La justicia anula la decisión de Carmena de eliminar el grupo de antidisturbios que creó Gallardón
La decisión del Ayuntamiento de Madrid de eliminar la unidad de antidisturbios que operaban dentro del cuerpo de Policía Municipal de Madrid ha sido echada atrás por la justicia. El motivo: que no se negoció debidamente con los sindicatos, pese a que conllevaba cambios en puestos de trabajo y retribuciones.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid anula la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Concejalía de Seguridad que hizo desaparecer las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), un grupo creado en 2004 cuando Alberto Ruiz-Gallardón era alcalde de la ciudad y que tenían presencia constante en los desahucios que se producían en la capital.
La sentencia argumenta que las decisiones de reorganización del equipo de Manuela Carmena “están sujetas a la exigencia de negociación colectiva” y, tal y como fueron tomadas, vulneran varios artículos de la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público “por cuanto se ofreció un trámite de consulta a los sindicatos en el proceso de elaboración del RPT” pero “no hubo una auténtica negociación colectiva a través del instrumento idóneo” (en este caso, la Mesa de Negociación). Los agentes de este grupo cobraban por pertenecer a él un complemento salarial de 300 euros que ha desaparecido tras el cambio de unidad.
Antes de esta decisión de la justicia, dos sentencias ya anularon órdenes de los agentes de incorporarse a unidades de distrito “por ser nulas, pero no reconocían el derecho a volver a una unidad desaparecida”, afirma CSIF. “Ahora, la desaparición de la UCS es un acto nulo, lo que deja la puerta abierta a pedir la reincorporación de los agentes”.
El sindicato mantiene que la supresión de las UCS fue “una decisión política” y argumenta que los agentes están “muy formados” y tienen tiempos de actuación incluso mejores que la Policía Nacional. “Vamos a pedir una reunión urgente con los sindicatos para que se den cuenta de que las cosas se deben hacer con legalidad. Este servicio es necesario para la ciudad de Madrid y para la seguridad de sus ciudadanos”, ha dicho Víctor Martínez, abogado que presentó los recursos y responsable de Local de CSIF Madrid. El portavoz ha referido también la necesidad de estas unidades en un nivel cuatro de alerta terrorista.
El Ayuntamiento no quiere dar marcha atrás
La alcaldesa de Madrid se comprometió al llegar al Palacio de Cibeles a que la Policía Municipal no interviniera en los desahucios. Estas unidades, cuya restitución pide CSIF para cumplir con la sentencia, actuaron en numerosos desalojos en los años más duros de la crisis y estaban en el punto de mira del nuevo Ayuntamiento. Actuaban por orden de Policía Nacional.
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid argumentan que “la sentencia hace referencia a una cuestión de cáracter de procedimiento en términos de derecho laboral”. Y sobre si piensan dar marcha atrás, las mismas fuentes aclarar que “se trata de una decisión de carácter organizativo” dentro del ámbito de competencias.“Las cuestiones vinculadas al restablecimiento del orden público no son competencia de Policía Municipal”, afirman para ratificarse en su decisión de suprimir las UCS y crear las UAS, Unidades de Apoyo a la Seguridad, que intervienen en grandes eventos, por ejemplo.
El Plan Director de la Concejalía de Seguridad, dirigida por Javier Barbero, incluía reubicar a un centenar de agentes de estas unidades para reforzar las Unidades Integrales de Distrito y a otros 35 en las UAS. Según el Ayuntamiento, la reorganización responde a un nuevo modelo “de policía de proximidad y preventiva orientada a la resolución de problemas y a mejorar la conflictividad social”.
