Más de 350 locales de Lavapiés se han convertido sin permiso en viviendas y la mayoría se ofrecen ilegalmente como pisos de alquiler turístico

Hasta poco después del inicio de la pandemia, Alimentación Corcobado era un supermercado familiar situado en el número 2 de la calle del Olmo. Tras la jubilación de sus dueños, muy conocidos por repartir a domicilio sus compras a los vecinos más mayores de las proximidades, el local que ocupaba se ha convertido en un alojamiento para turistas.

Como Corcobado, al menos otros 350 negocios de Lavapiés se habrían transformado en viviendas, sin contar con la correspondiente licencia de cambio de uso para hacerlo, desde el año 2018. En esa fecha fue cuando un pequeño grupo de vecinos de la zona comenzó a observar, investigar y denunciar este fenómeno de pérdida de tejido comercial que, según indican, comenzó a hacerse visible en 2015 para acelerar de forma alarmante hace cuatro años y que, tras un pequeño parón obligado por el coronavirus, ha vuelto a activarse.

A lo largo de estos años, los citados vecinos, que actúan en red y prefieren mantener el anonimato, han confeccionado un minucioso catálogo de locales a pie de calle convertidos ahora en alojamientos y del seguimiento practicado a los mismos concluyen, además, que el 90% de ellos se ofrecen en la actualidad como viviendas de uso turístico (VUT), una actividad que desarrollan ilegalmente al carecer de la necesaria licencia.

Ese catálogo, recogido en un mapa como el que mostramos a continuación, permite hacernos una clara idea de la magnitud de lo que denuncian estos vecinos, una realidad que para el Ayuntamiento de Madrid no existe oficialmente, no le consta.

(Amplía el mapa y pincha en cada uno de los puntos marcados para detalles, ubicación y, en algunos casos, también fotografías)

La información que han ido recabando los mencionados vecinos ha dado pie a denuncias tanto en Urbanismo del distrito Centro, por el cambio de uso de facto de los locales, como en la Agencia de Actividades (dependiente de la concejalía de Desarrollo Urbano) en todos los casos en los que han podido contrastar el ofrecimiento de los antiguos locales en plataformas de alquiler vacacional.

Sin embargo, su trabajo no ha servido de nada, al menos hasta el momento. Con la mayoría de los expedientes que se abrieron gracias a sus denuncias ya cerrados -aseguran que por la inactividad administrativa durante la pandemia-, les toca volver a activar caso por caso, tanto los de antes como los que se siguen produciendo a diario.

En esas están: se niegan a que su barrio se quede sin negocios de proximidad antes de presentar batalla. Dicen que está en juego su modo de vida en una partida que van perdiendo por goleada ante la lentitud de una burocracia que no se lo pone fácil y de unos políticos que “podrían hacer más para lograr que se cumpla la ley, porque legislación sobre el tema existe”.

Un proceso difícil y no siempre posible desde la legalidad

Resumiendo, se puede decir que para poder convertir un local en vivienda se ha de recorrer un largo camino administrativo -que en el distrito Centro de la capital suele llevar años- y que hay muchos locales que jamás podrán lograrlo por sus propias características.

Para poder optar a ello los locales deben tener un mínimo de 38 metros cuadrados (25 m2 para hacer un estudio), no estar bajo la rasante de la calle ni tan sólo unos peldaños, contar con tres o más metros de fachada y una altura mínima de entre 2,20 y 2,50 metros; tener ventilación y huecos de luz natural equivalente al 12% de su superficie, además de que las comunidades de vecinos en las que se encuentran no lo tengan prohibido en sus estatutos.

Luego, aunque la transformación se puede iniciar con una mera declaración responsable, técnicos municipales deberán comprobar que los cambios realizados se ajustan a la legalidad vigente, tras lo que se debe solicitar una licencia de primera ocupación, certificar ante notario el cambio de uso en las escrituras del inmueble y dejar rastro de todo ello tanto en el registro de la propiedad como en el catastro.

Por si fuera poco, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los edificios situados en los cascos antiguos de las ciudades cuentan con algún tipo de protección de Patrimonio. Los de Embajadores-Lavapiés la tienen, por lo que modificar de forma legal cualquier elemento de una fachada es harto complicado.

Una realidad que oficialmente no existe

Según datos del Ayuntamiento de Madrid, con fecha del 1 de julio de 2021 en Embajadores habría 2.857 locales, siendo el barrio del distrito Centro con mayor número de ellos, de los que 1.494 eran comercios y 547, establecimientos de hostelería. El resto tendrían distintos usos. Según los vecinos, estadísticas y realidad difieren.

A Urbanismo de Centro, entre enero de 2015 y diciembre de 2021 y en todo el distrito, no sólo en el barrio de Embajadores, tan sólo les consta que 106 locales completaron su cambio de uso a vivienda: “cinco en 2016; 12 en 2017; 14 en 2018; 13 en 2019; 28 en 2020 y 34 en 2021”. Una tendencia claramente al alza pero insignificante según unos datos oficiales que poco tienen que ver con la realidad.

En esta misma línea, desde el departamento de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid informan que “en 6 años (desde 2015) los cambios de uso en toda la ciudad no llegan al 3% de los locales”.

Vigilancia vecinal

Cualquiera que pasee por las calles de Embajadores-Lavapiés podría pensar que, a tenor de los muchos cierres metálicos que encontrará bajados en la zona en horario comercial, hay una gran cantidad de locales disponibles esperando inquilinos dispuestos a abrir en ellos un negocio. Pues bien, existir existen, pero la dimensión de esa percepción resulta falsa.

La metodología que los vecinos del barrio aplican para detectar locales transformados en vivienda y locales transformados en vivienda y dedicados al alquiler turístico es sencilla: por una parte pisan constantemente unas calles que se conocen como la palma de su mano y, por otra, recorren internet en busca de anuncios de viviendas turísticas.

Tras ese trabajo llega el de fotografiar las obras que se producen en los locales, la desaparición y aparición de puertas en fachadas que suelen estar protegidas, los cambios de ventanas, la colocación de aires acondicionados y de salidas de humo...

Seguidamente, realizan consultas por escrito a Urbanismo sobre la catalogación de cada local y proceden a recopilar enlaces de los anuncios hallados en plataformas de alquiler vacacional.

Con todo ese material construyen la documentación que les sirve para fundamentar las denuncias que presentan ante los organismos pertinentes.

“En algunos casos el cambio de uso de facto de un local es muy obvio porque está precedido por obras que afectan a los elementos de las fachadas, en otros sólo hace falta fijarse en cómo las persianas de los comercios permanecen cerradas a perpetuidad por mucho que, frecuentemente, se mantengan hasta los letreros que indican que ahí hay una librería o una tienda de alimentación. Si en un cierre aparecen de repente agujeros de ventilación, sospecha”.

“Prueba a llamar a los números de teléfono de la supuesta fontanería de la calle Salitre a ver si logras dar un aviso para que alguien pase a arreglarte un grifo”, retan. Recogido el guante, los mencionados teléfonos no están operativos.

Causas y consecuencias: gentrificación, especulación y turistificación

Pablo Martínez, urbanista e investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) no se anda por las ramas y apunta a términos como gentrificación, especulación y turistificación para explicar el fenómeno del cambio a viviendas de locales comerciales que se está dando de forma intensiva en los centros de algunas de las principales ciudades, con el caso de Embajadores-Lavapiés como claro exponente. Todo ello aderezado con una “dejadez de las políticas públicas a la hora de analizar y de actuar ante estos procesos” y con Airbnb y el resto de plataformas de alquiler vacacional ejerciendo de catalizadores y aceleradores, indica.

Martínez, quien junto a otros 10 investigadores del proyecto 'Like a local' prepara para los próximos 23 y 24 de junio un congreso en Lavapiés -de libre asistencia- sobre los efectos del turismo en las comunidades locales, busca explicaciones sociológicas a los efectos urbanos que se observan en las ciudades y cataloga la desaparición del tejido comercial de proximidad, “el que usa la gente común”, como parte de todo aquello que hace cada vez más difícil la “habitabilidad urbana” de ciertas zonas, donde “encontrar servicios” se complica, “desaparecen espacios de socialización”, se va modificando “la forma de relación de los residentes con el espacio, la ciudad y el barrio” y todo ello tiene como consecuencia que los habitantes abandonen sus hogares tradicionales.

“Las dinámicas de vida cotidianas se sustituyen por una mercantilización de la ciudad relacionada con el turismo”, apunta.

Para los vecinos, un menor número de residentes viviendo en los turistificados centros de las ciudades -ya sean en locales reconvertidos o en los cientos de pisos turísticos que hay en los edificios residenciales del barrio- es un menor número de clientes para el comercio tradicional, lo cual hace que sea más rentable transformar locales en viviendas y ponerlos a disposición de los turistas.

Si esta realidad se encuentra con “el ansia de acumulación de capital de quienes manejan las VUT”, según Martínez, hablamos de una “situación caníbal” que transforma a la gente que habita los barrios y su forma de vida.

“Un turista no compra en una mercería, por lo que el mantra esgrimido por quienes afirman que el turismo ayuda a revitalizar el comercio de barrio es falso. Lo único que hace es estandarizar los negocios que hay en cualquier ciudad y expulsar a las tiendas tradicionales. Quienes visitan Madrid no buscan casticismo sino comercios donde se vean reflejados”, concluye.

Para este investigador, las viviendas de uso turístico “acaban con los barrios”, tanto con sus vecinos como con sus comercios. A través de su trabajo y el de sus compañeros pretende demostrar empíricamente lo que está pasando, con el objetivo de que sus estudios puedan llegar a influir en las tomas de decisiones de los responsables municipales.

Pablo Martínez cree que “a través de políticas públicas y de tejido vecinal” es posible revertir el proceso del que estamos hablando.

Por su parte, los vecinos que llevan años denunciando ante la administración lo que sucede en su barrio afirman que “verse rodeados de turistas aboca al desarraigo”. No se consideran víctimas de lo que está pasando en sus calles, sino que se definen como “supervivientes” que no van a permitir que este fenómeno los arrincone.

“Nos revolvemos y lucharemos hasta que nos tengamos que ir, no sin antes exigir a las autoridades que nos escuchen, que conozcan nuestro nombre y la problemática que nos afecta y que dejen de considerarnos como el mero número de expediente que genera cada una de nuestras denuncias”.

En Madrid, las autorizaciones de cambio de uso de locales a viviendas son competencia de los distritos. En el de Centro aseguran que realizan inspecciones tanto de oficio como cuando hay una denuncia de por medio y que “si un local no dispone del título correspondiente que le permite realizar el cambio de uso se inicia un expediente de restablecimiento de la legalidad”,

¿Cuántas inspecciones de ese tipo y expedientes se han hecho en el distrito Centro en los últimos años? “El distrito no tiene esos datos. Habría que mirar expediente a expediente”.