Inquilinos de los fondos buitre replican a Almeida: “La vida de 1.800 familias no puede ser una venganza estéril”

“Es un paso hacia adelante y dos hacia atrás. No acaba nunca”. Los afectados por la venta de viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid a un fondo buitre en 2013 han sufrido un nuevo varapalo y suman cinco años de “incertidumbre, rabia y miedo”. Las palabras las ponen los vecinos Chus, Oliver, Abel y Margarita después del último movimiento del nuevo equipo municipal de PP y Ciudadanos.

El Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida ha confirmado esta semana que no recurrirá la absolución de la exalcaldesa Ana Botella (PP), condenada a pagar 25,7 millones de euros de indemnización junto a otros siete altos cargos de su Gobierno por perjudicar el patrimonio público y después exonerada en segunda instancia por un tribunal con mayoría de consejeros próximos al Partido Popular.

El Consistorio ha despedido a la abogada que trabajaba en el recurso al Tribunal Supremo –el siguiente estamento donde recurrir– y frena así la acción municipal para recuperar esos 25 millones. “No vamos a derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles”, explicó al regidor de la capital.

“¿Venganza estéril es la vida de 1.800 familias? Nuestras vidas no pueden ser nunca venganzas estériles”, responde Chus Almena, una vecina que lleva más de una década en una de las promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vendidas. Almena considera que el Ayuntamiento de Madrid intenta “dar carpetazo” al asunto “y que no se hable más de ello”. “Y esto se tiene que saber. Me he quedado sin casa, me he quedado sin nada, sin proyecto de vida. Nos hemos acostumbrado a no pensar en el futuro. Si lo haces, caes”, confiesa.

Todos los vecinos y vecinas que han prestado su testimonio para este reportaje admiten que la maniobra del PP no es del todo una sorpresa. “Nos imaginábamos que podía pasar. Parece el paso natural de un partido, el PP, que quiere ocultar el pasado y tapar los agujeros que ha generado su tormenta”, valora Oliver Corredor, de 42 años. “Está claro que está protegiendo a los suyos”, añade Chus. “No busca justicia, es un interés partidista, no del bien común”, apunta Abel, otro vecino, con una larga historia en otra de las promociones vendida a Blackstone con él dentro.

Los tres consideran que la revocación en un segundo fallo de la condena dictada en primera instancia por el Tribunal de Cuentas es también una muestra del mismo modus operandi. La absolución dictada por la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, salió adelante por dos votos a uno. Esos dos votos fueron emitidos por dos consejeros del órgano de control ligados al PP, entre ellos una exministra del Gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante.

No hay datos oficiales sobre el número de personas que continúan habitando las viviendas que un día fueron sociales y públicas cinco años después de la venta. “Éramos noventa y quedamos unos diez”, calcula Oliver, que vive en el barrio de La Peseta. En el bloque de Chus solo han resistido 12 familias de 122, según sus estimaciones.

Allí vive también Margarita Muñoz, que enumera en una lista larga y confusa las vecinas que ya no lo son porque se fueron o porque las echaron. “Una con dos niños, Montse, otra mujer mayor... el ir y venir aquí es constante. Es una situación de inestabilidad y un estrés que no se puede contar”, dice. Margarita tiene trabajo y 43 años. Ha asumido hasta ahora todas las subidas que Fidere, la socimi que gestiona los alquileres en nombre de Blackstone, le ha impuesto.

“No sé muy bien por qué decidí firmar. Supongo que por no meterme en jaleos, pero la situación me bloquea mucho”, dice al otro lado del teléfono. Asegura que lleva tiempo pensando que cada firma será la última, que de este año no pasa. Su alquiler se ha duplicado prácticamente desde que su casa es del fondo de capital riesgo: ha pasado de 400 a 775 euros mensuales.

Estas subidas, que oscilan en función del vecino y algunos afectados consideran “discrecionales”, llegan con cada renovación. Hasta ahora cada tres años. Con la nueva ley del alquiler, aprobada en marzo, cada cinco o siete. Durante ese periodo las cuotas deben estar blindadas y solo condicionadas por la subida del IPC.

Los “precaristas”

Chus cuenta que empezó pagando 380, luego 520 y, en la última propuesta, que no aceptó, 820. Cobra, dice, 1.075 euros al mes como auxiliar administrativa y el precio es inasumible. Para su casero, Chus es “precarista”. Eso pone en un burofax, al que ha tenido acceso eldiario.es, que recibió en agosto. Desde entonces ingresa cada mensualidad –la que correspondía a su antiguo contrato ya expirado– en el juzgado para evitar un desahucio por impago. Al menos otro centenar de vecinos de todas las promociones vendidas y diseminadas por la capital están en la misma situación, según datos de las redes vecinales y de la Asociacion de Afectados por la Venta de Vivienda Pública de la EMVS.

Oliver y Abel también consignan el alquiler en el juzgado desde 2017. Ambos están demandados por Fidere y esperan que sus procedimientos se resuelvan a su favor. 300 euros más al mes le solicitaron al primero; y 200 extra al segundo, cuentan. “No tengo ningún tipo de relación con ellos desde que no firmamos el contrato y muchas veces de verdad que te planteas marcharte”, dice Oliver, cuya pareja fue adjudicataria de la vivienda en el último sorteo antes de la venta, en febrero de 2013. Resume sus “cinco años de lucha” en muchos “bandazos”, en “alegrías y tristezas”. “Aquí hay muchos intereses, mucho dinero, muchos millones”, añade.

Abel manda casi un único mensaje, que repite una y otra vez en la conversación: “Lo único que pido es que se haga justicia. Vendieron mi casa conmigo dentro, nadie nos explicó nada”. A todos les une el desasosiego de no saber qué pasará mañana. “Nunca pensé que la administración nos estafaría”, apostilla Chus.

El cortafuegos del Ayuntamiento de Madrid a la causa contra Ana Botella deja solo abierta una vía contra aquella venta: la penal, con la reapertura de la causa, iniciada por los afectados y el PSOE, tras cinco años de lucha judicial y dos sobreseimientos. Esta vía con mucha probabilidad sentará en el banquillo a Ana Botella, pero solo como testigo porque la investigación ya está cerrada y solo hay dos acusados: el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. La firma de ambos está sellada en las escrituras que cerraron la operación.