El pasado viernes 5 de abril se dio un paso importante para regular la producción de energía renovable en régimen de autoconsumo. Ha sido un camino largo hasta que el gobierno, a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica, ha recogido en el RD 244/2019 las demandas de los colectivos ecologistas, asociaciones de productores de energías renovables, empresas comercializadoras de electricidad renovable y asociaciones de usuarios afectados por los recortes retroactivos que se habían venido aplicando al sector. Solamente esta presión desde la sociedad organizada, y el empuje de las necesarias alianzas políticas del gobierno en el Congreso (Podemos y los grupos nacionalistas catalán y vasco) junto a la proximidad de las elecciones generales ha hecho posible este impulso a una política avanzada en la cuestión de la generación eléctrica en España, hasta ahora oligopolio de cinco grandes empresas eléctricas.
En el decreto se regula la producción de energía renovable en régimen de autoconsumo, tanto en instalaciones individuales como colectivas, limitadas a una potencia de 100kW. Se reconoce la posibilidad de verter a la red la energía producida y no autoconsumida de forma instantánea y que esta energía vertida sea utilizada en un balance neto para generar un ahorro en la electricidad que se consume de la red. No se podrá obtener remuneración si se inyecta a la red más energía de la que se consume desde la red, y ese “exceso” se pierde en el balance neto, siendo un mes la unidad temporal para realizar este cálculo. Es decir, que no se pueden guardar excedentes de un mes para otro. La energía autoconsumida estará exenta de pagar peajes, no así la vertida a la red eléctrica, que deberá pagarlos (como facturación de potencia y de energía) al igual que cualquier otra fuente de energía eléctrica inyectada a la red (por ejemplo, grandes centrales eléctricas). Se creará un registro de instalaciones que dependerá de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y se simplifican los trámites necesarios para poder construir las instalaciones. Es de esperar que la gran mayoría de las futuras instalaciones renovables sean de energía solar fotovoltaica.
El camino para llegar hasta la aprobación de esta normativa ha sido largo y tortuoso, y contiene numerosas lecciones políticas. Este RD llega con casi cuatro años de retraso. En octubre de 2015 en la Asamblea Regional de Murcia, el grupo parlamentario de Podemos propuso una iniciativa legislativa ante el Congreso para regular el autoconsumo eléctrico renovable incluyendo el balance neto que fue aprobada por mayoría absoluta en la cámara regional y por tanto se registró en el Congreso de los Diputados a finales de 2015. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy, mediante un escrito de la Secretaría de Estado de Energía se opuso a su tramitación alegando que la inyección en la red de electricidad renovable, especialmente fotovoltaica, supondría la bajada del precio de la electricidad y por tanto la reducción de ingresos del Estado debido a una menor recaudación en concepto de IVA. Este argumento falaz no consideró el enorme ahorro para el Estado en su propia factura de la luz, despreciaba el ahorro que podrían obtener los ciudadanos, y no sumaba los beneficios de la actividad económica que generaría el crecimiento de muchas pequeñas y medianas empresas que pondrían en peligro el oligopolio de las cinco grandes compañías eléctricas.
Lamentablemente, una mayoría en la mesa del congreso ostentada por la suma de PP y Ciudadanos (regalada por el PSOE al inicio de la legislatura) bloqueó la tramitación de la ley utilizando ese informe que es preceptivo, pero no vinculante. Se perdieron tres años durante los cuales ha estado en vigor el impuesto al Sol, no se ha resuelto la inseguridad jurídica y apenas se ha instalado ninguna potencia fotovoltaica en España. Solamente tras la moción de censura y la constitución del ministerio de Transición Ecológica el nuevo gobierno retiró el veto y pudo desbloquearse la tramitación: el pasado 9 de octubre de 2018, se aprobaba por la inmensa mayoría del Congreso (todo fueron votos a favor, salvo el PNV que se abstuvo) el inicio de la tramitación de la ley propuesta por la Asamblea Regional de Murcia. El mismo día se convalidó un nuevo RDL, el 15/2018 del Gobierno, que eliminó el impuesto al Sol, inició el camino hacia el autoconsumo eléctrico (pero sin incluir el balance neto) y estableció los primeros pasos para combatir la pobreza energética. Sin embargo, la tramitación de la ley volvió a ser bloqueada mediante una técnica muy utilizada por el PP: extender los periodos de enmiendas de forma indefinida y sin justificación; de nuevo la mesa del congreso bloqueaba la iniciativa legislativa regional. Y así llegamos al final de la legislatura, en la que decaen todos los proyectos de Ley todavía en tramitación. Es por ello muy bienvenido este RD que ahora ha aprobado el gobierno: no solo desbloquea la regulación del autoconsumo de electricidad renovable, sino que incluye el balance neto, principal demanda de los colectivos sociales, y elimina definitivamente el impuesto al Sol al derogar el RD 900/2015 del gobierno de Rajoy.
Aun así, se deberán hacer mejoras en el futuro sobre lo ahora regulado. El límite de 100kW de potencia para el autoconsumo es muy bajo, sobre todo para el autoconsumo compartido ya que la propiedad colectiva de las instalaciones en comunidades de vecinos, asociaciones de pequeñas empresas en polígonos industriales, universidades, ayuntamientos, etc… pronto deberá ampliarse hasta al menos 1MW de potencia instalada en régimen de autoconsumo con balance neto.
Igualmente, se mantiene un registro y gestión todavía muy centralizados, por lo que deberían crearse mecanismos para aumentar la participación de las Comunidades Autónomas y los municipios en las políticas de fomento de las energías renovables, sobre todo para hacer de los ayuntamientos los motores a nivel local de estas nuevas tecnologías renovables, que serán principalmente de energía solar fotovoltaica, con proyectos demostradores como podrían ser el alumbrado o el transporte urbano público totalmente eléctrico y sostenible utilizando energía solar fotovoltaica en régimen de balance neto.
Pero, sobre todo, lo que queda por hacer es resarcir a los afectados por la escandalosa aplicación retroactiva de leyes y decretos que atacaron al sector de las energías renovables desde 2011 y especialmente durante las gestiones de los ministros Miguel de Sebastián (PSOE) y José Manuel Soria (PP). El estado español ya ha perdido varios juicios en tribunales internacionales de arbitraje y está obligado a indemnizar a grandes empresas con varios miles de millones de euros por esta aplicación retroactiva. Los pequeños inversores y usuarios, decenas de miles de familias que confiaron en normativas publicadas en el BOE no tienen acceso a estos tribunales internacionales y no han podido ser indemnizados. Algunos han tenido que malvender sus instalaciones a fondos buitre que se han aprovechado de su difícil situación financiera para quedarse con sus instalaciones fotovoltaicas a precio de saldo. Pero la mayoría ha podido aguantar renegociando sus créditos. Estas familias merecen que se les indemnice por los daños causados. Y ahora, que con el nuevo RD se empieza a aclarar el panorama jurídico, se merecen sobre todo el reconocimiento por ser los pioneros en nuestro país de lo que pronto va a ser una de las principales fuentes de generación eléctrica a nivel mundial: las energías renovables y sobre todo la energía solar fotovoltaica, que por sus características técnicas puede estar realmente en manos de los ciudadanos, que serán capaces de generar su propia electricidad dando lugar a una verdadera democratización del acceso a la energía.
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