La ley ya no se inscribe en piedra como en la antigüedad. Ahora se publica en un papel que con demasiada frecuencia parece mojado o adquiere un formato electrónico que la convierte en bits dispersos por el “cyberverso”. Esto refleja lo efímero de la normativa actual.
La ley de los persas aqueménidas pretendía ser eterna e inmutable. Esto planteaba problemas cuando las circunstancias que originaban el promulgamiento de una norma cambiaban, pero le daba a las reglas de juego una estabilidad que favorecía su cumplimiento. El boato religioso que acompañaba y sostenía a las leyes ha desaparecido, siendo sólo parcialmente reemplazado por una invocación a la convivencia o a la nación, lo que debilita el marco jurídico.
Ahora las leyes son propuestas efímeras en un mundo volátil. En España, 350 diputados y 265 senadores (por no hablar del ámbito local) se encargan de someter al marco jurídico a un proceso de reforma permanente que no sólo socava su autoridad, sino que incluso dificulta su conocimiento por parte del ciudadano. Así, más allá de que la profusión de leyes exija estudiar la carrera de Derecho para conocer las normas que uno ha de cumplir (y ni así se logra dominar por completo su complejidad), su constante modificación lleva a situaciones como la de que muchos conductores ignoren que ya no es obligatorio llevar bombillas o gafas de repuesto en el coche. Aunque este ejemplo sea relativamente inocuo, la conciencia de desconocimiento de la ley lleva a que individuos que deberían defender el marco que les permite convivir con sus conciudadanos teman el contacto con el ámbito legal o aborrezcan ser parados en la carretera por la Guardia Civil ante el riesgo de ser descubiertos en alguna infracción inadvertida.
De este modo, la ley llega a ser percibida como ajena al ciudadano y, en ocasiones, incluso como enemiga, lo que no favorece la estabilidad social.
Las instituciones que producen o sostienen las leyes también han sufrido un importante deterioro en relación a épocas no muy lejanas. El reciente intento de golpe de estado en Brasil no puede considerarse un hecho aislado, estando fresco en la memoria el asalto al Capitolio en los Estados Unidos.
En España, las acusaciones cruzadas de golpismo forman ya parte del paisaje, centrándose la discusión en quién tiene la culpa (los otros, siempre los otros), una vez que el mito de la inviolabilidad de unas instituciones públicas del pueblo, por el pueblo y para el pueblo se hace difícil de sostener. En los últimos años, al desprestigio de los políticos que ejercen los poderes ejecutivo y legislativo se ha sumado el daño institucional del poder judicial, del tribunal constitucional, TVE, el CIS, los servicios de inteligencia, etc.
Particularmente desprestigiadas están las instituciones que vehiculizan la violencia del estado para defender la ley o a las personas. El antimilitarismo no ha dejado de tener fuerza desde la I Guerra Mundial (con la posible excepción de un interludio belicista en la segunda gran guerra). La mortandad ocasionada por las guerras modernas y la fatuidad de algunas de ellas hacen olvidar fácilmente la necesidad de la defensa armada frente a ciertas agresiones, por mucho que periódicamente surja algún Putin que nos confronte con la realidad. El abuso de la violencia militar en casos como los de Amritsar en la India o el Domingo Sangriento de Irlanda ha capturado la imaginación del hombre postmoderno y su recuerdo cataliza el rechazo no sólo al ejército, sino a la mismo orden defendido por éste. Así, en casos de desorden civil, el intento de contención de los desmanes por parte de las fuerzas del orden se enfrenta al fantasma epitomizado por dichas masacres, maniatando en mayor o menor medida su intervención.
Algo similar ocurre con la policía que es vista como opresiva por ciertos sectores de la población, especialmente los más desfavorecidos, y que constantemente tiene que hacer esfuerzos por cuidar su imagen, incluso a costa de sacrificar su eficacia.
Sin embargo, el estado, democrático o no, necesita apoyarse en sus instituciones y se colapsa cuando fallan estas. La estabilidad de los estados democráticos se encuentra amenazada en la actualidad y existe un riesgo real de que fracasen dando lugar a un caos que sirva como preludio a la aparición de regímenes autoritarios. Esta situación ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia. Si no tenemos cuidado, va a volver a ocurrir.
0