Las personas con discapacidad siguen teniendo muchas dificultades para poder vivir en comunidad en igualdad de oportunidades.
Se ha avanzado en consecución de derechos: este mismo año se aprobó en las Cortes de Castilla y León la Ley de Igualdad de Oportunidades, que recoge los derechos que tienen las personas con discapacidad y las obligaciones de las Administraciones Públicas para que esos derechos sean efectivamente reales. Tenemos una base normativa sobre la que trabajar con celeridad, ya que, a día de hoy, la realidad nos sigue mostrando situaciones que vulneran derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Castilla y León es una comunidad extensa y con buena parte de su territorio considerado rural. Muchas personas con discapacidad y/o dependientes viven en zonas rurales y son precisamente quienes más dificultades tienen para hacer realidad sus derechos. Para las entidades de la discapacidad de nuestra región es una prioridad evidenciar las carencias de las personas con diversidad funcional que viven en las zonas rurales, ya que ponen en riesgo de exclusión social a estas personas.
En la actualidad, las personas con discapacidad tienen serios problemas de movilidad porque la accesibilidad de muchos de nuestros pueblos está muy lejos de ser problemas generan conflictos en la convivencia y levantan barreras insalvables entre unas personas y otras, produciendo frustración y, en muchos casos, soledad entre las personas con discapacidad.
A los problemas de accesibilidad hay que sumar y subrayar los problemas específicos en el trasporte. Las personas con discapacidad siguen dependiendo, básicamente, de la familia o de la buena fe de los vecinos para poder desplazarse en un pueblo, o del pueblo a la ciudad o de su casa al centro de salud, que en numerosas ocasiones se encuentra en otra población. De forma generalizada, no existe una red de transporte accesible o adaptado a las personas con discapacidad.
Otras dificultades no son menos importantes, como el acceso a bienes y servicios. Las personas con discapacidad que viven en las zonas rurales tienen limitado el acceso a servicios específicos sociales, sanitarios o rehabilitadores que atienden necesidades básicas y que contribuyen a que su dependencia no aumente y les mantenga con un mínimo de calidad de vida. Cuando cabe la posibilidad de acceder a estos servicios, el coste es mayor que para una persona que vive en una ciudad.
El principio de igualdad de oportunidades no se cumple cuando tampoco existe un acceso normalizado a servicios de información, ni a servicios educativos que permitan a las personas con discapacidad acceder a un puesto de trabajo, que es la vía natural para sentirse integrado en una sociedad.
Ahora que está sobre la mesa de los responsables políticos la ordenación del territorio y la distribución económica a las comunidades se hace de nuevo imprescindible evidenciar la situación en la que están viviendo las personas con discapacidad en el medio rural. El papel de los ayuntamientos y las diputaciones es protagonista para que una Administración cercana y conocedora de los problemas de sus vecinos sea consecuente con una responsabilidad histórica, que no es otra que ocuparse en atender las necesidades básicas de las personas que más difícil lo tienen, en este caso, las personas con discapacidad.
El principio de igualdad de oportunidades debe hacerse valer por encima de intereses partidistas y de crisis económicas si no queremos que las personas con discapacidad pierdan definitivamente la oportunidad de vivir en plenitud, como un vecino más. Como una persona más.
