En esta ocasión, y por cuestiones de espacio, vamos a comenzar por citar lo más relevante sobre el vertedero de Abanilla, dejando para más adelante continuar con los dos siguientes.
Iniciaremos la columna respecto a las manifestaciones recogidas en el diario de sesiones del 12.5.2016.
Parece ser que las incidencias comienzan a notarse por supuestas negligencias de ‘Proambiente’, las cuales suspenden las actividades en 2011, volviendo aparentemente a reanudarlas en 2013, para finalmente comprobar a mediados de 2015 que la mercantil incumple sistemáticamente con el cronograma de ejecución previsto, procediéndose en octubre de dicho año a la ejecución subsidiaria forzosa a través de la Consejería de Agricultura.
Como consecuencia de lo anterior, se declaran de emergencia las obras pertinentes en dos fases con un coste de 2 y 5 millones de euros.
Por otro lado, significativos protagonistas, resultan los incendios en las instalaciones de la Planta.
La incautación de las fianzas a la mercantil, por un valor de 410.000 euros, poco contribuirá a reparar la sucesión de daños ocurridos a la Planta, así como el tiempo que transcurrirá en los Juzgados de Cieza a través de un proceso penal, lo cual supondrá un sumatorio de tiempos, con un retraso amplio, con el agravante de los cambios de los responsables en todo este el tiempo transcurrido. Tortuosos son los caminos por recorrer…
Es decir, y volviendo al tema de la sanción, han transcurrido 18 meses desde la fecha de dicha sentencia, y parece que en breve España estaría en condiciones de comunicar a la Comisión Europea la finalización de los trabajos, debiendo atenerse en su momento a la resolución final de carácter económico que adopte el T.J.U.E.
En cuanto a estas optimistas noticias que se hacían públicas en marzo de 2016, respecto a su inminente sellado, chocan abruptamente con la situación real las mencionada anteriormente. Además, se encuentra la fecha de la sentencia (2017), y las cuentas no van a empezar a cuadrar y surgirán lógicamente problemas de liquidez.
Contaba con un presupuesto inicial de 1.846.837 euros y es más que probable que la refinanciación de la Planta de Abanilla suponga llegar a los 5 o 6 millones de euros.
Periódicamente, la Comisión Europea suele amonestarnos y sancionarnos como si se tratara de un reloj suizo en lugar de belga. Y es que, observándolo fríamente, tiene razón en ruborizarnos y exprimirnos la cartera, ya que son muchas veces los incumplimientos cometidos y los plazos de gracia concedidos.
Si mi maltrecha memoria no vuelve a fallarme, creo que fue en diciembre de 2017, mediante comunicado de prensa, cuando se anunció la sanción de unos 200.000 euros por no haber introducido España en plazo la normativa sobre contratos y concesiones públicas, que no tiene nada que ver con lo que nos ocupa, pero ha sido la última.
El tema medio ambiental suele ser de carácter riguroso en la Comisión y a nuestro país parece que le gusta practicar “el triple salto mortal sin red”.
Igualmente difícil parece que lo tienen las cuatro CC. AA que nos preceden en estrados: Aragón, Canarias, Ceuta y Madrid, que podrían encontrarse en mora en esta obligación.
Pero que no cunda el pánico, pues es sabido que no siempre los Estados miembros cumplen con lo establecido en las directivas, al imperar otro principio comunitario: se ha dejado libertad a éstos para la regulación de efectos, cumplimiento y extinción.
Es decir, una especie de “buffet frío” al gusto, donde hay que esperar a que aparezca el plato denominado ‘Abanilla’.
Caso contrario, abonaremos las sanciones. ¿Será por dinero en este país?
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