Díaz Ayuso incorpora a su gobierno a un exconsejero de Avalmadrid expedientado por el Banco de España

Pedro Irigoyen, uno de los doce consejeros que el Banco de España pretende multar por la mala gestión de Avalmadrid, se incorpora al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, implicada también en una polémica por el aval que concedió la misma sociedad a su padre.

Irigoyen, funcionario del cuerpo de inspectores que ha ocupado puestos técnicos y de asesor durante los gobiernos del PP, se incorporará como director general de recursos humanos de la Consejería de Justicia, tal y como publica el portal de transparencia y como ha adelantado la Cadena Ser. Es la consejería que ocupa el juez condenado por conducir ebrio Enrique López.

Este exconsejero de la entidad avalista ocupó un puesto en la Comisión Ejecutiva, estuvo en el Consejo de Administración y fue vocal en la Comisión de Riesgos, la que debía controlar que no se dieran garantías a empresas con dudosa capacidad de devolver créditos, algo que sucedió, a tenor de que la cifra de morosidad está en el 11% frente al 4,32% de 2012. Aunque estuvo en la entidad solo un año de los ocho que ha investigado el Banco de España (de 2008 a 2016), el supervisor bancario entiende que precisamente por su participación en la comisión específica de riesgos debería ser expedientado con 10.000 euros (para la entidad propone hasta 500.000 euros de multa). Todas las multas propuestas son para consejeros en calidad de representantes de empresas y organismos, no a título personal.

Los desmanes que encontró el Banco cuando inició la inspección en la sociedad Avalmadrid, participada al 30% por la Comunidad de Madrid, fueron numerosos. Se estaban dando avales muy arriesgados, por cantidades de más de un millón, a unas pocas personas. Algunos se calificaban como normales cuando eran de riesgo y no se hacía un seguimiento eficaz ni se daba cuenta de los más dudosos. Pese a que las primeras recomendaciones Avalmadrid se hicieron en 2012, la sociedad no las incorporó, según el expediente de infracción. Además, se encontraron numerosas vinculaciones entre empresas avaladas y los consejeros y familiares de los avalistas: más de 24 millones fueron a parar a empresas relacionadas pese al conflicto de interés, la cifra que da una auditoría interna que acabó en la Fiscalía.