La portada de mañana
Acceder
PP y Vox alientan la batalla contra el aborto tras la sentencia en EEUU
La hora de los jóvenes que quiebran las fronteras del género binario
Opinión – Los porno libros del PP, por Elisa Beni

Arquitectos contra arquitectos ante la destrucción del edificio de Clesa en Madrid

La antigua fábrica de Clesa en Madrid

Peio H. Riaño


9

La semana pasada se celebró el Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, por la que pasó por primera vez y brevemente Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte. Los responsables públicos de la protección del patrimonio madrileño vieron cómo varios representantes de la sociedad civil se salían del orden del día y abrían un debate paralelo, para reclamar que el edificio de la antigua fábrica Clesa sea declarado de urgencia Bien de Interés Cultural (BIC). Los demandantes de mayor compromiso en la protección del conjunto realizado por Alejandro de la Sota en 1960 fueron Ramón Andrada, vocal del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), y Pedro Navascués, representante de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF). Por primera vez los arquitectos alertaron a los responsables políticos de la destrucción de un elemento fundamental en el maltrecho patrimonio industrial de la comunidad. 

Ramón Andrada asegura a este periódico que el COAM solicitó a la Comunidad de Madrid la protección como BIC para el edificio hace ahora un año, antes del fallo del concurso de reforma y ocupación de Clesa, abandonado desde 2011. Cuando el bien ha interesado a la consejería de Marta Rivera de la Cruz se ha tramitado la protección BIC en un par de meses, como el caso del supuesto Caravaggio. Otras veces no ha habido tanta celeridad, el retrato de Goya que Esperanza Aguirre vendió en 2012 por casi cinco millones de euros a Villar Mir, por ejemplo, continúa sin ser declarado BIC diez años más tarde. La reivindicación de mayor protección para Clesa se remonta a más de un lustro. 

Desde la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid se indica a elDiario.es que el edificio es propiedad del Ayuntamiento, pero como la responsabilidad de proteger es del gobierno autonómico “a medio plazo no hay previsión de incoar el expediente”. Desde Cultura no pueden fijar una fecha para que eso ocurriera y aseguran que esta petición del COAM no se ha atendido por “carga de trabajo”. “Estamos cumpliendo con otros inmuebles y resolviendo peticiones”, añaden. Entre ellas el resto de reclamaciones de edificios modernos que ha hecho el COAM, como la harinera de Alcalá de Henares. Pero de Clesa, un edificio de mayor valor según las fuentes consultadas, no habrá noticias hasta dentro de un tiempo que no pueden concretar. 

Arquitectos en contra

Tanto Andrada como Navascués coincidieron en el Consejo Regional al reclamar la máxima protección para el edificio amenazado por una reforma demasiado agresiva con el proyecto original. La inmobiliaria holandesa Kadans ha logrado un alquiler del lugar para los próximos 75 años del edificio, que a su vez dedicarán a subarrendar, aseguran desde la empresa, a pymes dedicadas a la investigación científica. La propietaria del suelo es Metrovacesa, que cedió la fábrica al Ayuntamiento a cambio de beneficiarse de una modificación de su uso, para promover en él la construcción de dos torres de 25 plantas. 

El proyecto ganador fue “Val-Verde”, diseñado por Carlos Rubio Carvajal, con quien este periódico ha intentado hablar pero no ha sido posible. El arquitecto no ha querido defender públicamente su intervención todavía. Hasta hoy la profesión no había arremetido contra el rediseño que Rubio Carvajal presentó el pasado junio, pero en los últimos días una cascada de comunicados han endurecido la polémica intervención auspiciada por el Ayuntamiento de Madrid. La Fundación Alejandro de la Sota, con el hijo del arquitecto al frente, ha mantenido en su último comunicado que los representantes de Ciudadanos en el consistorio han faltado a la verdad. La reforma de Rubio Carvajal, aseguran en su comunicado, “no honra a Alejandro de la Sota”, a pesar de lo declarado por la vicealcaldesa, Begoña Villacís. 

“El patrimonio también se destruye si lo que se conserva pierde totalmente su razón de ser”, indican desde la Fundación. De hecho, subrayan que de los tres finalistas en el concurso, el ganador es el que no ha mostrado respeto por la arquitectura original. Por último, se encomiendan a la Comisión para la protección del patrimonio del Ayuntamiento y piden que si no se respeta la construcción original se retire el nombre de Alejandro de la Sota de cualquier referencia futura a la propuesta de Rubio Carvajal. Si éste llegara a ejecutar su proyecto, de la idea construida por De la Sota únicamente quedarían los planos y las fotografías. 

Amparo Berlinches, arquitecta y presidenta de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, ha definido el trabajo de Rubio Carvajal como “un proyecto destructor que sólo sirve a unos intereses económicos, y eso de la mano de un arquitecto del que no esperábamos un resultado semejante”. ¿Cuáles son los daños irreversibles que causará el nuevo Clesa en el original? “Se rompen foros, se abren ventanas en fachada, se colmaban espacios introduciendo elementos absolutamente ajenos al concepto espacial y funcional de su arquitectura”, indica Berlinches. En su opinión el proyecto seleccionado “ni siquiera conserva debidamente los elementos que caracterizan al edificio”. 

Esto incumpliría la primera línea de las bases del concurso, en el que se especificaba que con la intervención se pretendía “rehabilitar el edificio, ponerlo en valor y adaptarlo a la normativa actual para albergar usos culturales y de innovación”. En el proyecto se puede comprobar cómo sólo el 4% del espacio se destinará a los usos culturales. En 2019 se dio a conocer la iniciativa a los vecinos de Fuencarral-El Pardo presentándola como el “Matadero del norte”. 

Una desprotección sospechosa

Todos ellos consideran el abandonado edificio Clesa un elemento “muy relevante de la historia de la arquitectura española”, aunque el Ayuntamiento no le ha otorgado la protección considerada “nivel 1”, es decir, “integral”. En estos momentos tiene “nivel 3” o “parcial”. Esta catalogación convierte al edificio en un bien muy vulnerable. Se pregunta Berlinches ante este cuidado insuficiente si la máxima protección no es para edificios objetos de especulación. Lanza un mensaje a los responsables políticos: “La ejecución del proyecto que con tanto interés publicitan sería una pérdida irreversible para la arquitectura, y desde luego una mancha imperdonable en su gestión”, añade la presidenta de Madrid Ciudadanía y Patrimonio.

En la misma línea ofensiva se posiciona Juan Mera, director de la Escuela de Arquitectura de Toledo. “En España todo el mundo tiene claro que en una iglesia Románica no se puede meter unas oficinas de Amazon, pero la arquitectura moderna no tiene esa conciencia”, explica el arquitecto. Sin embargo en Madrid, además de muchos ejemplos de destrucción como las Cocheras del Metro en Cuatro Caminos, también hay recuperaciones ejemplares como la nave “La Neomudejar”, donde conviven instalaciones y maquinaria con las exposiciones y manifestaciones artísticas. Clesa necesita más conciencia de legado moderno, pero también mayor transparencia en los intereses que rodean la operación inmobiliaria. 

Cree Mera que con una declaración BIC el edificio de Alejandro de la Sota quedaría salvado. “En algún momento tendremos que parar de maltratar el patrimonio que tenemos. Es una tragedia. No queremos que se gasten más dinero en este edificio, queremos que lo restauren mejor”, indica el arquitecto en referencia, por ejemplo, a las escaleras mecánicas que han introducido en el centro del conjunto. 

“Alejandro de la Sota es una figura muy relevante sin obra extensa, pero muy intensa. Clesa es de una importancia sustancial en la historia de la arquitectura industrial porque logró traspasar la estricta funcionalidad de la fábrica”, indica Ramón Andrada, portavoz de COAM, quien confirma que “es imprescindible y necesario que Clesa sea declarado BIC”. Andrada asegura que pidieron la declaración a la Dirección de Patrimonio de la Comunidad de Madrid pero el área bajo responsabilidad de Marta Rivera de la Cruz nunca contestaron.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats