negocios a través de la empresa de un amigo con la administración que preside su hermana. Un trabajo por el que en apenas dos semanas se embolsó vía comisión al menos 55.850 euros más IVA (67.785 euros), según el importe que ha reconocido públicamente Ayuso. La dirección del PP elevó esa cantidad a 283.000 euros.

El Gobierno regional ha confirmado que el hermano de la presidenta recibió pagos en el total del año por 283.000 euros pero asegura que las otras tres facturas no tienen relación con el contrato adjudicado por la Comunidad a la firma del amigo de los Ayuso y que obedecen a trabajos que el hermano de la presidenta ha realizado para la empresa. Nadie ha explicado qué tipo de trabajos ni ha enseñado las facturas de momento para justificar unos cobros que ya estudia la Fiscalía Anticorrupción.

En ninguno de la treintena de documentos que ha facilitado el Gobierno regional a la prensa para tratar de demostrar la “legalidad” de la adjudicación aparece referencia, ni implícita ni explícita, a Tomás Díaz Ayuso en el contrato. Según explicó la presidenta en un comunicado cuando estalló el escándalo y su propio partido deslizaba contra ella acusaciones de tráfico de influencias, el trabajo del hermano de Ayuso –por el que habría obtenido al menos 55.850 euros más IVA– consistió en realizar las gestiones para conseguir el material en China. “La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid”, dijo en un comunicado público la Administración regional.

La declaración del estado de alarma había permitido al Gobierno madrileño adjudicar a dedo –sin publicidad ni concurso público– el contrato de 1,5 millones de euros en lo peor de la pandemia. La legislación ordinaria solo autoriza acudir a este tipo de procedimientos sin concurrencia pública para servicios de un máximo de 18.000 euros: los conocidos como contratos menores. Pero la situación de emergencia provocada por la pandemia que vivía el país permitió entonces a las administraciones saltarse los procedimientos para agilizar la llegada de un material que escaseaba en todo el mundo, sin necesidad de cumplir con la tramitación habitual. Fue en ese escenario en el que la empresa propiedad de Daniel Alcázar, un amigo de los Ayuso natural como ellos de Sotillo de la Adrada, sin experiencia previa en el sector sanitario, logró la adjudicación del Gobierno regional. Ese contrato fue también el que permitió cobrar al hermano de la presidenta.

Dos fechas

En la resolución que avala la compra de 250.000 mascarillas a Priviet Sportive por el método de emergencia en la primera ola de la pandemia y que está firmada por la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila, figuran dos fechas: en el texto, se asegura que el acuerdo se cerró el 24 de marzo –cuatro días después de las declaraciones de Ayuso prometiendo traer material por su cuenta– pero en la firma, aparece el 1 de abril con un sello poco habitual en los contratos de la administración regional. El documento en cuestión está firmado a mano y carece del código seguro de verificación que permite comprobar su autenticidad, como desveló elDiario.es.

Un mes y medio más tarde, el 14 de mayo de 2020, la Consejería de Sanidad aprobó una resolución posterior con una fe de errores por esta discordancia en las fechas. “Donde dice: Con fecha 24 de marzo de 2020 [...] debe decir: con fecha 1 de abril de 2020”, recoge este otro documento oficial que también firma Ana Dávila-Ponce de León. Según la documentación facilitada por el Gobierno regional, el material llegó en dos lotes a Barajas. El primero, el 17 de abril; el segundo, el 29.

La presidenta madrileña sostiene a día de hoy que ni ella ni nadie de su Gobierno intervino para beneficiar a su hermano en la adjudicación e incluso que desconocía los negocios que por esos días Tomás Díaz Ayuso hizo con la administración que preside, de los que se enteró –dijo– en una reunión en el despacho de Pablo Casado un año y medio después. “De esta operación me enteré en Génova. Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno”, dijo en su primera comparecencia pública después de que estallara el escándalo.

Según la versión de la presidenta madrileña, su hermano Tomás Díaz Ayuso le ocultó su relación laboral con Daniel Alcázar, amigo del pueblo y propietario de la empresa textil y ganadera que se llevó la adjudicación, a pesar de las dificultades que implicaba por aquel entonces conseguir material sanitario en lo que ella misma denominó un “mercado persa” y también pese a la estrecha relación que la dirigente regional mantiene con su hermano.

Alrededor de la fecha del acuerdo con Priviet Sportive SL que permitió al hermano de Isabel Díaz Ayuso embolsarse decenas de miles de euros, la Comunidad de Madrid cerró más de una decena de contratos para comprar mascarillas, según los datos de su portal de contratación. El acuerdo con Daniel Alcázar, amigo de la familia Díaz Ayuso, se sitúa entre las más costosas de las grandes adquisiciones en esos días. Vendió cada mascarilla de su lote de 250.000 unidades a 5 euros más IVA, 6,05 euros. A pesar de que el contrato especificaba que el modelo adquirido era FFP2-FFP3, Madrid recibió KN95, un estándar más barato que el que figuraba en el contrato.

Ayuso declara el 20 de marzo que traerá material por su cuenta

Durante las dos semanas que transcurrieron desde la entrada en vigor del estado de alarma hasta la adjudicación del mencionado contrato el 1 de abril, Ayuso presumió de implicarse personalmente en las gestiones para traer material y ese rastro ha quedado en la hemeroteca. Solo cuatro días después de decretarse la medida –el 20 de marzo–, Ayuso aseguró públicamente que buscaría por su cuenta material sanitario en China tras acusar al Gobierno de crear un “cuello de botella”. Aquellos días, el Gobierno regional también presumió en una nota de prensa de que Ayuso estaba gestionando “personalmente” los pedidos que llegaban del país asiático.

Salvo en el contrato que permitió cobrar a su hermano a través de un empresario amigo de la familia y del que, según repite la presidenta regional, no tenía noticia alguna.

El asunto que la oposición ha puesto en manos de Anticorrupción plantea todavía muchas preguntas. La fundamental: ¿cómo llegó la administración regional a contratar con esta empresa sin experiencia en el sector? Nadie responde sobre eso en el Gobierno de Ayuso.

La presidenta sostiene que nadie de su Gobierno decidió la contratación. Se refiere a sus consejeros, las personas de su confianza en el gabinete. Pero obvia que los altos cargos que firmaron la adjudicación fueron designados directamente por ella, como figura en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Entre esos nombres hay uno clave en la adjudicación. El alto cargo que firmó buena parte de los documentos de aquel contrato y que conocía a Tomás Díaz Ayuso de años atrás: Manuel de la Puente Andrés. De la Puente Andrés, entonces director gerente del Proceso Integrado de Salud nombrado por Ayuso a su llegada a la presidencia, fue el encargado de firmar varios de los procedimientos de la adjudicación. Su relación con los Ayuso, según publicó El País y pudo confirmar elDiario.es, venía de muy atrás. También su entonces secretaria, Teresa Requejo, era una vieja conocida de la familia. Años antes había sido compañera de Tomás Díaz Ayuso en la empresa del padre, MC Infortécnica, la sociedad que dejó a deber 400.000 euros a Avalmadrid por un crédito que nunca devolvió. 

El contrato llegó al Consejo de Gobierno presidido por Ayuso el 20 de mayo de 2020, cuando se dio cuenta del mismo por parte del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Junto a esa adjudicación había otras resoluciones de emergencia realizadas para adquirir material sanitario. El secretario general del Consejo certificó que el Gobierno quedaba “enterado” de ello. El primer expediente de la lista era el de Priviet Sportive, propiedad de Daniel Alcázar, amigo de la infancia de Ayuso y de Tomás Díaz Ayuso que ya había acordado su comisión.

Si tienes más información sobre este caso, escríbenos a pistas@eldiario.es