Un mes para quedarse en Chueca: la carrera contrarreloj de unos vecinos ante la empresa que quiere echarles de sus casas

Los vecinos del número 6 de la Plaza de Chueca no pueden conciliar el sueño: a finales de enero recibieron una comunicación de la nueva empresa propietaria de su edificio, que les ha exigido dejar sus viviendas en tan solo 30 días. Algunos se enteraron a través de una carta por debajo de la puerta, otros se encontraron con la comunicación en el buzón. Hubo incluso quien se enteró por teléfono. “Me llamaron y empezaron a agobiarme. Te tienes que ir, te tienes que ir, me repetían. Y con solo 30 días de aviso, cuando tengo un contrato regular por cuatro años”, explica María Veltrán, una de las inquilinas. 

Por la misma angustia pasó Lucía López, otra de las vecinas, que tras recibir la comunicación empezó a buscar piso desesperada. Estaba segura de que no les quedaba otra posibilidad que irse. Sin embargo, después de un primer momento de pánico, ha decidido posponer el momento de hacer cajas. “Se pensaban que somos unos tontos que no saben nada, pero han caído mal. Se van a encontrar con un grupo de vecinos organizado. O nos vamos cuando caducan los contratos o con la mayor indemnización posible por las molestias que nos están haciendo pasar”, afirma. 

Los problemas para estos vecinos empezaron el 10 de enero, cuando la empresa Construcciones Sellarim, propietaria del edificio, vendió el bloque entero a la sociedad Cañizares Ventures 10, de nueva creación y que no tiene ninguna actividad en su historial. “Es claramente una pantalla, creada especialmente para esta transacción”, asegura el abogado José María Palacín, que representa a la mitad de los vecinos que habitan las 24 viviendas del bloque en su intento de quedarse. 

El entramado de la venta es complejo. Ese mismo día, y en la misma notaría donde se firmó el primer traspaso, Cañizares Ventures vendió el edificio a una tercera empresa también creada recientemente, llamada Compañía Oriental de Terras Europa. Ha sido esta última y no Cañizares Ventures la que finalmente envió a los vecinos las comunicaciones de desahucio el pasado 23 de enero. El abogado de los vecinos opina que esta doble venta podría ser una estrategia para enmarañar el proceso y complicar posibles reclamaciones por parte de los afectados.

Palacín, además, está convencido de que el objetivo del nuevo propietario es asustar a los inquilinos para que se vayan sin protestar, ya que desde un punto de vista legal tienen todos los derechos a quedarse hasta que finalicen sus contratos. “Se han comunicado con los vecinos de forma bastante fraudulenta, claramente no se hizo de buena fe. Si de verdad hubieran querido hacer las cosas bien, hubieran enviado un burofax, que tiene fecha. Pero han dejado cartas por debajo de las puertas que nadie puede confirmar cuándo han sido recibidas”, explica. 

Desde el primer momento, los vecinos se han dado cuenta de que los nuevos propietarios están intentando dividirlos y asustarlos: amenazan con obras infinitas (por ejemplo en el ascensor), con suspender los servicios de suministro de luz y agua, o insinúan una presunta ilegalidad de sus contratos. “Nos han dicho que este es un edificio de oficinas, pero ellos cuando lo han comprado sabían perfectamente que aquí hay 24 viviendas habitadas”, afirma Gonzalo Maheillo, abogado de 34 años e inquilino de uno de los dos pisos en el ático. 

Maheillo se mudó a la Plaza de Chueca junto a su pareja, Bárbara, el pasado octubre. Tienen por delante un contrato de siete años de alquiler y se acaban de gastar una fortuna en los muebles para arrendar el piso. Cuando encontraron el apartamento, la pareja reconoce que fue “bastante fácil” firmar el contrato, ya que no les pidieron todas las garantías que les habían exigido en otros lugares. También les sorprendió ver que el precio del piso había bajado de 1.300 a 1.100 euros, una cifra poco usual en esta zona de la ciudad. “Con los contratos de trabajo de los dos, fue suficiente. Ahora empiezo a entender el porqué. Seguramente la empresa ya tenía claras las intenciones de los próximos propietarios”, opina Maheillo. 

Cuando recibieron el aviso de que tenían que dejar el piso, decidieron actuar. Escribieron una carta a todos los vecinos, a los que a penas habían tenido tiempo de conocer, para organizar una reunión y hablar del problema. “Yo no me quiero ir. Estoy muy a gusto en mi casa y creo que aquí todos pensamos igual”, empieza Maheillo en el portal del edificio, durante una reunión con otros vecinos. En su mayoría se trata de gente joven –universitarios y trabajadores que disfrutan de las comodidades de vivir en el centro– y casi todos se mudaron en el último año. 

María Veltrán y su novio Christian son originarios de Murcia y se mudaron a Madrid para estudiar en la Universidad Complutense. Tras navegar largamente por los portales inmobiliarios, encontraron su estudio en la Plaza de Chueca por 750 euros al mes, y decidieron bloquearlo ese mismo día. “Firmamos el contrato en agosto y nos mudamos en septiembre, cuando empezaron las clases. Al principio todo bien, es pequeñito pero está muy bien de precio para los dos”, dice Veltrán. 

Recibieron la carta de los vecinos con la convocatoria para reunirse incluso antes de hablar con los nuevos propietarios del bloque. Así, cuando les llamaron, estaban preparados ante lo que estaba pasando. “Escucharon la voz de una chica joven y empezaron con las amenazas. Cuando les dije que hablaran con mi abogado, cambiaron inmediatamente de tono, han pasado a ser más racionales”, recuerda Veltrán. 

A pesar de saber que tienen la razón, y de no querer enfrentarse a otra agotadora búsqueda de vivienda, tampoco están seguros de querer quedarse. “Todavía no tenemos muy claro qué vamos a hacer. Si nos sale mejor irnos ahora o llegar a un acuerdo con el nuevo propietario”, reconoce. 

Con miedo a que corten los suministros

Durante una de las reuniones, los vecinos consiguieron ponerse en contacto con la persona encargada de mediar entre la compañía propietaria del inmueble y los inquilinos. A pesar de estar expresamente escrito en las cartas que se dejaron por debajo de las puertas que disponen “de un plazo de 30 días para dejar libre el inmueble”, el representante aseguró a los vecinos que nadie les iba a echar de sus casas. 

Sin embargo, las palabras del encargado no han hecho más que asustar a los inquilinos. “Claramente nos están tomando el pelo. Nos ha dicho que prefiere comunicarse a través de WhatsApp porque los burofax son cosas de abogados. Pero esto es un asunto serio, no pueden hacer como si nada. La falta de profesionalidad por su parte nos preocupa mucho”, lamenta Maheillo. 

Los vecinos aún desconocen la cuenta bancaria de los nuevos propietarios a la cual tienen que hacer las transferencias del alquiler. Lo que más les preocupa es que los contratos de luz y agua sigan a nombre de los antiguos dueños y que no haya forma de ponerlos a nombre de cada vecino. “Nos encantaría pagar los suministros, quedarnos en nuestras casas de forma regular. Pero cada día parece que nos lo quieren poner más difícil. Van a buscar cualquier excusa para echarnos”, teme López. Entre tanto, los días siguen pasando.