Las casas de apuestas pagarán menos impuestos en Madrid con la crisis y ven un resquicio para aplazar leyes más duras

Antes del estallido del coronavirus, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento estaban inmersos en un proceso para limitar y controlar mejor las casas de apuestas. El Gobierno regional suspendió temporalmente la concesión de licencias y el municipal bloqueó que se abrieran nuevos locales al hacer depender los permisos de la autorización de la Comunidad además de iniciar inspecciones en todos los salones. “Es una actividad perfectamente legal pero que genera un problema de salud pública que se está cebando con los menores”, dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Con la crisis económica desatada por la epidemia, sin embargo, estos negocios han pasado a engrosar–como cualquier comercio o bar– la lista de beneficiarios de las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno de José Luis Martínez Almeida para impulsar la reactivación y la patronal del juego ve en la recesión una oportunidad para retrasar las legislaciones más restrictivas. “Sería precipitado aprobar normativas en época de recesión. Es imprudente sacar una ley restrictiva en una situación draconiana como la actual. Debería retrasarse por sentido común”, defiende Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, en referencia a la nueva Ley del Juego aprobada por la Comunitat Valenciana hace dos semanas con el sector en llamas. Madrid tiene pendiente modificar su regulación para “planificar la actividad” pero de momento no hay fechas cerradas. El sector ha recibido esta semana otra buena noticia: el Gobierno ha levantado el veto que impuso a la publicidad de casas de apuestas -salvo en la madrugada- durante el confinamiento, coincidiendo con el inicio de LaLiga. 

La ciudad tiene unas 400 casas de apuestas, según un estudio de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). De momento, 140 de estos locales de juego (no se desglosa cuántos son casas de apuestas) se beneficiarán de reducciones de impuestos de, al menos, 280 euros cada una, confirman fuentes del área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Lo que suman unos 40.000 euros en total. El plan de desescalada del Gobierno permite reabrir estos locales al 50% de aforo a partir de la fase III, de manera que en Madrid podrían volver a estar operativos en, como máximo, dos semanas.

Con esta nueva ordenanza fiscal, el Consistorio permite a los titulares de actividades en salones recreativos, casinos y bingos descontarse una parte del recibo de dos impuestos municipales, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Un 25% de cada uno durante tres meses, según lo aprobado en el Pleno el pasado 29 de mayo sin la oposición de ningún grupo municipal. Más Madrid y PSOE manifestaron que no estaban de acuerdo con el punto relacionado con las casas de apuestas pero finalmente se abstuvieron porque el Gobierno aceptó enmiendas planteadas por sus partidos, como excluir de las ventajas a las empresas radicadas en paraísos fiscales. 

La proximidad de la apertura, con las facilidades fiscales dadas, genera nuevos miedos en las asociaciones que ayudan a los jugadores para romper con su adicción. “Es una incongruencia total que se favorezca la reactivación del negocio con las bonificaciones y que se pretenda coartar por otro lado con restricciones. No sabemos en qué condiciones vamos a encontrar a las personas tras tres meses confinados. Creemos que estas ayudas continúan favoreciendo el sistema del juego”, asegura Julián Mompradé, jugador rehabilitado y miembro de la Asociación Sin Juego de Madrid. Mompradé considera que los locales de apuestas “apenas tienen personas físicas trabajando porque las máquinas funcionan solas”. “Lo único son las personas de mantenimiento. No crean puestos de trabajo sino una cantidad ingente de miles de millones de euros a costa de un descontrol total”, añade. 

El sector del juego cuenta con 47.178 empleos directos en el sector privado, argumentó la concejala de Hacienda, Engracia Hidalgo, para explicar por qué se incluía este negocio en las bonificaciones fiscales. “Solo eso es una razón para que no nos planteemos la discriminación de ninguna actividad legal que genera empleo”, apuntó en el Pleno. Fuentes del área de Hacienda argumentan que el Gobierno anterior, dirigido por Manuela Carmena, aprobó bonificaciones dirigidas a empresas, como la puesta en marcha para quienes abonaran el transporte público a sus empleados, que también incluían a las compañías del sector del juego. 

La patronal del juego, sin embargo, ve las bonificaciones fiscales como “un reconocimiento a una situación de excepcionalidad” y asegura que los aplazamientos o reducciones de tasas, como la de máquinas automáticas en los bares, está siendo “habitual” en muchas comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid acaba de aprobar la suspensión de las tasas por tener funcionando una máquina de juego en un establecimiento al constatar que no se explotó mientras los bares estaban cerrados.

“Es lo que debería ser si no ha habido actividad”, remacha Landaluce, que reclama además adelantar la apertura a la fase II. “No entendemos por qué estamos en la fase III si tenemos controles de acceso y es más fácil rastrear si hay un contagio”, argumenta. La patronal dice que algunos negocios se verán abocados al cierre pero no aporta datos de cuántos.

En la Federación Española de Jugadores Rehabilitados consideran que es normal que todos los sectores económicos soliciten reducciones fiscales por “la merma de negocio”. “Es como si no permitiéramos a estas empresas hacer ERTE”, reflexiona su director general, Juan José Lamas. Al margen de estas rebajas puntuales, Lamas advierte de que no pueden ser una carta blanca para que a partir de ahora se tomen medidas “más benevolentes” con el juego. “Tenemos una postura que vamos a seguir defendiendo y es la salud pública. La patronal del juego va a intentar aprovechar esta situación”, asegura.

La Federación prevé, como la Asociación Sin Juego, un repunte de los jugadores de golpe con la reapertura. “Igual que con el confinamiento se dispararon las apuestas online, cuando vuelvan a abrir volverá el juego presencial”, advierte Lamas. “No pensamos que tengan que cerrar, lo único es que los jugadores tengan menos liquidez, pero eso da igual porque la adicción no tiene límites. Y aún va a ser más peligroso en recesión. En estas semanas hemos recibido llamadas de jugadores y de familias que habían provocado o sufrido desembolsos gigantes en tarjetas de crédito”, cuenta Julián Mompradé. “Es terrible que esto se vaya a fomentar con más beneficios”, añade. 

La epidemia, como con tantas otras cosas, ha paralizado la confección de normas por parte de las comunidades autónomas para controlar las casas de apuestas una vez que ya son, reconocen los gobiernos de todos los colores y la ciudadanía, un problema de salud pública. La Comunitat Valenciana ha seguido adelante con su calendario y aprobó a finales de mayo, en plena desescalada, la nueva Ley del juego con el sector en pie de guerra y los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox. La norma es pionera porque introduce restricciones como la separación de 850 metros entre los salones de juego y los centros educativos. Madrid aún espera la suya.