Anticorrupción pide cuatro años y medio de prisión para el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez
El Ministerio Fiscal ha pedido cuatro años y medio de prisión para Pedro Antonio Sánchez, expresidente del Gobierno de la Región de Murcia, por el 'caso Auditorio', según ha adelantado La Verdad.
En este sentido, el fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, ha reclamado también una inhabilitacion especial para empleo y cargo público por un período de diecinueve años y una multa que asciende a seis millones de euros.
Además del expresidente del ejecutivo regional, serán juzgados el arquitecto de la construcción, Martín Lejarraga, la secretaria del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García Vidal, y el representante legal de la empresa de construcción adjudicataria Ecisa, Vicente Gimeno Merino.
El fiscal ha considerado al exalcade de Puerto Lumbreras autor de los delitos de fraude, prevaricación continuada y fraude de subvenciones por el proceso de adjudicación y construcción del teatro-auditorio de Puerto Lumbreras, donde se invirtieron seis millones de euros y solo se llegó a ejecutar en un 61% del proyecto. Según habían apuntado informes periciales, la obra habría necesitado de otros 2,3 millones de euros para llevarse a cabo.
Anticorrupción ha acusado al arquitecto del proyecto de los tres mismos delitos que a Pedro Antonio Sánchez, y ha pedido dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación por espacio de 17 años y medio. Por otro lado, para Caridad García se han reclamado dos años y tres meses de prisión y 16 años y medio de inhabilitación por fraude y prevaricación continuada y para el constructor Gimeno se han solicitado dos años y tres meses de prisión y ocho años de inhabilitación por fraude.
El caso 'Auditorio'
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, un pueblo de Murcia lindante con Almería, decidió en 2006 que quería su propio complejo cultural con un teatro auditorio, un palacio de congresos y unas escuelas de música y danza. En plena burbuja inmobiliaria, impulsó un proyecto de 100.000 metros cuadrados para el disfrute de los 13.000 habitantes que tenía en el año 2005
“Con la construcción de este Teatro Auditorio, Puerto Lumbreras da respuesta a la carencia de un gran foro de encuentro ciudadano”, decía Pedro Antonio Sánchez en agosto de 2009. El proyecto había comenzado tres años antes con un encargo al estudio de arquitectura de Martín Lejárraga, que lo definió como una infraestructura necesaria para la localidad. “Un enclave dotacional en un amplio territorio interprovincial”, citaba la memoria del proyecto.
“Los fondos provenientes de la subvención de las obras del Auditorio, cambiaron de destino o aplicación, sin que conste en este sentido una resolución por la autoridad competente, desconociéndose cuales fueron esos usos”, escribió la jueza en el auto para separar las actuaciones.
El PSOE de Puerto Lumbreras advirtió entonces de las irregularidades, las reunió en una denuncia y las llevó a la Fiscalía. De la misma manera, el Juzgado de Lorca continuó investigando hasta que a finales de 2016 la jueza pidió al TSJMU que imputase a Sánchez y al resto de acusados. Su investigación le había llevado a concluir que existen “indicios de responsabilidad penal en los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público u oficia”.
