#EmergenciaVivienda

Es importante saber de lo que hablamos. Podemos, por ejemplo, hacernos una idea compartida de qué hay detrás de la expresión “exclusión residencial” o intuir qué significa que el 11,5% de la población de la Región de Murcia se encuentre en una situación de “vivienda inadecuada”. Pero, llegado el momento de plantear con rigor los problemas y las posibles soluciones, se hace imperativo precisar los conceptos.

Vivienda inadecuada, según la tipología europea adoptada para recoger datos e investigar la realidad social, se refiere a tres situaciones concretas: vivir en una estructura temporal o chabola, vivir en una vivienda no apropiada según la legislación estatal o vivir en una vivienda masificada. 

Pues bien, un total de 168.000 murcianas y murcianos están viviendo la pandemia en esa situación de vivienda inadecuada. No es de extrañar que la pandemia haya tenido un importante componente social afectando con mayor gravedad a barrios y territorios empobrecidos. Y esta categoría, la de vivienda inadecuada, es la menos grave. Por encima hay otras tres: vivienda insegura, sin hogar y sin techo. Hay que tener en cuenta que no contamos con datos fiables sobre la cantidad de personas sin hogar que hay en la región. La ausencia de datos sobre una realidad no deja de ser un dato que nos habla de esa realidad, al menos de la falta de compromiso hacia la misma. 

Sabemos muchas más cosas. Sabemos que el 26,8% de las familias murcianas en situación de pobreza y exclusión social considera que las condiciones de su vivienda durante el confinamiento fueron malas o muy malas. Que las personas jóvenes destinan el 91,2% de su sueldo neto al alquiler (dato a nivel estatal). Que siguen produciéndose desahucios y que, en términos relativos, es la Región de Murcia la Comunidad Autónoma donde más se producen.

Todos esos datos, y la vulneración de derechos fundamentales que representan, explican por qué desde la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) hemos firmado el manifiesto y nos hemos sumado a la campaña #EmergenciaVivienda organizada por EAPN-ES. 

Dentro de esa campaña, EAPN-Es organizó, con la colaboración de EAPN Región de Murcia, una jornada titulada: “Exclusión residencial y Derecho a la Vivienda de Familias Vulnerables. Claves del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda y aplicación en ámbito autonómico”. Tuvo lugar el pasado 28 de septiembre. Y, si miramos el “ámbito autonómico”, entendido como las medidas en marcha o las decisiones tomadas al respecto, faltan motivos para el optimismo.

#EmergenciaVivienda propone 4 prioridades, a nivel estatal y autonómico, desde las que afrontar los problemas derivados de la exclusión residencial. 

La primera de ellas señala que la vivienda debería considerarse un derecho humano en la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda y debería explicitarse su función social.

Las dos siguientes hacen referencia a mantener de forma permanente la titularidad pública de las viviendas promovidas con fondos públicos y a incrementar el esfuerzo de las administraciones públicas en rehabilitación y mantenimiento del parque de viviendas. Estas dos cuestiones anteriores tocan de lleno las competencias autonómicas y, como decíamos, no hay motivos para el optimismo. 

El pasado mes de abril, se publicó el Decreto-ley 3/2020 que modificaba algunos aspectos de la Ley de Vivienda de la Región de Murcia. Desde EAPN Región de Murcia enviamos un informe sobre esto a la Asamblea Regional en el que nos mostrábamos en contra de la supresión del art 10.1 (de la Ley de Vivienda) referente a las actuaciones necesarias en materia de conservación y rehabilitación de viviendas sociales y de que se acelerara el proceso de cambio de titularidad de las viviendas sociales, favoreciendo la venta de las mismas.

Al menos en estas dos cuestiones, las políticas autonómicas difieren por completo de lo que plantemos en la campaña #EmergenciaVivienda. En el documento al que nos hemos referido, ya proponíamos que se mantuvieran las actuaciones para conocer la calidad y estado del parque edificado y que se fomentara el acceso a la vivienda en régimen de alquiler protegido (y para esto es necesario aumentar el parque público). 

La cuarta prioridad de la campaña es “implementar desde las Comunidades Autónomas los programas de lucha contra la exclusión residencial severa (sinhogarismo de calle, vivienda insegura, infravivienda y chabolismo) incluidos en el futuro Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, que aseguren la incorporación a viviendas normalizadas”.

El II Pacto de Lucha Contra la Pobreza, en el que está comprometido el actual Gobierno Regional y buena parte de la oposición, incluye una serie de medidas en relación con la exclusión residencial que también toman como referencia el Plan Estatal de Acceso de la Vivienda. En el Pacto, además, se contemplan otra serie de medidas contra el sinhogarismo, el aumento del parque público de vivienda o la garantía de acceso a los suministros del hogar (wifi incluido). 

El pasado mes de julio, con el liderazgo de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y de su Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, se puso en marcha la “Comisión rectora de prevención y lucha contra la pobreza y exclusión social”. En la comisión, hay presencia de varias consejerías del Gobierno Regional por lo que es un espacio más que adecuado en el que seguir abordando las cuestiones relacionadas con la exclusión residencial.

En la jornada que tuvo lugar el pasado 28 de septiembre, Carlos Susías, presidente de EAPN-ES, se refirió a la vivienda como la piedra angular de la inclusión social. Por su parte, Gema Gallardo, directora general de Provivienda, señaló que “la vivienda es imprescindible para la inclusión social pero por sí sola no la garantiza”.

Hay una piedra en Cuzco (Perú) que explica bastante bien el párrafo anterior. Nos referimos a la “piedra de los doce ángulos”, que es pieza clave de uno de los muros del palacio inca ubicado en la calle Hatun Rumiyoq. La piedra en sí misma es fundamental para que se mantenga en pie el muro pero en sus doce ángulos se encajan otras muchas piedras igualmente imprescindibles, de la misma forma que alrededor de la vivienda se encajan el resto de derechos: una casa en la que tener un espacio propio para estudiar, una casa en la que descansar después del trabajo, una casa en la que protegerte de las inclemencias del tiempo o las enfermedades, una casa desde la que ejercer todos los derechos que como ciudadanas y ciudadanos tenemos.