La jueza sienta en el banquillo al alcalde socialista de Alcalá de Henares por prevaricación administrativa

El Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá de Henares ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde de este municipio, Javier Rodríguez Palacios, acusado de un delito de prevaricación administrativa en la convocatoria de un pleno por vía de urgencia para aprobar los presupuestos en 2016.

En el auto, fechado a 19 de diciembre, adelantado por 'ABC' y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Teresa de la Concepción Costa declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa a la Audiencia Provincial de Madrid y entiende como formulada la acusación contra el alcalde no sólo por delito de prevaricación sino también por uno cometido por funcionario contra los derechos individuales.

Contra el auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del alcalde, que puede presentar recurso de reforma en un plazo de tres días. El Ministerio Fiscal y el propio acusado había solicitado el sobreseimiento al entender que los hechos denunciados por el PP, que presentó una querella, no son constitutivos de delito.

El PP, en su denuncia de acusación, sostiene dos delitos contra el alcalde: por prevaricación administrativa se pedía una pena de inhabilitación especial para cargo público y ejercicio del derecho del sufragio pasivo por tiempo de diez años; y por el delito cometido por funcionario contra los derechos individuales, una pena de inhabilitación especial para cargo público por tiempo de tres años.

El portavoz del PP en Alcalá, Víctor Chacón, presentó una querella contra el alcalde a raíz de la celebración de un pleno de presupuestos que se convocó por la vía de urgencia el 10 de junio de 2016. Al Pleno no pudieron asistir ni él ni otro edil del Grupo del PP en el Consistorio porque se encontraban en el extranjero por su luna de miel.

Se lo comunicó al alcalde y, sin embargo, se celebró, a su entender, con el “único objetivo de impedir la presencia e intervención en el pleno” de los dos concejales del PP --el otro edil estaba fuera por motivos de trabajo--. El caso fue archivado, pero la Audiencia de Madrid admitió el recurso presentado por el portavoz del PP.

El PSOE cierra filas: “No tiene por qué dimitir”

La dirección regional del PSOE ha cerrado filas en torno al alcalde y descarta su dimisión. La secretaria de organización, Carmen Barahona, ha defendido que, pese a que su código ético fija en la apertura de juicio oral la salida del partido, “eso se daría si hay apropiación indebida, malversación o un caso de violencia de género”. “No tiene por qué dimitir. No es un tema de corrupción sino absolutamente administrativo”. Barahona ha defendido la “gestión inmejorable” de un “alcalde grande” y asegura que el partido está “absolutamente tranquilo”.

“La defensa ha pedido una apelación ante la Audiencia Provincial que esperamos”, ha dicho, tras recordar que la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa al no apreciar hechos constitutivos de delito. La secretaria de organización también ha informado de que el alcalde se ha dirigido a los “órganos competentes a nivel federal”, a los que ha entregado un “informe completo” sobre lo sucedido para “ejercer la total transparencia”. 

En la misma línea, el PSOE de Alcalá de Henares ha manifestado, en un comunicado, que fue el 16 de octubre cuando la jueza anunció la apertura de juicio oral y que tras dos meses es ahora, el 18 de diciembre, “cuando realmente se inicia lo anteriormente anunciado”. “Estamos por lo tanto ante la misma noticia de hace dos meses”, ha indicado.

Para los socialistas, el “único cambio significativo” que se ha producido es la presentación, por parte de la defensa del alcalde y secretario general del partido en el municipio, del recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. “Este recurso, pendiente de resolución, en caso de ser estimado supondría el archivo del caso por lo que su resolución podría devenir en que finalmente no se celebre juicio oral”, han dicho.

En este sentido, han recordado la posición de la Fiscalía que considera, en su escrito con fecha 5 de noviembre de 2018, que los hechos “no son constitutivos de delito” y que “no cabe hablar de circunstancias modificadas de la responsabilidad criminal”, por lo que propone “dictar una sentencia absolutoria” a favor de Rodríguez Palacios en caso de producirse el juicio oral.

Para el PSOE de Alcalá este caso “evidencia la intencionalidad del PP por dañar la imagen del alcalde, que no vulneró ningún derecho cuando estableció la urgencia de un Pleno en junio de 2016 para la aprobación inicial de los presupuestos municipales”. “Presupuestos que supusieron el inicio de la recuperación económica de las cuentas municipales y establecer más de 100 partidas nuevas como apoyo a familias vulnerables y ayudas escolares de verano”, sostienen.

De hecho, han señalado que con solo registrar una enmienda, se habría convocado otro Pleno “pero el señor Chacón, portavoz del Partido Popular que se encontraba de vacaciones en Nueva York, donde estuvo 21 días, no asistió a dicho Pleno y presentó una querella penal”.

En este contexto, el PSOE de Alcalá de Henares lamenta “la línea de oposición judicial e hipócrita que el PP de Alcalá ha elegido”. “Con el acoso al alcalde se pretende ocultar el caso del dirigente regional y concejal en el Ayuntamiento de Alcalá Marcelo Isoldi, que tiene pendiente un juicio oral abierto por prevaricación y para el que la Fiscalía en este caso pide un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 8 años”, ha dicho.

Asimismo, el PSOE considera que el PP también pretende “ocultar el caso del alcalde de la cercana localidad de Meco, Pedro Luis Sanz, que tiene fijado para el próximo 20 de marzo un juicio oral por prevaricación administrativa y nombramiento ilegal”.

Por último, ha recordado que la situación del alcalde y secretario general ha sido comunicada a los órganos competentes del PSOE, conforme a la normativa interna, “y este caso no se encuentra entre los supuestos de corrupción, enriquecimiento ilícito o violencia de género”.