Al final, la situación entre los bomberos de Salamanca tendrá que volver a su estado inicial. O no. O se agravará más. Pero la realidad es que la Justicia da la razón a los 16 bomberos que fueron expedientados por el Ayuntamiento salmantino por manifestarse, por sorpresa, ante su alcalde, Alfonso Fernández Mañueco; el consejero de Fomento de Castilla y León, Antonio Silván; y el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias.
Una treintena de bomberos se manifestaron en 2013, ataviados con sus trajes, se manifestaran durante la inauguración de la torre de entrenamiento del Parque de Bomberos, en cuya obra el Consistorio salmantino se gastó un millón de euros en reformar la torre de fuego, que sirve para que los bomberos se entrenen ante supuestos de fuego y de humo.
Esta manifestación fue considerada por el Ayuntamiento de Salamanca una “obstaculización e impedimento del ejercicio de las funciones de los compañeros o subordinados”; una “interrupción de la actividad programada impidiendo el normal desarrollo de los actos previstos, sin autorización previa”; una “grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados; además de que hubo ”gritos, petardos, insultos graves y con la obstaculización física del libre movimiento de las personas“.
Es decir, una sanción de un mes sin empleo y sueldo. Pero el asunto no se zanjó ahí, sino que los 16 bomberos sancionados acudieron a la Justicia. Y ahora, desde la Administración judicial se les da la razón y se considera que esa “protesta” no implicó que los manifestantes “interfirieran físicamente en el desarrollo de la misma, ni obstaculizara la actuación de los bomberos”. Además, en una de las sentencias se asegura que “mediante la prueba practicada no queda probada la obstaculización o impedimento del ejercicio de las funciones de sus compañeros o subordinados”.
Sin embargo, los bomberos de Salamanca creen que el asunto no va a quedar zanjado aquí. Fuentes de los bomberos salmantinos ya hablan de “caza de brujas” y de “persecución” hacia los que encabezaron las protestas.
Las mismas fuentes calculan que estas sentencias en contra del Ayuntmaiento pueden suponerles a sus arcas una cantidad superior a los 54.000 euros, ya que se condena al Consistorio a pagar a cada uno de los bomberos expedientados el salario de un mes, el tiempo que duró la sanción. También se incluye el pago en concepto de la seguridad social y las cotizaciones correspondientes; así como los intereses de demora acumulados durante el proceso judicial, que ha durado casi dos años.
Ayer, en Salamanca, el alcalde Alfonso Fernández Mañueco fue preguntado por los periodistas ante estas sentencias. Y su respuesta, lacónica, fue: “Respeto la Administración de Justicia. Y sus decisiones. Y punto. Y nada más”.
