La Universidad Pontificia de Salamanca, una institución dependiente de la Conferencia Episcopal Española, será juzgada mañana jueves, en un Juzgado de Primera Instancia de la capital salmantina, por una demanda por vulneración del derecho al honor. Como consecuencia de ello, tendrán que declarar en la vista el rector, Ángel Galindo; el decano de la Facultad de Comunicación, dos vicerrectores y el exresponsable de Relaciones Institucionales de esta institución.
Según han confirmado a La Meseta fuentes judiciales, este juicio se produce tras la demanda interpuesta por un antiguo profesor de la Pontificia y exdirector del Máster en Asesoramiento de Imagen y Comunicación Política (Maicop), Jorge Santiago Barnés, que fue cesado de este cargo por unas supuestas irregularidades que en ningún momento se han concretado ni demostrado.
Todo comenzó, de forma pública, en abril del pasado año, cuando dos periódicos de Salamanca –uno local y uno correspondiente a una edición regional- publicaron que Jorge Santiago era destituido como director del Maicop “por dar irregularmente premios y cargos”. De esta noticia se hicieron eco otros medios, incluso de México, ya que uno de los argumentos esgrimidos por la Pontificia es que había firmado convenios con el Instituto Mexicano de Evaluación utilizando el nombre de la Universidad sin su permiso. Es más, en las informaciones periodísticas se decía que estaba creando una estructura paralela en “beneficio propio”.
Sin embargo, esta institución mexicana hizo público un comunicado de prensa en el que negaba cualquier participación de Jorge Santiago de espaldas a su Universidad.
Según fuentes judiciales, la demanda trataría de verificar que la Pontificia habría cometido una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Jorge Santiago, eximiendo a los medios de comunicación que publicaron esas noticias.
Las mismas fuentes han asegurado que con esta demanda se quiere demostrar que el anterior director de Relaciones Institucionales de la Pontificia lanzó acusaciones “falsas” en las intervenciones que tuvo ante los medios de comunicación.
Otras fuentes consultadas por La Meseta han indicado que en la demanda se preguntaría sobre las supuestas irregularidades cometidas por Jorge Santiago, que llevó a su destitución, o la supuesta estructura paralela que habría creado para su beneficio o qué convenios se ha firmado a espaldas de la Universidad Pontificia o qué cargos nombró sin autorización de esta institución académica.
Todos estos argumentos se utilizaron para su cese y en ningún momento fueron probados, sino que se quedaron en filtraciones a los periódicos desde la propia Pontificia. Incluso, según fuentes judiciales, en la demanda se podría dar el nombre de la persona que podría haber filtrado esas informaciones, que sería el antiguo director de Relaciones Institucionales de esa Universidad, tal y como se le citó en diversas noticias publicadas tanto en Castilla y León como en México.
Pero uno de los hechos en los que se quiere sustentar el profesor Santiago Barnes es la posible marginación que sufrió ya que, según fuentes consultadas que han tenido acceso a la demanda, relata cómo se le trató de forma “indigna” al destituirlo como director del Máster pero se le mantuvo como profesor de Periodismo de la Pontificia.
En la demanda, añaden esas fuentes, se concluye con el argumento de que esta Universidad anunció un convenio con otra Universidad privada de Valladolid para impartir un Máster en Comunicación Corporativa y Liderazgo internacional, del que sería codirector el exresponsable de Relaciones Institucionales de la Upsa, quien además impartió la primera clase del Maicop en sustitución de Jorge Santiago.
Por todo ello, la defensa del profesor destituido reclamará mañana que se condene a la Pontificia a pagar para que los medios de comunicación que publicaron la noticia lo hagan con la posible sentencia condenatoria; además de una condena de 90.000 euros por daños y perjuicios.
