Los desplazamientos de cinco millones de personas en Madrid, en el aire a la espera de la decisión del Gobierno

El Consejo de Ministros tiene pensado este viernes aprobar un estado de alarma en Madrid si no hay acuerdo con la Comunidad de Madrid. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de revocar el confinamiento perimetral de la capital y otros nueve municipios de la comunidad ha sumido a la región en la incertidumbre y la confusión coincidiendo con el primer puente tras las vacaciones de verano. El fallo judicial abre la puerta a que millones de madrileños se muevan sin restricciones en plena escalada de COVID-19 en esta segunda ola de la pandemia. Pero los desplazamientos quedan ahora en el aire a la espera de los próximos pasos del Gobierno.

Las limitaciones a las entradas y salidas afectaban a más de 4,8 millones de personas que residen en Madrid capital y las localidades de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Con el fallo del Tribunal Superior estas restricciones decaen, aunque no todas las medidas: los aforos en hostelería, comercios o funerales siguen vigentes, así como la limitación de reuniones a seis personas o el cierre de bares y restaurantes a las 23 horas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid hablaron a última hora del jueves para abordar los siguientes pasos después de que el Ejecutivo madrileño ignorase durante toda la tarde las convocatorias del Ministerio de Sanidad para que ambas reuniones se sentaran a negociar las siguientes restricciones. Son tres las opciones: dictar una orden con las restricciones en virtud de la ley de Salud pública, solicitar el estado de alarma o que lo declare directamente el Gobierno. Sánchez ha dado de plazo hasta las 12 del mediodía para que Ayuso decida por cuál se decanta.

La presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba en su cuenta de Twitter que su Gobierno se reunirá a primera hora para ver las “alternativas”, aunque ya adelanta que su intención es distinta a la que ha planteado Sánchez. “Nuestras zonas básicas estaban funcionando y pueden ser lo mejor”, aseguraba.

El asunto amenaza con ser un nuevo motivo de división entre los socios de coalición en la Comunidad de Madrid. En torno a las 00.45 de la madrugada, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, dejaba clara su postura en un hilo de Twitter. Aguado aboga por adoptar la opción A, que pasa por “rehacer la Orden según lo establecido en la resolución del TSJM”, ha expuesto. Es decir, que el Ejecutivo madrileño dicte una nueva orden al amparo de la ley de salud pública de 1986. De esta manera, ha defendido el vicepresidente regional, se podrá evitar el estado de alarma, proteger la salud y mantener el autogobierno. “Así se lo he trasladado a la presidenta”, ha expresado.

Ayuso recomienda a los madrileños que no salgan de viaje

“Nadie entiende las normas. Los ciudadanos no saben qué pasa”. La frese de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su comparecencia en torno a las 14:45 horas sin preguntas desde la Puerta del Sol resumía a la perfección la incertidumbre y la confusión que viven los madrileños tras el fallo judicial. La Comunidad de Madrid inició la batalla en los tribunales contra las medidas de Sanidad solicitando medidas cautelares en la Audiencia Nacional, pero este jueves el Gobierno regional no tenía plan B para la sentencia que dejaba sin efecto la limitación de movimiento. La sentencia del TSJM, que no responde a su recurso sino a la imprescindible ratificación de estas limitaciones de derechos por parte de los jueces, ha dejado fuera de juego al Ejecutivo de Ayuso que no supo explicar en todo el día qué va a pasar ahora.

Ayuso optó por recomendar a los madrileños que no salgan de viaje. “Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días ahora que hay un puente”, decía la presidenta, a las puertas del primer puente tras las vacaciones de verano. Una solicitud que llega solo dos días después de que su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pidiera al Ministerio que las medidas decayeran de inmediato ante “la mejoría” de los datos en la región. Los ciudadanos, entretanto, asisten atónitos a las sucesivas contradicciones de sus gobernantes.

El Gobierno regional no tenía previsto informar hasta este viernes de las nuevas restricciones que pretende poner en marcha. Las únicas limitaciones a la movilidad que mantienen su efecto son las de las tres áreas que quedaban fuera de estos diez grandes municipios: Villar del Prado, Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes; y Humanes, que afecta a ese municipio y a Moraleja de Enmedio. Sin embargo, la orden que decretó el confinamiento perimetral de estas zonas, que entró en vigor el pasado lunes, todavía no ha sido analizada por el TSJM y el Ejecutivo regional ha reiterado que sin aval judicial no hay multas, solo controles informativos. 

Sánchez amaga con el estado de alarma

Durante su comparecencia, la presidenta madrileña hizo un llamamiento al Gobierno central para que trabajasen unidos en las nuevas restricciones. Visiblemente nerviosa, pidió una reunión con el Gobierno para pactar unas medidas “sensatas y justas”, aunque avisaba de que su intención era volver al modelo de confinamientos selectivos. 

A pesar de este llamamiento a la unidad, el Gobierno de Ayuso por la tarde ignoraba dos comunicaciones del Ministerio de Sanidad para que el ‘grupo Covid-19’ se reuniera. Fuentes del Ejecutivo regional aseguraban que aún no se había decidido sobre el encuentro porque estaban trabajando desde la Consejería de Sanidad en la nueva orden. Además, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, uno de los componentes de ese grupo, tenía que estar por su condición de diputado a las 20:30 horas en la Asamblea de Madrid para votar varias proposiciones no de ley (PNL) y la reprobación del consejero de Educación, Enrique Ossorio, que no salió adelante.  

Minutos antes de la comparecencia de Ayuso, en una rueda de prensa en Argelia, Sánchez se había limitado a asegurar que el Gobierno pondrá sobre la mesa “todas las herramientas e instrumentos” disponibles para doblegar la curva y no descartó la activación del estado de alarma en la Comunidad de Madrid. “El artículo 116 fue un artículo que se activó al principio de la pandemia y que ha resultado ser eficaz en doblegar la curva”, dijo Sánchez, que reconoció que “esos instrumentos el Gobierno siempre los ha contemplado”. En todo caso, aseguró que las decisiones se tomarán en colaboración con el Gobierno de Ayuso. La falta de respuesta del Ejecutivo de Ayuso ha caldeado los ánimos en Moncloa, que, ante el desplante, ha empezado a trabajar en un plan de estado de alarma a la espera de conocer los próximos pasos de la Comunidad de Madrid, según han explicado fuentes gubernamentales a elDiario.es.

No hay base legal

En su resolución, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM no cuestionan la idoneidad de las medidas, pero sí rechazan ratificarlas al entender que con la motivación realizada por el Ejecutivo regional no había base legal para hacerlo. ¿En qué se basó el Gobierno de Ayuso para pedir la ratificación de estas restricciones? Como “fundamento único” —dice el auto— invocó la Orden Comunicada del Ministerio de Sanidad que le obligó a adoptar esas medidas y que se basa, a su vez, en una ley —la de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud— que “no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”. 

Para los magistrados el escenario es “completamente diferente” al de solo unos días antes, cuando el Gobierno madrileño pidió la ratificación de las limitaciones de entrada y salida a determinadas áreas sanitarias. Entonces sí fundamentó esa decisión en hasta cuatro normas “y siempre por su propio ejercicio de competencias, y no, como aquí, mediando una Orden comunicada del Ministerio de Sanidad”, dice la resolución. En esa ocasión la Comunidad invocó la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, que faculta a la autoridad sanitaria a adoptar las medidas que considere “necesarias” en caso de “riesgo de carácter transmisible”. Además, al tratarse de una ley orgánica da un marco legal a determinadas restricciones de derechos fundamentales.

A la ley sobre salud pública y a desarrollos legislativos posteriores de ámbito autonómico se están acogiendo las diferentes administraciones para dar un paraguas legal a las medidas con las que intentan contener el virus desde que decayó el estado de alarma. Desde entonces está encima de la mesa el debate de si hay un marco jurídico idóneo para afrontar una pandemia como esta. 

Sobre esta cuestión también se pronuncian los jueces del TSJM, que en un claro recado al Gobierno, dicen que les resulta “llamativo” que no se haya  abordado una reforma legal “más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia de la COVID-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país” pese al “consenso doctrinal existente” acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales es “ciertamente deficiente y necesitada de clarificación”.