No, no es el titular de una noticia sobre incidentes graves en algún lugar del planeta. Son las cifras de personas fallecidas y heridas en accidentes de carretera de furgonetas con trabajadores y trabajadoras del campo en este año 2022, que aún no ha acabado, en la Región de Murcia. Y muchos detenidos, porque un año más, salen a la luz las penosas condiciones laborales a las que se somete a quienes trabajan en el campo y en los almacenes, sobre todo inmigrantes.
Por las carreteras de nuestro Región circulan numerosos vehículo con personas que se dirigen a su lugar de trabajo con el consiguiente riesgo de tener un percance, pero la cifra señalada correspondiente a quienes se desplazan para ir a fincas agrícolas es tan elevada que debería como mínimo preguntarnos sobre sus causas. Porque viven cerca nuestra aunque no les hayamos conocido personalmente, porque han venido aquí creyendo que iban a encontrar una mejor vida gracias a su trabajo y, sin embargo, se han quebrado sus esperanzas, porque es un escándalo la cantidad de accidentes que padecen, por solidaridad con las personas que se sienten directamente afectadas.
Las estadísticas sobre accidentes de trabajo no desglosa en cada comunidad autónoma las que corresponden a quienes tienen su actividad laboral en campos de cultivo, por lo que hay que recurrir a los medios de comunicación que informan tras cada accidente. Y lo que nos dicen, y vemos frecuentemente por las carreteras, es que el desplazamiento a sus lugares de trabajo suele ser en vehículos privados pero muchas veces en autobuses que ponen las empresas directamente o en furgonetas, 'piratas' o no. Y el resumen de los 11 accidentes graves que han ocurrido en las carreteras de nuestra región este año con furgonetas ocupadas con personas que iban a trabajar a fincas agrícolas es de 6 muertos y 66 heridos. Quizás los colectivos de migrantes podrían aportar más información y seguramente esa cifra sería mayor.
Y es que los casos de accidentes mortales de furgonetas con trabajadores del campo han sido frecuentes en nuestra Región. En enero de 2001, hay que volver a recordar, murieron 12 ecuatorianos en el término municipal de Lorca: un tren de cercanías arrolló a una furgoneta cuando iban a trabajar a una empresa hortofrutícola. El vehículo, con una capacidad máxima de 8 personas llevaba 14 entre ellas una niña de 13 años ¡iba a trabajar al campo! Sin contrato laboral ni permiso de residencia. Dicen que se abrió un gran debate, incluso en el Parlamento, en el que se lamentaron de las pésimas condiciones en las que trabajaban los inmigrantes. Dicen que la culpa era del conductor, que iba por carreteras secundarias para evitar a la Guardia Civil y que se despistó; que no había barreras en el paso a nivel, que era de noche… De la empresa a donde iban a trabajar, de su responsabilidad en el transporte de sus trabajadores y de quien les reclutó muy poco se habló. Como resultado se planificó un plan para suprimir los pasos a nivel sin barreras y se regularizó a los inmigrantes… ecuatorianos. Y en abril de 2016, otra vez en Lorca, en un accidente fallecieron 5 personas y 3 más resultaron con heridas graves.
Pero no es solo la posibilidad de tener un accidente de tráfico, esta Región tiene también el triste honor de ser de las que tiene mayor siniestralidad de trabajadores extranjeros del sector agrícola. Esas condiciones en las que trabajan en muchos casos son penosas y bien conocidas y a pesar de ello y de algunas mejoras que se van consiguiendo continúan. La creciente actuación de las inspecciones de Trabajo en fincas agrícolas, con el resultado de su denuncia ante un juez, en Águilas, Beniel, Jumilla, Lorca, Mula, Fuente Álamo, Archena y en Cartagena, ha destapado casos de abuso de todo tipo: inmigrantes en situación administrativa irregular, sin contrato y sin seguridad social, con incumplimiento de los convenios laborales; a veces con violencia física e incluso de casi esclavitud y con la participación de personas de confianza de los empresarios que reclutan a quienes están en un estado tal de vulnerabilidad que no tienen más remedio que aceptar lo que se les ofrece para poder comer. Algunas de las descripciones de estos casos se considerarían falsas noticias si no se supiera que responden a hechos reales. Y como consecuencia de esas inspecciones hay detenciones de las personas responsables y de quienes son obligadas a trabajar en esas circunstancias.
Decir que el éxito de la agroganadería en la Región de Murcia está basado en gran parte en la explotación de la inmigrantes es solo afirmar una realidad conocida por toda la sociedad desde hace décadas. Los medios informan de los casos más llamativas pero no tanto de las causas y del entramado empresarial que hay detrás; esto sí lo hace, por ejemplo, la organización Justicia Alimentaria que difundió en octubre un informe con el título significativo de “Exporta, explota, me expló!” donde desde un profundo conocimiento del sector analiza los fines, las condiciones y los actores del sistema agroalimentario que generan precariedad no solo en la producción sino que recorre todos los eslabones hasta la comercialización de los alimentos.
Sin embargo, quienes causan directamente esta situación inhumana y quienes dominan las organizaciones empresariales y los grupos de presión del sector que son muchos y variados no solo lo niegan sino que acusan a quienes lo denuncian de ir contra la agricultura y de tener oscuros intereses. Como mucho reconocen que son casos aislados de personas que no deberían llamarse empresarios, acusando de paso al plan de inspecciones en el campo promovido desde el Ministerio de Trabajo de perseguirles injustamente.
Pero no, no son casos aislados como nos dicen los datos de la Inspección de Trabajo: en el 2021 el 42% de las inspecciones de empresas agrarias ha dado como resultado una sanción por infracción laboral y fraude a la Seguridad Social. Y un estudio actual del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia señala que los jornaleros del campo ganan en nuestra Comunidad un 15% menos que en el resto del país y que esas diferencia se eleva al 30% si se compara el salario agrario con la media de todos los sectores productivos.
Desde luego, la precariedad no es solo exclusiva de la población inmigrante y se extiende a amplios sectores de la sociedad: el Instituto Nacional de Estadística señale, con datos del 2021, que la Región de Murcia está entre las comunidades con peor calidad de vida y que el 33,8% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social, pero se ceba especialmente en los jornaleros y jornaleras del campo con el agravante para ellas de la violencia sexual en el trabajo de forma brutal, como ocurrió en Mula en 2019 y que se juzgó este año: un encargado violó y dio una paliza a una jornalera extranjera siendo condenado a 2 años de cárcel y que ni siquiera cumple al haber aceptado que se sustituyera por un curso de educación sexual. También en Jumilla dos encargados de una finca fueron detenidos por abusos sexuales a una empleada inmigrante. Y en noviembre se celebró el juicio a la persona que violó en 2020 a 6 jornaleras que estaban en Cartagena con la condena a 45 años de prisión.
El sistema agroalimentario está globalizado cada vez más y la competencia es extrema, así que rebajar los costes laborales —y ambientales también— y tener una población vulnerable es la vía para seguir aumentando las ganancias. La miseria extrema de una parte importante de la población en tantos países hace posible la disponibilidad de mano de obra, que las ETTs creadas a disposición empresarial y con la inestimable ayuda de la legislación de extranjería ofrecen a los empresarios.
Lo que no se paga a los trabajadores es lo que hace que la agricultura siga siendo competitiva. Sí, ha habido en estos dos últimos años algunas mejoras: el mayor aumento del SMI desde el año 2019 y posteriores y el de inspecciones laborales en el campo, al que se han opuesto los empresarios de forma furibunda, han supuesto un pequeño alivio, pero a la agroindustria de exportación le va bien porque sigue teniendo a mano legislación favorable para conseguir personas con capacidades físicas adecuadas al duro trabajo y que se ven obligadas a aceptar condiciones laborales precarias. Y además, no puede parar en esta huida hacia adelante permanente que impone la globalización capitalista donde no hay límites en la extracción de plusvalías de los recursos ambientales ni, en el lenguaje empresarial, de los recursos humanos.
Seguirán ocurriendo accidentes mortales que se podrían haber evitado y seguirán apareciendo noticias del trafico de seres humanos para explotarlos en los campos. De otra forma el actual sistema agroalimentario no funciona. Evitarlo es posible.
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