Las terrazas pirata inundan el Distrito Centro

Cuando a principios del mes de junio la Junta de Distrito Centro comenzó a dar salida a todas las peticiones de terraza cursadas por los locales de restauración de la zona y se pusieron a hacer inventario de las existentes se encontraron con una desagradable sorpresa: una de cada tres terrazas es ilegal.

El dato, publicado por El País, afirma que de los 600 veladores que se distribuyen por esta zona, 200 carecen de las licencias municipales para ocupar la vía pública y colocar mesas y sillas. Terrazas pirata que generan ruido y dificultan el tránsito de los peatones sin pagar un solo euro a las arcas municipales por ello.

El concejal de Centro, Jorge García Castaño, indicaba a ese medio que el Consistorio no dispone de medios para erradicar esta práctica y que, desde un punto de vista legal, tan sólo puede retirar la terraza, levantar acta e imponer una sanción (que llega en algunos casos a los 3.000 euros) porque no se le permite precintar el local por incumplir la normativa, que entra dentro de la infracción administrativa, no del delito.

En la mayoría de los casos se van acumulando las actas de sanción (la única medida coercitiva permitida por la normativa vigente) y después de que el único furgón del que dispone el Ayuntamiento para estos menesteres retire esas terrazas pirata, el local denunciado repone en pocas horas las mesas y sillas ilegales.

Un fenómeno bien extendido por las plazas de Chueca y Malasaña, como reflejaban nuestros compañeros de Somos Malasaña en una publicación en la que inventariaban todas las existentes en el barrio vecino. La proporción de mesas y sillas de uso privado frente a bancos públicos en las plazas es escandalosa (342 mesas de terraza y 1.368 sillas frente a 81 bancos), todo ello sin contar las situadas en las calles, donde el incumplimiento de la normativa es aún mayor.

Una nueva ordenanza municipal para terrazas y veladores

García Castaño es partidario de modificar la normativa de terrazas y veladores «como figura en el programa electoral» para  aplicar en la hostelería una mayor seguridad jurídica y, además, arbitrar una respuesta rápida a los locales que están abriendo sus puertas, con el único requisito de efectuar una declaración de responsabilidad.

Su intención es que, en un plazo de «uno o dos meses como máximo», el Ayuntamiento haya inspeccionado el nuevo local y verificado que todo está en orden. Todo ello con el diálogo, en una mesa de convivencia, de todos los actores, vecinos, comerciantes y hosteleros de las zonas calientes del Distrito para aclarar los puntos importantes a modificar.