Seguramente éramos algo inexpertos a la hora de transmitir ideas, pero el contenido del mensaje sigue valiendo y personalmente me reafirmo, por supuesto, en él: democracia sigue significando expropiar - o nacionalizar, que viene a ser lo mismo cuando hablamos de recuperar un sector para ponerlo bajo control público -. Ya han pasado más de dos años desde aquel febrero de 2014 en el que un grupo reducido de personas, entre las que me encontraba, organizamos la primera asamblea de Podemos en la Región de Murcia. Ha llovido mucho desde entonces y por qué no decirlo, Podemos también ha cambiado en parte respecto a sus presupuestos iniciales, que son los que defendí en aquella presentación, aún así no cambiaría ni una coma de lo que allí se dijo. Es mucha la gente que sigue participando y apostando en Podemos por aquellas ideas e ilusiones que se despertaron con asambleas callejeras en todo el Estado, con un mensaje de impugnación del sistema político y de construcción de una democracia participativa y desde abajo.
Más de dos años después, aquellos mensajes han provocado que en los últimos días se centre en mí el foco de ciertos medios de comunicación obsesionados con Podemos, que, a partir de un corte de aquella intervención titulan: «Un podemita murciano: ‘Democracia significa expropiar’» - véase el desprecio implícito -. Así, sin más explicación, a pesar de que hablaba de expropiación en referencia a oligarquías, banca y eléctricas; y no en referencia a la gente común, evidentemente. Coincidiendo en el tiempo me he encontrado con dos titulares a propósito de las eléctricas: «El Tribunal Supremo tumba el bono social y ordena devolver el dinero a las compañías eléctricas» y «El recibo de la luz encadena seis meses al alza y apunta a nuevas subidas». Así es que creo que alguna explicación-respuesta, centrada en este caso en las eléctricas, se hace necesaria.
Habría que recordar que las eléctricas eran empresas públicas que fueron privatizadas por el gobierno de José María Aznar a partir de 1996 siguiendo los pasos de su predecesor en el cargo, Felipe González. El propio gobierno de Aznar situaba a las eléctricas en el grupo de las primeras a privatizar, ya que, aunque habría que desregularizar el sector, estas empresas eran rentables para el Estado (y por lo tanto más fáciles de vender). Algunas de las razones, entre otras, que se dieron para estas privatizaciones fueron que los ingresos que recibiría el Estado ayudarían a cuadrar las cuentas estatales – el milagro económico del PP – y que una gestión más eficiente a la larga repercutiría en toda la sociedad con una bajada de las tarifas. Tanto Felipe González como José María Aznar encontraron posteriormente acomodo en estas empresas una vez privatizadas (Gas Natural y Endesa respectivamente).
Que el recibo de la luz no ha parado de subir no es un secreto para nadie, de hecho en la actualidad el precio de la electricidad en España es de los más caros de la Unión Europa. Para controlar estas subidas y mantener el IPC por debajo del 2%, el actual imputado por cinco delitos fiscales, un delito de corrupción entre particulares, uno de blanqueo de capitales y otro de administración desleal, Rodrigo Rato, creó entonces el denominado déficit de tarifa mediante la ley 54/1997 del sector eléctrico. Esto significa que el Gobierno pone un precio a la electricidad y la diferencia entre este precio y el que declaran las eléctricas a través del mercado de la energía se acumula como deuda imputable a los futuros recibos de los consumidores.
En la actualidad la deuda por el déficit de tarifa asciende a unos 22.000 millones de euros. Esta deuda ni siquiera tiene por acreedores a las compañías eléctricas, sino que ha sido titularizada a través de un organismo creado para tal propósito, el FADE (Fondo de Titulización del Déficit Eléctrico). Las cinco grandes eléctricas cedieron el 100% de sus derechos de cobro al FADE, que abonó el precio de la cesión a las compañías a través de la emisión de bonos con el aval del Estado; de forma que podríamos decir que esta deuda es ahora en la práctica deuda pública.
Cabe señalar que el mercado energético es un mercado opaco, donde no se conocen los costes de producción reales, y que constituye un oligopolio donde el 80% de la potencia producida la controlan 5 empresas y donde las comercializadoras (las que compran la electricidad) son prácticamente las mismas que las productoras (las que venden la electricidad). Es decir, pueden -y de hecho lo hacen- pactar precios, lo que ha provocado numerosas denuncias a competencia. Por ejemplo, en 2011 el organismo regulador impuso una sanción histórica de 61 millones de euros a Endesa, E.On, Gas Natural, Iberdrola e Hidroeléctrica del Cantábrico, al entender que habían pactado precios.
Desde luego en este escenario oligopolístico y opaco, la deuda contraída es del todo ilegítima y no debería pagarse, ya que ha ido en beneficio solamente de una minoría, y no ha servido para la mejora de un servicio público para la mayoría. Las promesas no se han cumplido, al contrario, son numerosas las iniciativas que parten de los movimientos sociales y las Candidaturas de Unidad Popular, o la reciente iniciativa de Podemos “Vamos!”, que ponen de manifiesto la existencia de la denominada pobreza energética y los cortes en el suministro. Estas iniciativas abogan por prohibir los cortes de suministro a las familias si se demuestra que tienen problemas sociales o económicos, sobre todo en invierno.
Para la mayoría de la gente queda claro que el sector energético funcionaba mejor cuando era público y se regía por otros criterios más allá de la rentabilidad empresarial. La cuestión de fondo es sin duda que los derechos de la mayoría de la población y el interés general están por encima del beneficio y el enriquecimiento privado. Esto es lo que ha primado por ejemplo para la remunicipalización del agua en grandes ciudades como Berlín o París, o los esfuerzos del Ayuntamiento de Cádiz por recuperar servicios y gestionarlos democráticamente.
Que es democrático nacionalizar para garantizar el interés general no solamente lo decimos nosotras, sino la propia Constitución Española en su artículo 128:
1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
Efectivamente, democracia significa también expropiar, nacionalizar, remunicipalizar; pese a quien le pese. De hecho los anticapitalistas pensamos que sin democracia económica no hay democracia política. No sólo vemos necesario que sectores estratégicos de la economía pasen a manos públicas para garantizar el bienestar de la población; sino que abogamos por que haya una gestión democrática, no burocrática, y una fiscalización o control social de los mismos.
Vamos a entrar en un periodo de más recortes, 20.000 millones de euros, y de represión de la movilización social. Unidos Podemos, por lo sucedido en la investidura de Rajoy, pasa a ser la principal oposición en el Parlamento. Hay que empezar a decir alto y claro, como decíamos entonces, que otra forma de hacer política es posible, que otro modelo social es posible y que el bienestar y los derechos de la mayoría están por encima de las ansias de riqueza de unas oligarquías que nos empobrecen y nos mandan de camino a la pobreza y la miseria.
*Pedro Luis López Sánchez, consejero ciudadano autonómico de Podemos en la Región de Murcia y miembro de Anticapitalistas y de Cambiemos Murcia
0