El Gobierno regional permite aceptar regalos de hasta 90 euros
El Consejo de Gobierno celebrado este viernes en Murcia ha analizado y aprobado de manera inicial el Anteproyecto de Ley de Buen Gobierno y del Estatuto del Cargo Público de la Comunidad, como parte de la llamada Iniciativa Integral de la Transparencia. Según el Ejecutivo regional, se trata del primer código ético al que se le otorga rango de ley en toda España, para que “su cumplimiento no sea de carácter voluntario, sino de obligado cumplimiento para los políticos”.
El código ético deberá ser conocido y leído por todos los cargos públicos y será firmado en el mismo momento de la toma de posesión. El Gobierno regional ha añadido que la ley contiene “sanciones contundentes en caso de incumplimiento”, aunque en opinión de Francisco Oñate, del PSRM-PSOE, con esta norma el PP ha llevado a cabo una labor de “maquillaje y el fariseísmo”, al “castigar a los cargos públicos que mastiquen chicle en las reuniones” mientras se sigue “premiando a aquellos otros que están acusados de graves delitos de corrupción”.
Según el Ejecutivo murciano, la Ley no se limitará a los altos cargos de la Administración regional, sino que “se aplicará a un concepto más amplio de cargo público en el que, además de a los miembros del Gobierno, se extenderá a todo el personal directivo del sector público autonómico, los gerentes de las entidades públicas, organismos autónomos y fundaciones”, así como “a los funcionarios de mayor rango, vicesecretarios y subdirectores generales”.
El Anteproyecto prevé que los cargos públicos se comprometan en el cumplimiento de 20 principios éticos y de buen gobierno, como el “respeto a los valores y principios democráticos, la dedicación plena y la profesionalidad, la responsabilidad y eficacia en el cumplimiento de objetivos, la lealtad institucional y la colaboración, la neutralidad y objetividad, la eficiencia y austeridad en la administración de recursos públicos, la honorabilidad, ejemplaridad y honradez, la transparencia y la participación, la confidencialidad y la prudencia, así como la formación permanente para la mejora en la gestión”.
El Gobierno regional ha explicado que “dentro de las medidas concretas se incluye la prohibición del trato preferente o privilegiado a personas o entidades dedicadas a actividades de lobby”, aunque dicha disposición puede resultar algo vaga. También se establece que “los cargos públicos no pueden influir en los empleados públicos para agilizar trámites administrativos en beneficio propio”, y que adquirirán “un compromiso por escrito de velar por el patrimonio cultural y por el medio ambiente en todas sus actuaciones”.
En el texto del Anteproyecto de Ley se establece que “los cargos públicos deben ser ejemplares en su actuación y que no podrán invocar su condición para obtener en cualquier ámbito un trato más favorable que el resto de la ciudadanía, y que deben asumir un compromiso de mejora continua en el ámbito de la transparencia”.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la nueva norma es el “régimen de regalos, viajes y gastos de representación de los cargos públicos”. Así, se prevé que “ningún cargo público podrá aceptar regalos y, en caso de recibirlos, tendrá la obligación de devolverlos”. “Si esta devolución no fuese posible, deberá comunicarlo a la Oficina de Transparencia, que se hará cargo del mismo”, explica el Gobierno, aunque se incluyen “como excepción” las “muestras habituales de cortesía social, siempre que tengan un valor inferior a 90 euros”. En la ley se considera también un elemento sensible del debate político en los últimos meses: el de las tarjetas de crédito, y así se establece que “ningún cargo público podrá tener tarjetas de crédito como medio de pago de los gastos que origine el ejercicio de sus funciones”.
Otro de los aspectos que pretende regular la Ley es el “régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades de los cargos públicos”, en el que se establece que “los cargos públicos deberán dedicarse de forma exclusiva a su desempeño y podrán percibir solamente una retribución”.
En cuanto a las también famosas “puertas giratorias” de los cargos públicos después de abandonar sus puestos, se prevé que “en los dos años posteriores a la finalización de su responsabilidad pública, el cargo público no podrá integrarse en empresas, fundaciones, asociaciones u otras instituciones relacionadas con dicho cargo”.
Dentro de los órganos de control, la Ley establece una “Oficina de la Transparencia” que será la encargada de velar por su cumplimiento. Entre otras labores, la Oficina “elaborará un informe sobre la evolución patrimonial” de los cargos públicos y tendrá que denunciar de oficio “cualquier situación de la que consideren que se pueden derivar responsabilidades administrativas o penales”. La Oficina de la Transparencia “estará abierta a que los ciudadanos formulen denuncias cuando consideren que un cargo público ha infringido esta Ley”. Asímismo, el Consejo de Gobierno deberá elaborar un informe anual para su presentación en la Asamblea Regional en el que se consigne “el cumplimiento de todas las medidas previstas en la Ley por parte de los Cargos Públicos de la Comunidad Autónoma”.
Respecto al régimen sancionador, el Gobierno regional afirma que la mayor parte de las infracciones de la Ley tienen la consideración de “graves”, y con ese grado, “conllevarán la publicación de la sanción en el Boletín Oficial, la destitución inmediata en el cargo, la obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente, y la prohibición de ocupar un cargo público durante un período de entre dos y cinco años”. Las sanciones muy graves supondrán además la prohibición de ocupar un cargo público durante un periodo de entre cinco y diez años.
El viceportavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Regional, Francisco Oñate ha reprochado al PP que la normativa “no contempla la inclusión de principios éticos, de buen gobierno, ni la exigencia planteada desde el PSOE de dimisión de los imputados”.
Según Oñate, el PP ha rechazado que la Administración local esté incluida en la Ley de Transparencia, además de que “se resiste” a que sean “conocidos en tiempo y forma el conjunto de acuerdos que se desarrollan en los Consejos de Gobierno”. Francisco Oñate ha explicado que los populares también han votado en contra “de las enmiendas sobre la Ley de Contratos que venían a dar cuenta precisa de todo el proceso”: “El PP pretende ofrecer una foto fija sin que se perciban los manejos indebidos y contra la Ley, que se puedan producir antes de la adjudicación de un contrato”, ha afirmado.
Otra de sus críticas a la Ley ha sido que “el Partido Popular plantea una interpretación laxa del deber de información en materia de Ordenación del Territorio, precisamente en una materia que ha sido un gran foco de corrupción en nuestra Comunidad”; y que se sigue manteniendo “bajo la opacidad más absoluta la información sobre publicidad institucional, probablemente por mala conciencia sobre el uso que pueden hacer de ella”.
El viceportavoz socialista añadió que el Consejo de Transparencia en realidad está controlado por el Gobierno regional y su partido: “Han rechazado todas las propuestas que venían a oxigenar ese Consejo, lo que deja claro que no van en serio en materia de transparencia”.
Por último, según el PSOE, el Partido Popular también ha rechazado la modificación para adecuar a unos estándares democráticos mínimos la Ley de Radio Televisión de la Región de Murcia, así como el Reglamento de la Asamblea Regional. Francisco Oñate concluyó que “si el Gobierno quiere abordar de verdad la regeneración democrática, tiene que hacerlo en serio, contra los imputados, contra la corrupción en mayúsculas, a favor de las medidas de control y huyendo de subterfugios y maquillajes para engañar a los ciudadanos sobre la realidad de las intenciones que tienen”.
