Los ataques esporádicos con que nos sorprende el fracking, sistema de explotación de hidrocarburos que recurre a la fractura hidráulica de capas subterráneas de pizarra obligan, una y otra vez a destacar los aspectos por los que merece un rechazo redondo, sin paliativos; y entre ellos ha de destacarse la incongruencia que plantea en relación con la necesaria lucha contra el cambio climático.
Sostengo, con creciente convicción, que la clase política (políticos alineados, instituciones de poder) no cree en conjunto en el cambio climático; y si cree, le importa bien poco porque se trata de un problema que se percibe a medio y largo plazo, y prestar atención a esos asuntos de futuro carece de interés y además, quema y erosiona, sin resultados político-electorales. La clase empresarial (singularmente las empresas de obra civil y las tecnológicas) no se preocupa en creer o no, pero tiene muy claro que las expectativas de negocio son ilimitadas, por lo que hacen lo que pueden por estimular medidas preventivas.
Pero el común de los mortales, que no tiene por qué violentar el raciocinio por cálculos políticos o intereses de negocio, entiende que el factor principal del cambio climático y las catástrofes que implica consiste claramente en la quema masiva de combustibles fósiles, y que una forma imprescindible de contribuir a modificar positivamente la tendencia hacia el desastre es sustituir decididamente, día a día y sin pausa, esos combustibles por otros menos agresivos, procedentes de las llamadas energías renovables: sol, viento y otras.
Por eso, la exploración y, mucho más, la explotación de nuevos combustibles fósiles, que es lo que hace el fracking, no debiera encajar en ninguna política energética y ninguna institución política debiera autorizarla. Así lo asume, por sentido común, la responsabilidad ciudadana, que ha generalizado el rechazo al fracking y viene consiguiendo, con éxito evidente, que de esa actividad no surja resultado alguno, ni en petróleo ni en gas.
En la Región de Murcia, dirigida por políticos irrelevantes, contradictorios e inconsecuentes, se consiente –de momento– la exploración porque, como digo, lo del cambio climático los tiene al pairo; y esto pese a que Murcia, con Almería, es el territorio que más y peor lo va a sentir. Pero esto en el fondo les da igual, y por eso el Gobierno regional disimula diciendo que no puede hacer nada porque las cuestiones energéticas son competencia del Estado (Gobierno central).
Por algo parecido (más la interposición lamentable de Ciudadanos) la Asamblea regional, que se declaró opuesta al fracking en la región, contempla desde su esterilidad cómo su actitud no sirve para nada; y por eso los ayuntamientos concernidos en este último episodio –área de Calasparra-Vega Alta– dijeron un día que se oponían pero se esconden con lo de la falta de competencias y otras zarandajas: un ayuntamiento con decisión puede complicar la vida, y mucho, a un Ministerio y a la legislación traicionera y lacaya del tristemente célebre ministro Soria.
Mención aparte hay que hacer de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), entre cuyos cometidos esenciales figura la protección de las aguas subterráneas, que es lo que resulta más afectado por esta actividad; pero ni se la ve ni se la oye, en línea con su apabullante incompetencia en el gravísimo asunto de los regadíos ilegales, los pozos piratas y la degradación generalizada de nuestros acuíferos (Creo que las funciones de policía de esta CHS, podrían asumirse por un Comité Ciudadano del Agua, que absorbiera la centésima parte de su presupuesto y produjera mil veces los resultados actuales: plantéese en la próxima eliminación de organismos inútiles o nefastos, venga).
De mi particular empeño anti-fracking quiero traer a colación mi intervención, en marzo de 2014 en el Valle de Kuartango (Álava), seguida de un referéndum que por mayoría abrumadora rechazó cualquier actividad de este tipo en el municipio, siendo su mayoría del PNV y enfrentándose al Gobierno vasco (PNV) y al Gobierno de Madrid. Y al poco las comarcas más amenazadas, las Merindades de Burgos, se opusieron en masa haciendo que, de hecho desaparecieran de España los oportunistas del sondeo y la promesa. Ha tenido que ser nuestra región, una vez más en la cola de la dignidad política, la que se deje mamonear, en este caso por la empresa Oil&Gas Capital, dentro del proyecto LEO, que incluye áreas murcianas y albacetenses.
Por supuesto que nunca faltan heraldos y voceros que entran en el debate asegurando que no hay nada que temer de la práctica de la fracturación hidráulica –que emplea cientos de compuestos químicos muy eficaces en la fracturación de las pizarras y al tiempo altamente agresivos para las capas freáticas–, mostrando un despiste total y creyendo una vez más que el asunto es científico o técnico.
No ha podido sorprender, en este desesperante mundo de los especialistas, la defensa del fracking por parte de científicos de prestigio, incluso sabios que, profundos sabedores de algo muy concreto, resultan al tiempo decididos ignorantes en casi todo lo demás. Tal, el hidrogeólogo Tomás Rodríguez Estrella, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, que ha asegurado que el fracking no tiene por qué ser lesivo para el medio ambiente “si se hace bien”, incurriendo en dos fallos sensibles: uno concreto, que es que la sensibilidad ambiental se nutre de las inmensa cantidad de cosas que se hacen mal tras promesas firmísimas de que se iban a hacer bien; y otro global, y que por eso se le escapa al especialista, que es que el drama del cambio climático nos obliga a ignorar, incluso prohibir, tareas como éstas, de aforar nuevos combustibles fósiles, que son los villanos del ciclo espantoso que se avecina.
