Hay dos maneras fundamentales para desmantelar las estructuras que gestionan y controlan el medio ambiente en la Región. Una de ellas es eliminar de un plumazo todas ellas, lo que sería un verdadero escándalo. Otra manera es dejarlas languidecer, sin dotarla de medios materiales y recursos humanos.
Esta última opción es la que han adoptado en el Gobierno regional, que siempre ha considerado a las Direcciones Generales de Medio Ambiente y de Medio Natural como una china en el zapato en el camino de un desarrollo económico sin límites. En el camino de la desregularización y el desmantelamiento está el intento de crear la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA) que no llegó a prosperar, otra que sí prosperó fue la Ley de Aceleración Empresarial. El Gobierno regional se ha convertido también en el brazo político de la patronal CROEM y la agroindustria, un sector de la sociedad, antes que gobernar para todo el conjunto de la ciudadanía murciana.
Estas dos direcciones generales gestionan un gran número de expedientes complejos, con gran cantidad de proyectos y actividades sometidos a informe, autorización, evaluación, control y seguimiento por el personal de estas dos instituciones. Su estructura interna es totalmente insuficiente para esta gestión, con competencias y atribuciones poco definidas entre servicios. Hay una carencia severa de puestos intermedios (técnicos responsables, jefes de sección, etc.) de manera que expedientes de gran relevancia se tramitan directamente por técnicos, en su mayoría interinos, que actúan sin estructura en la que apoyarse. Los servicios jurídicos están infradotados. Este estado de cosas contribuye de una manera directa a mantener la estructura organizativa en un permanente estado de provisionalidad y precariedad.
La Dirección General del Medio Natural tiene 49 personas definitivas, 44 interinas y 12 interinas por programa. La Dirección General del Medio Ambiente y Mar Menor tiene 44 personas definitivas, 22 interinas, 12 interinas por programa y 10 interinas por acumulación de tareas. Más de la mitad del personal de estas dos direcciones generales es eventual o provisional (interinos por programa o interinos contratados por acumulación de tareas). Los interinos por programa tienen contratos de tres años y no pueden tramitar expedientes ordinarios; y los interinos contratados por acumulación de tareas lo están por 6 meses, aunque sí pueden realizar trámites ordinarios. El cuerpo de Agentes Medioambientales, con mayor proporción de personal estable, tiene también situaciones de eventualidad (25 de 114, es decir el 22%), enfrentándose en el campo a situaciones delicadas, incluso con amenazas
recibidas durante el ejercicio de su trabajo.
En la Dirección General de Medio Ambiente hay aproximadamente una treintena de personas de apoyo, algunas de las cuales llevan trabajando desde hace más de 15 años (con diferentes modalidades de contrato); lo que significa, en la práctica, que estas direcciones han necesitado de forma continua estos trabajadores/as externos. Ahora, al acercarse el período electoral la Consejería contrataba 19 interinos/as, una gota de agua en el mar de necesidades, que significa también un aumento de la precariedad. Estas carencias de recursos generan un clima de inseguridad entre los técnicos, que tienen que buscar antecedentes jurídicos y criterios objetivos por su cuenta para poder emitir cualquier documento.
Además, existen problemas graves de recursos materiales con deficiencias e infradotación en materia informática y otros medios de trabajo. La mayoría de ordenadores tienen más de 10 años y las aplicaciones informáticas adaptadas son insuficientes. La implantación de la administración electrónica tiene importantes cuestiones pendientes como las entradas y salidas de documentación técnica voluminosa. Tampoco existe una estrategia y medios técnicos para coordinar la información técnica, que podría agilizar y simplificar enormemente la emisión de informes. Asimismo, la mayoría de vehículos tienen una media de 15 años. La precariedad de recursos humanos y materiales, así como la debilidad organizativa de las dos direcciones generales, influye directamente en garantizar, de una manera efectiva, los derechos de la ciudadanía a la información pública, la tutela ambiental efectiva y las necesidades de los agentes económicos-sociales, que ven sus trámites dilatados en el tiempo.
Otro camino es posible: una dotación significativamente mayor de las plazas para personal funcionario técnico y administrativo que se corresponda con la carga de trabajo real. El aumento de la estructura de plantillas, para acometer con eficiencia el trabajo diario, la elaboración de un programa de dotación de recursos técnicos e informáticos y de formación es una necesidad urgente. Debiera inscribirse en la creación de una Consejería de Medio Ambiente específica, que pueda aglutinar y coordinar de una manera más efectiva todos los recursos materiales y humanos.
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