Séneca puede hacernos reflexionar a la hora de tomar decisiones en la gestión de la vida universitaria que afecta a 31 446 alumnos, 2 517 profesores y 1 142 miembros del personal de administración y servicios[1]: “Ningún viento será bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina”. La Universidad de Murcia necesita con urgencia un plan estratégico que tenga en cuenta mejoras en docencia, investigación, internacionalización, sociedad, calidad y gobernanza.
De todos esos ejes de actuación necesarios me centraré en el primero de ellos, el de la docencia, puesto que la UM es un espacio público de educación superior que debe garantizar el derecho a la formación universitaria, y dentro de este eje incidiré en tres desafíos concretos.
El primero está relacionado con el elevado precio de las tasas universitarias. Un problema que, sin lugar a dudas, requiere una pronta solución. El informe National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2015/16 sitúa a España como el noveno país europeo (de un total de 37) en el que los precios de los créditos ECTS de grado y máster son más caros. Así, en Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Escocia y Grecia los estudios universitarios son gratuitos, mientras que en Alemania, Polonia, Estonia y República Checa apenas alcanzan los 50 euros por curso académico, o en la vecina Francia y en Luxemburgo no superan los 200. Por otra parte, en España el precio medio de los estudios de grado se dispara hasta los 1100 euros. En cuanto a los títulos de máster se refiere, la situación es similar o incluso peor: estudiar un máster en España supone un desembolso medio de 2200 euros, frente a la gratuidad de los países escandinavos o los 50 euros de Alemania o Eslovenia.
Urge, por tanto, llevar a cabo en la UM medidas como la bonificación del 99 % del precio de los créditos aprobados en el curso siguiente en el caso de los estudios de grado, la reivindicación de precios de máster equivalentes a los de grado, el abono de tasas de examen para asignaturas de segunda matrícula, y el incremento del número y la cuantía de las becas.
En segundo lugar, tampoco podemos obviar, en nuestra apuesta por una docencia pública de calidad que asuma los cambios sociales e interiorice sus aspiraciones, la atención a la diversidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006, señala que “los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior (art. 24)”, de mismo modo que la Ley Orgánica de Universidades obliga a administraciones e instituciones de educación superior a prestar atención a las personas con discapacidad, garantizando su acceso y permanencia en los estudios universitarios (art. 45), así como la promoción de la accesibilidad total de edificios, instalaciones y servicios, la inclusión de aspectos formativos sobre discapacidad en las titulaciones universitarias, y la concepción de las personas con discapacidad como integrantes plenos de la comunidad universitaria (Disposición adicional 24ª).
En este sentido, como señalan Rodríguez Martín, Álvarez Arregui y García-Ruíz (2014), se hace necesario adecuar en la UM las iniciativas institucionales, impulsar programas de formación y promover mejoras en la acción docente.
El tercer desafío urgente lo constituye la necesidad de dar respuesta al derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar. Las consecuencias de la crisis financiera de 2008 son todavía palpables, diez años después, en numerosos hogares de la Región de Murcia. Esto ha propiciado la aparición de un perfil de estudiante con obligaciones familiares y laborales en situación de desamparo por la rigidez de las memorias de nuestros títulos. En la mayoría de las titulaciones ofertadas por la UM la presencialidad es obligatoria y el tipo de evaluación más común es el de evaluación continua, un sistema pensado para estudiantes que pueden asistir regularmente a clase.
Sin embargo, en la Memoria del defensor universitario de la UM 2016/2017, José Manuel Palazón apuntaba lo siguiente: “Seguimos detectando problemas para hacer efectiva la compatibilidad entre estudio y trabajo o situaciones de enfermedad o estancias en el extranjero, como consecuencia de la obligatoriedad de asistencia a actividades como las prácticas, tutorías o seminarios. También hemos encontrado guías docentes que contemplan la asistencia obligatoria a las clases de teoría o que penalizan la no asistencia a las mismas, contradiciendo nuestros Estatutos. Por otra parte, algunos estudiantes, lamentablemente un porcentaje cada vez mayor, no pueden justificar su trabajo, a efectos de solicitar cambios de turno u otras adaptaciones, al carecer de contrato”.
Si apostamos por ser una universidad pública de referencia debemos eliminar filtros sociales y garantizar el derecho a la formación de todos los miembros de nuestra sociedad. Para ello es necesario acometer una revisión urgente del Reglamento de Convocatoria, Evaluación y Actas de la UM con el fin de despenalizar situaciones tan comunes como la del estudiante con cargas familiares y/o laborales, así como propiciar la implementación de metodologías docentes semipresenciales y a distancia.
Decía Condorcet[3] que no puede existir libertad y justicia verdaderas en una sociedad si la igualdad no es real. En este sentido, no olvido que en el proceso de aprendizaje existe otro agente fundamental, el profesor, y que sobre la precarización de la plantilla de la UM hay mucho de qué hablar, sin duda, pero esta situación de desigualdad que padecen muchos de nuestros compañeros merece un capítulo aparte que no podemos abordar en el espacio del presente artículo.
*Sonia Madrid Cánovas es Profesora Titular del Departamento de Lengua Española y Lingüística General y candidata a Vicerrectora de Estudios en la candidatura de José Lujan.
