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El campo de golf ilegal de Esperanza Aguirre no ha caído solo: 10 años de lucha vecinal

Las sentencias que han forzado la demolición de la instalación, donde ahora habrá un parque, tienen el origen en las denuncias de Parque Sí en Chamberí 

El proyecto inicial, una gran zona verde, se cambió sin avisar y sin licencias para construir el campo, cuya adjudicación y gestión es una pieza del caso Lezo

"Chamberí sabe qué se hizo ahí. Fue una operación del PP. Nadie levantó la voz", dice Hugo Martínez, fundador de la asociación y diputado de Podemos

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Estado actual del campo de golf que va a demolerse en los próximos meses. / SP

Estado actual del campo de golf que va a demolerse en los próximos meses. / SP

El presidente Alberto Ruiz-Gallardón lo vendió en 2003 como "El Retiro II", pero terminó convirtiéndose en un parque invadido por un enorme campo de golf. Los terrenos del Tercer Depósito del Canal de Isabel II van a vivir en los próximos meses un cambio radical. Ya lo anticipan los precintos colocados alrededor del restaurante que custodia el falso césped. Los operarios mueven vallas y hay un cartel que dice " obra de demolición y desmantelamiento de las instalaciones de golf". Plazo de ejecución: seis meses. 

Mucho más tiempo ha costado a los vecinos parar el megaproyecto ideado por la sucesora de Gallardón en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y declarado ilegal por la justicia. Concretamente diez años. Todo empezó con buen pie en Chamberí. La promesa de un parque de  120.000 metros cuadrados en un distrito sin zonas verdes sonaba bien. Gallardón y el alcalde José María Álvarez del Manzano pusieron la primera piedra en 2003.

La configuración inicial incluía un lago, un campo de fútbol, zonas verdes y un helipuerto. Pero ese proyecto se truncó cuando, ya cimentada la zona (debajo estaban los depósitos), la Comunidad de Madrid con Aguirre a la cabeza decidió unilateralmente cambiar el plan para el parque.

Los vecinos cuentan que se enteraron porque, de un día a otro, colocaron un cartel con un dibujo de un campo de golf. "Yo salía a pasear a mi perro todos días por allí y lo vi. Lo hablé con una vecina. Luego otra sacó una pancarta a su balcón que decía "no al golf". Y empezamos a juntarnos. Tres días después estábamos montando una reunión con ocho personas", recuerda Carmen Ochoa, secretaria de la asociación Parque Sí en Chamberí, que nació con el convencimiento de que el vecindario de Chamberí tenía derecho al pulmón verde de 120.000 metros cuadrados que les habían vendido. 

Cartel que informa de las obras de demolición del campo de golf. / SP

Cartel que informa de las obras de demolición del campo de golf. / SP

Las protestas empezaron a brotar en un barrio tradicionalmente poco movilizado y el Ayuntamiento de Madrid, con Gallardón como regidor, ordenó paralizar las obras en octubre de 2006. El nuevo planteamiento –que incluía además del campo de golf, otro de prácticas con dos plataformas de tiro, ocho pistas de pádel, una cafetería, vestuarios y un almacén– era inviable porque la licencia que se concedió no tenía nada que ver con lo que iba a construirse. Los cambios elevaron el presupuesto casi un 38% (de 42 a 58 millones de euros) e introducían una transformación paisajística muy notable: unas altísimas vallas para deliminar el campo de golf, que se había convertido de repente en el centro del proyecto. 

El Gobierno de Aguirre tomó el camino de enmedio y, en lugar de solicitar una nueva licencia que amparara unas obras "ilegales", declaró el proyecto "bien de interés general" para salvar el conjunto y evitar tener que pedir nuevos permisos. En marzo de 2007, con Ignacio González como vicepresidente y presidente del Canal de Isabel II, se inauguraron las instalaciones. Ese año los vecinos presentaron la primera acción legal contra lo que estaba pasando ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Manuel Moix recibió la denuncia y la archivó.

El campo de golf como pieza del caso Lezo

Años después, otra asociación denunció al exfiscal Anticorrupción por ignorar la denuncia, en la que ya se apuntaba lo que después confirmó la operación Lezo: que la gestión del campo de golf se había concedido a familiares del expresidente autonómico Ignacio González y de ella se obtuvieron "incrementos patrimoniales ilícitos a costa de fondos públicos de la Comunidad de Madrid". El sumario incluye un extenso informe de la Guardia Civil sobre la adjudicación, construcción y conservación de la instalación que concluye que "existió un beneficio ilícito en favor de determinados familiares" de González. 

En las adjudicaciones se cruzó la empresa Tecnoconcret, creada por un socio del cuñado de González, José Juan Caballero, 12 días antes de que saliese el concurso del campo de golf. La sociedad facturaba el 90% de sus ventas –3,2 millones de euros– a ACS. La Guardia Civil no entiende por qué una constructora "con la solvencia técnica de ACS" tenía que echar mano de un grupo recién nacido.

El gigante de Florentino Pérez se hizo con la adjudicación a pesar de no presentar la mejor oferta económica y siguió con sus negocios con Tecnoconcret, a la que ya se había incorporado Pablo González, el hermano de Ignacio, como accionista. El juez García Castellón confirma que "consta documentación en la causa que acredita que la designación de esta mercantil se hizo por orden del Canal". Es más, el auto por el que se dejó libre al expresidente el pasado 7 de noviembre señala que González y su clan "presuntamente se concertaron" para hacerse con los contratos de mantenimiento del campo de golf. 

Esperanza Aguirre e Ignacio González en la inauguración de las instalaciones en marzo de 2007.

Esperanza Aguirre e Ignacio González en la inauguración de las instalaciones en marzo de 2007.

"Fuimos viendo que nuestro parque lo tenía todo. Nos dimos cuenta de que esta era una lucha de David contra Goliat", admite Carmen Ochoa. Tras el fracaso de la vía de la Fiscalía, empredieron la administrativa, con la que llegaron hasta el Supremo, que en 2013 falló que el campo de golf no era legal al no cumplir los requisitos administrativos que exigía una declaración de bien de interés general. Antes, los juzgados de primera instancia y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en 2010) ya había dado la razón a los vecinos, pero la Comunidad recurrió cada sentencia hasta llegar al final. 

Con la resolución en la mano, el Gobierno regional dio una última estocada para salvar su proyecto: aprobar un plan especial para legalizar los usos deportivos que se habían dado a la instalación. La maniobra, recurrida por los vecinos, recibió el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid, donde estaba Ana Botella como alcaldesa.

Parque Sí en Chamberí tuvo que esperar tres años más para recibir el  último y definitivo aval judicial a su lucha. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó en 2016 la nulidad de pleno derecho del plan especial y estableció tomar las medidas necesarias para "la reposición y restablecimiento de la parcela a su estado físico anterior a la ejecución de las obras". La sentencia recoge que ese plan estableció "un incremento artificioso de la superficie de zona verde" para legalizar la instalación, y que buscaba la regularización de "un uso deportivo singular contrario al planeamiento urbanístico". 

"Fue una operación del PP y nadie levantó la voz"

"Chamberí sabe bien qué se ha hecho ahí. Fue una operación del PP y nadie levantó la voz. Y Cifuentes ya estaba en el partido", dice el diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca y uno de los fundadores de la asociación Parque Sí en Chamberí. "En las juntas de distrito nos decían que no se podían poner árboles porque, al estar el depósito debajo, las raíces eran peligrosas. Nos contaron mil ideas peregrinas", recuerda. 

A finales de 2015 la Junta Municipal de Chamberí aprobó, con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos que ese campo de golf se transformase en un parque público, cumpliendo así la reivindicación de los vecinos. La concesión del campo de golf acaba en 2018 pero la instalación cerró sus puertas en enero de 2017

En los últimos meses, los vecinos han negociado con el Canal de Isabel II el diseño del parque. El proyecto, presentado por la presidenta Cristina Cifuentes hace una semana, es de la Dirección de Innovación e Ingeniería pero en él se han tenido en cuenta las propuestas vecinales. Llevarlo a cabo costará ocho millones de euros, sumando lo que cuesta la demolición (300.000 euros). "Esta es una iniciativa que marca un antes y un después en la manera de concebir el uso del espacio público y la gestión de los asuntos públicos", dijo Cifuentes sin hacer mención a sus antecesores en el cargo. 

Según el nuevo plan, la superficie verde alcanzará los 55.000 metros cuadrados: se plantarán 100 arbustos y 800 árboles de especies autóctonas. También habrá una zona recreativa con chorros de agua y se reservará una plaza de unos 21.000 metros cuadrados para conciertos y espectáculos. Se mantendrán las pistas de fútbol y pádel y a ellas se sumarán otras de voleibol, hockey, patinaje, baloncesto y balonmano. "Aún hay cosas que discutir y hemos pedido citas porque tenemos que ajustar cosas. Nuestro objetivo es que haya amplias zonas verdes y de esparcimiento con árboles y sombra", resume Ochoa.

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