'Canal del funcionario' es el espacio de opinión de Miguel Hernández, funcionario de la Comunidad Autónoma de Murcia y de la Tesorería Territorial, articulista y colaborador en varios medios y autor de Rincones Insólitos de la Región de Murcia.
Educación privada concertada: ¿libertad o negocio?
Mucho se está hablando del papel que juega y debe jugar en el futuro la educación privada que tiene conciertos con la administración pública regional.
Lo primero que debemos poner sobre la mesa es que no existen tres modelos de educación, sino dos: educación pública y privada. Dentro de esta última, la mayoría de los centros educativos son de carácter religioso y tienen concierto con la consejería de Educación (educación concertada).
Una vez aclarado este aspecto, otro punto que habría que dejar meridianamente claro es que aquellos centros que reciben dinero público no tienen las mismas obligaciones que los centros públicos en cuanto a transparencia, rendición de cuentas, pero, sobre todo, en el sistema de contratación de sus docentes.
Una vez aclarado estos dos importantes puntos, podemos entrar a debatir el papel que juega la educación privada en el actual sistema público educativo. En los últimos diez años la educación concertada ha aumentado sus ingresos a través de dinero público en un 25 por ciento, mientras la pública solo ha supuesto un incremento del 1,5 por ciento. La Región de Murcia ha pasado en 2013 de tener algo más de un 20% de los alumnos en la escuela concertada al 30% el pasado año, según datos del ministerio de Educación.
El Gobierno regional y sus dos socios, uno de gobierno (Cs) y otro de investidura (Vox), apuestan por focalizar su hoja de ruta hacia el fortalecimiento aún mayor, de la educación privada, y más concretamente a aquellos centros de carácter religioso, en detrimento de los centros públicos. Todo ello basado en un dogma: libertad de elección de los padres y madres.
Pero en nombre de esta libertad de elección se esconden más intereses. Por eso, sería bueno que algunos de los actores principales de la comunidad educativa -incluida la Universidad, que, por cierto, ni está ni se le espera en muchos debates públicos-, deberían poner sobre el escenario un tema tan importante como es la educación como vehículo de igualdad y solidaridad.
No es la primera vez que desde este altavoz vuelvo a poner en duda que la educación privada sólo persiga la libertad de enseñanza. Y vuelvo a hacer las mismas preguntas que siguen sin respuesta.
¿Por qué si el dinero público es quien paga al profesorado no se les exige desde la Consejería competente que las contrataciones provengan de las bolsas de empleo público?
¿Por qué el dinero que reciben no puede ser fiscalizado al mismo nivel que el dinero de las escuelas públicas?
¿Por qué se sigue permitiendo que siga desmantelándose el sistema público frente al privado?
¿Por qué los controles de calidad del profesorado en la educación privada, por parte de quien lo paga, no existen?
¿Qué procedimientos de contratación rige en la educación privada cuando se utiliza dinero público?
Parece evidente que el debate sobre el modelo educativo público debe abrirse cuanto antes, pues de lo contrario, no solo las diferencias seguirán creciendo, sino que las soluciones se harán mucho más difíciles.
