Inocencia tras un muro de silencio
Entre tanto contagio y tan pocas dimisiones por saltarse la cola de la vacuna, ha quedado casi a beneficio de inventario el auto exculpatorio del ex presidente Valcárcel en el caso de la desaladora de Escombreras. Él mismo presumió, a las pocas horas de conocerse, de que había recibido más de 1.700 congratulaciones personales por la buena nueva. Cosa nada extraña habida cuenta de lo que reitera el sondeo del CEMOP: PP y Vox sumarían una holgada mayoría absoluta si se votara ahora. Cosa que, no hay que engañarse, se corresponde fielmente con el panorama sociopolítico murciano.
Quizá por eso el escándalo de las vacunaciones ha propiciado el rápido olvido del sobreseimiento otorgado al alma mater del sistema que gozamos. Pero el auto de 41 páginas de la magistrada Ana Isabel Navarro da para mucho. Para empezar, da cuenta del “tuya-mía” inicial sobre el caso, que rebotó del juzgado de Instrucción 7 al 5 para acabar en el 1, pasando por la Audiencia Provincial, como una pelota de ping pong que nadie quería.
También relata detalladamente el complejo entramado societario por el que la Comunidad Autónoma, que lo auspició desde 2003, seguirá durante unos cuantos años pagando 22 millones de euros a empresas del grupo ACS. Se guía para ello con pelos, señales y comillas del informe que en enero de 2018 presentó la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y que dio pie a la Fiscalía a denunciar los hechos.
Esa acción condujo a una querella contra cargos políticos y funcionarios –encabezados por el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá–, y a una pieza separada, que es de la que hablamos, en la que se imputaba al expresidente Valcárcel “por su presunta intervención, por acción y por omisión, en el sostenido concierto fraudulento entre la CARM por medio de la Consejería de Agricultura y Agua y de las empresas privadas Hydromanagement S.L. y grupo empresarial ACS, en torno al proyecto de construcción, financiación y explotación de la desaladora de Escombreras; por el deliberado apartamiento de la legalidad y la ausencia del adecuado control jurídico, económico y financiero del proyecto globalmente considerado; etc., etc., etc.,”.
A pesar del extenso informe de la UDEF, con pelos y señales sobre el entramado financiero-empresarial, reuniones, gestiones administrativas ad hoc y correos con fecha y referencias al 'Presidente', nadie recuerda nada. Diríase que tanto Valcárcel como sus amigos declarantes –Fernando de la Cierva, Inmaculada García García, Juan Carlos Ruiz López, Isabel Martínez Conesa, Cirilo García Arancón, Manuel Rodríguez Horcajo y Pablo Fernández Abellán– tuvieron un ataque de amnesia grave: nunca jamás se reunieron con él para nada relacionado con la desaladora de Escombreras.
Recuerda esta estrategia de defensa a la seguida por Cristina Borbón cuando declaró en el caso Noós: unas 400 veces dijo “no lo sé”; otras 50, “no lo recuerdo”; y unas cuantas “no, señoría”, “no me consta” o “lo desconozco”. Una especie de muro de silencio y desconocimiento, que en otros sitios llaman omertà, para desvirtuar las investigaciones y las acusaciones.
Cosa que, por muy cierta que fuera, llama la atención: el presidente de la CARM no tenía ni idea de lo que se cocía sobre un asunto que pretendía ser una viga maestra de su edificio de 'Agua para Todos' y que a la postre supuso un agujero de 600 millones en las arcas regionales o un regalo a la ACS de Florentino Pérez, según quedó meridianamente claro en el informe de la UDEF y en la comisión de investigación de la Asamblea Regional.
Bueno, pues de todo eso, el presidente de 1995 a 2014 no se enteró de nada y la magistrada le creyó a pies juntillas cuando prestó declaración, puesto que su negacionismo fue considerado razón suficiente para desestimar que Valcárcel fuera coautor o partícipe en lo investigado, que tuviera conocimiento ni que fuera cooperador necesario o cómplice en nada relacionado con la desaladora de Escombreras. Como también creyó a los ex consejeros y ex altos funcionarios y ejecutivos citados más arriba, quienes, a pesar de la relevancia y peso del asunto, ni veían al presidente ni hablaron con él sobre el tema en todos los años de gestación del gran fiasco, de 2003 a 2017.
Se entiende, entonces, que a lo sumo el máximo responsable de la Comunidad debía preguntar de vez en cuando a su fiel consejero (1995-2015) Cerdá: “Qué!, Antonio, ¿Cómo va lo de la desaladora?”. “Bien, presidente, bien”, debía contestar quien ahora se comerá el marrón en solitario en otro juzgado. Valcárcel conserva íntegra, sana y salva su presunción de inocencia constitucional. Aunque el abogado y escritor británico Philippe Sands dijera: “Solo porque escape de la justicia no significa que el individuo sea inocente”. Vale.
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