Aguirre se exculpa y señala a González como responsable de la “ejecución” del campo de golf del Canal
El expresidente de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II Ignacio González, señalado por la justicia como cabecilla de una trama corrupta, se acogía este viernes a su derecho a no declarar en la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de Madrid. Se limitó a decir que nunca había hecho “nada con ningún ánimo de beneficio personal” en una mañana en la que dos de sus compañeros de gobierno, la que fuera su jefa y presidenta Esperanza Aguirre y el exconsejero de Medio Ambiente, le señalaban directamente en el mismo foro parlamentario como responsable de la mayoría de las decisiones sobre el campo golf de Chamberí, constituido como pieza aparte del caso Lezo.
Aguirre se presentó ante los diputados autonómicos como la cabeza que ideó el campo de golf pero se ha desentendido de todo lo demás. “Un presidente de la Comunidad de Madrid no lleva la ejecución. Desde el momento que di la idea, no supe a quien se lo adjudicaron. No he sabido nada de las obras, ni del coste ni de quien se lo dieron”. Preguntada por quién asumía esa responsabilidad, pronunció el nombre de González, a quien con sus declaraciones relaciona con los contratos de construcción y gestión del campo de golf investigados por el juez Manuel García Castellón.
En estas adjudicaciones se cruzó la empresa Tecnoconcret, creada por un socio del cuñado de González, José Juan Caballero, 12 días antes de que saliese el concurso del campo de golf. El 90% de las ventas de esta sociedad se facturaban a ACS, una circunstancia que no cuadra para la Guardia Civil teniendo en cuenta “la solvencia técnica” del gigante de Florentino Pérez.
Finalmente ACS se hizo con la adjudicación a pesar de no presentar la mejor oferta económica y siguió con sus negocios con Tecnoconcret, a la que ya se había incorporado Pablo González, el hermano de Ignacio, como accionista. El juez García Castellón confirma que “consta documentación en la causa que acredita que la designación de esta mercantil se hizo por orden del Canal”. Es más, el auto por el que se dejó libre al expresidente el pasado 7 de noviembre señala que González y su clan “presuntamente se concertaron” para hacerse con los contratos de mantenimiento del campo de golf. De esos contratos se obtuvieron, según la UCO, “beneficios ilícitos” por valor de más de un millón de euros.
Esperanza Aguirre recordaba que saber que “el hermano de González ha reconocido en los tribunales que había recibido no sé cuanto dinero fue el determinante”. “Le consideraba un funcionario ejemplar y tenía toda mi confianza. La confianza está bien, pero el control está mejor”. Por eso, argumentó Aguirre, asume su “culpa in vigilando”. “Políticamente soy responsable, por eso he dimitido. He asumido mi responsabilidad por haber nombrado al señor González”, aseguraba en la Asamblea de Madrid.
La exdirigente autonómica señalaba también a su antiguo número dos por el nombramiento del gerente del Canal de Isabel II hasta 2009, Ildefonso de Miguel, quien acompañó a González en el polémico viaje a Cartagena de Indias (Colombia).
De Miguel, imputado por delitos de blaqueo, prevaricación, fraude, cohecho y pertenencia a organización criminal, fue detenido y sorteó la cárcel pagando una fianza de 100.000 euros en 2017. “La decisión partió de González, no sé si se me consultó, no me acuerdo”, dijo Aguirre. A su vez, De Miguel, que también pasó este viernes por la comisión de corrupción política, pidió a los diputados que “pregunten a los políticos” si buscan “responsabilidades políticas”.
Un exconsejero también habla de González
El nombre de González también sonó este viernes en boca de Aguirre como la persona que le animó a impulsar la idea del campo de golf por ser posible económicamente, según su relato. “Cuando era presidente Joaquín Leguina me dijeron que era muy costoso y cuando yo lo fui presidenta pregunté si sería posible abordarlo. No recuerdo quién me lo dijo. ¿Fue González? Supongo que sí. No me acuerdo”.
Otro cargo del gobierno de Esperanza Aguirre admitía este viernes ante los diputados el papel de Ignacio González en otro episodio negro del caso campo de golf, ya desmontado por la justicia. El exconsejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, relató ante la comisión de la Asamblea –donde también fue citado este viernes– que fue el vicepresidente la persona que le llamó en enero de 2007 para trasladarle que la “única solución” para salvar el campo de golf después de que el Ayuntamiento de Madrid se negara a conceder la licencia municipal era hacer una declaración de interés general. Así se hizo y Zabía la firmó. La cancha de prácticas de golf, declarada ilegal por la justicia tras años de lucha vecinal, está hoy en vías de demolición.
