El ex consejero delegado de la Ciudad de la Justicia dice que todos los gastos están justificados
El que fue vicepresidente segundo y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional como investigado durante algo más de tres horas en relación al Campus de la Justicia de Madrid, cuyas irregularidades denunció la Fiscalía Anticorrupción tras un informe de la Cámara de Cuentas regional. “Está todo justificado”, ha afirmado a los medios al abandonar la sede judicial.
Mientras seguía camino acompañado de su abogado, Prada ha comentado además que ha acudido a decirle “la verdad” al juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, que le había citado junto a otros tres miembros del consejo de administración del CJM que él presidía con cargo ejecutivo, y que seguirán declarando a partir de las cuatro de la tarde.
En concreto, Prada estaba citado a las 11:30 horas en calidad de “responsable del desarrollo económico y contractual de la sociedad” Campus de la Justicia de Madrid, y a continuación, el juez va a escuchar al director general técnico del Campus de la Justicia, Isabelino Baños; el subdirector técnico José Sanz Piñar y el director del área financiera, Alicio de las Heras.
Estas citaciones son las primeras que se producen en la investigación de las irregularidades detectadas en el proyecto por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en un informe que motivó denuncia de Fiscalía Anticorrupción, por una parte, en relación a la contratación efectuada durante el periodo en que Prada presidía el consejo y, por otra parte, sobre la disposición de fondos del Campus de la Justicia.
En el auto con el que les cita a declarar, De La Mata explica el “caos” que era esta empresa pública ya desde su propia organización: “No seguía ningún criterio de racionalidad económico ni organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil”.
Sobre los contratos, el juez llama la atención sobre el de gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia en 2007. Dice que “no se realizó un detallado estudio y justificación de la necesidad”, en algún caso no hay pliegos y “prácticamente todas las licitaciones” se han basado en criterios imprecisos que después completaban los licitadores.
